Por : Gilberto LAVENANT
De todos es sabido, que en la
administración pública, cualesquiera que sea su nivel o función, cuando se
constituye alguna comisión especial, dizque para investigar y aclarar algún
escándalo o asunto bochornoso, en realidad es para desvanecer la tensión, y la
comunidad se olvide del asunto.
En el caso de la comisión
especial de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, integrada el pasado lunes
3 de marzo, para dizque investigar los hechos en torno al escándalo político,
suscitado al interior del Palacio Municipal, entre el Alcalde Jorge Astiazarán
Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, respecto a una supuesta
extorsión o chantaje, no ha sido la excepción, en cuanto a ser una “comisión
del olvido”.
Se recuerda, que el escándalo
estalló, cuando elementos de sindicatura ordenaron suspender los trabajos de
pavimentación de la Calle Segunda, de la zona centro de Tijuana, por supuestas
irregularidades en la licitación de las mismas y la suspensión provisional de
funcionarios municipales de la misma área.
Así mismo, la suspensión provisional
del Secretario General del Ayuntamiento, Lic. Bernardo Padilla, al considerar
que realizó actos indebidos, cuando siendo Director de Desarrollo Social, en la
administración encabezada por Carlos Bustamante, indemnizó a empleados de la
dependencia, supuestamente sin estar facultado para ello.
Al enterarse de tales hechos, el
Alcalde Astiazarán, al no poder contener la ira y desesperación, reveló que el
Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, y su hermano Miguel, empresario de
carteleras publicitarias, desde el inicio de su gestión administrativa lo extorsionaban
y le exigían el 50% de los presuntos ingresos indebidos del gobierno.
Esto, amenazó con afectar
seriamente las funciones del Ayuntamiento, pues se anticipaba una confrontación,
de pronóstico reservado, por el evidente
pleito entre las dos autoridades más importantes del gobierno municipal, el
Alcalde y el Sindico.
Sin embargo, el fin de semana
sirvió a los protagonistas para que reflexionaran un poco sobre el tema y sus
posibles consecuencias. Al lunes siguiente, se reunió el Cabildo en pleno,
decidiendo integrar una comisión especial, con la aparente intención de investigar
los hechos. Para que encabezara la misma, se designó al regidor del Partido
Estatal de Baja California, Héctor Riveros, como secretario técnico.
Como si el asunto del escándalo
político, fuese poco, le encargaron a dicha comisión, otros temas de interés,
como el asunto de la licitación de las obras de la Calle Segunda, el
controvertido tema de las luminarias, las basificaciones irregulares de
jovencitas, por parte del exalcalde Bustamante y la suspensión del Secretario
General de Gobierno.
Los periodistas supusieron, que
en esta ocasión, en realidad sí había la intención de investigar, y que una vez
concluída la indagatoria, sacarían a la luz pública, detalles interesantes
sobre la corrupción en el ámbito del gobierno municipal de Tijuana, que según
exigencias de los Ledezma Romo al Alcalde, por el dicho de este mismo, generan ingresos
indebidos por unos 80 millones de dólares.
A partir de ese día, los
reporteros andan a la caza del regidor Riveros, y lo acribillan a preguntas,
tratando de encontrar respuestas a sus dudas o inquietudes. En cada ocasión, en
que el regidor se ha visto rodeado de periodistas, trata de hacer uso de
tecnicismos y procedimientos protocolarios, para destantearlos o confundirlos.
Expresiones tales como “estamos
integrando el expediente”, “ya solicitamos información a la sindicatura”, “ya
estamos avanzando, pero aún no es momento de revelar lo que hemos encontrado”, “son
demasiados documentos lo que hemos tenido que revisar” y, la última, “Sindicatura
ya hizo las observaciones correspondientes y las envió a obras públicas para
las aclaraciones correspondientes”.
Dicho con todo respeto, Riveros
parece merolico, en plena banqueta, diciendo una bola de disparates, a base de
meras generalidades y simples verdades a medias. Dado el acoso constante, ni al
baño lo dejan ir con libertad.
Hubiese sido más fácil, que se
hablara con la verdad. Que se dijera que los protagonistas hicieron las paces en lo oscurito, y que
decidieron ya no “echarle más leña a la hoguera”. Con todo y que quedan en el
aire, muchos dudas o preguntas sin contestar. En especial, ¿ por qué, aunque el
Alcalde parecía muy dispuesto a decir la verdad sobre este asunto, después
reculó y optó por dejar su denuncia verbal, en un mero desahogo personal ?
Lo que no entienden, los
protagonistas de este vodevil, es que la ciudadanía guarda la sospecha de que
el gobierno municipal efectivamente obtiene ingresos indebidos, especialmente
aquellos provenientes de los giros negros, como tradicionalmente ha ocurrido.
Y, se preguntan : si en el XXI
Ayuntamiento, encabezado por Astiazarán, no se ha incurrido en tales prácticas, ¿por qué la molestia del alcalde,
en tanto que el 50% que le exigían, según dijo, de nada, es nada?
Así mismo, genera hartas
sospechas, que una dependencia, como la Sindicatura, cuya función es velar por el
buen uso y destino de los recursos públicos del gobierno municipal, sea
utilizada para extorsionar y obligar a la propia autoridad a efectuar cobros
indebidos, productos de la corrupción.
Se sabe que el Regidor Riveros,
está suplicando a gritos que lo retiren de la famosa comisión especial de “investigación”,
porque al cabo ni está haciendo nada y ya no encuentra qué decir a los
periodistas que lo cuestionan, sobre su “misión especial”. Aunque las dudas y
las sospechas, casi certidumbres, habrán de persistir.
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