Por : Gilberto LAVENANT
Durante años vivieron en los canales de desagüe, que desembocan al canal del Río Tijuana. Ahí, en condiciones insalubres, cubriéndose con materiales de desecho, vivían en un inframundo. Como muertos en vida. Vistiendo harapos y comiendo desperdicios. Todo mundo sabía que existían, pero nadie, ni autoridades, ni particulares, se preocuparon por acudir en su auxilio.
De vez en cuando, elementos de la policía municipal, auxiliados por los de obras públicas, penetraban y les destruían sus improvisadas viviendas, tratando de obligarlos a desalojar la zona y además, presumiendo que entre ellos había delincuentes que se confundían entre migrantes e indigentes.
El lunes 5 de agosto, del año en curso, bajo supuestas pretensiones de protegerlos, ante inminentes labores de limpieza del canal, con maquinaria pesada, una brigada, integrada por elementos del ejército, Policía Federal, Bomberos y personal de Obras Públicas Municipales, los desalojaron a la fuerza y les destruyeron sus improvisadas viviendas.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a cargo de Alberto Capella, habría de decir que la facultad para desalojar a migrantes e indigentes, estaba contemplada dentro del Programa Nacional de Prevención a la Violencia y a la Delincuencia, de la Secretaría de Gobernación.
“El contingente inició sus labores alrededor de las 8:15 horas y durante cerca de cuatro horas realizó la operación para desalojar a las personas que vivían dentro del canal, entre el Hospital General y la desembocadura del río, con el fin de evitar que sufrieran daños físicos o lesiones por la maquinaria pesada que se emplearía para el aseo”, indico la SSPM en un boletín.
Incluso se dijo que durante el operativo se les ofreció la posibilidad de ser llevadas a un albergue, de las organizaciones civiles involucradas en el tema de migrantes, pero que todos lo rechazaron, dizque porque ya tenían a donde ir.
La realidad, fue totalmente distinta. Después del arbitrario desalojo del canal, salvo unos 90 que fueron detenidos y enviados a la cárcel preventiva, por supuestas faltas menores, a los demás los dejaron abandonados a su suerte. Al no tener donde refugiarse, se dedicaron a deambular por las calles. En grupos pequeños, se concentraron en predios baldíos. Algunos incluso se desplazaron hasta Playas de Tijuana, donde los vecinos empezaron a protestar por supuestos latrocinios.
Finalmente, Sergio Tamai, activista social de Mexicali, director de la organización pro defensa del migrante, denominada “Angeles sin Frontera”, vino a Tijuana y les improvisó un campamento en la Plaza Constitución, que forma parte de las instalaciones del Comité Municipal del PRI. Ahí permanecen, más de 500 personas. Prácticamente viven de la caridad. Las autoridades, de los tres niveles, ni siquiera voltean a verlos. Todas se avientan “la bolita”.
Muy pronto se puso de manifiesto, que las supuestas intenciones de protegerlos, en base a las cuales se les desalojó del Canal del Río Tijuana, fue simplemente pretexto para lanzarlos. A partir de entonces, los políticos en general, hacen como que no los ven. Como si no existieran.
Aunque resulte absurdo, son mexicanos invisibles. Nadie se preocupa por ellos. No son destinatarios, ni objeto, de programa oficial alguno. Ni panistas, ni perredistas, verde ecologistas e incluso priístas acuden en su auxilio. Quizás porque han de estar seguros de que carecen de credencial electoral. No representan votos para nadie y además no son tiempos de campaña electoral.
Lo irónico y absurdo, es que los dirigentes priístas, en lugar de buscar solución a la problemática de los migrantes e indigentes, están presionando para que desocupen la llamada Plaza Constitución, argumentando la requieren para eventos cívicos o sociales.
Como si tuviesen temor fundado de que quienes viven en dicho campamento, algún día se lleguen a adjudicar el predio. Que se sepa, no han realizado gestión alguna, directamente o por conducto de sus legisladores locales e incluso ante el Alcalde priísta Carlos Bustamante Anchondo, para encontrar soluciones a este asunto.
Tal parece que este grupo de individuos o familias en desgracia, representa una molestia para la clase política de la entidad. Si no los iban a auxiliar, para qué los desalojaron del canal del Río Tijuana, ¿para qué los sacaron? Parecen refugiados de guerra o apestados sociales.
Nadie ha hablado de presentar un proyecto para crear un centro oficial de atención a los migrantes e indigentes. Nadie se ha acercado a ellos a ofrecerles su traslado a sus respectivos lugares de origen. Las instituciones defensoras de derechos humanos, no han intervenido para recomendar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que los atiendan de inmediato.
El campamento de migrantes e indigentes, se ha convertido en un punto de referencia de muchas personas. Principalmente aquellas que recorren la Avenida Internacional, paralela a la línea fronteriza, cuando se trasladan a Playas de Tijuana. Nada más.
Por cierto, el desalojo de quienes vivían al interior del canal del Río de Tijuana, puso de manifiesto las serias diferencias entre el Alcalde Bustamante y los hermanos Ledezma, Eduardo, Delegado de Conagua, Arturo, Síndico del XXI Ayuntamiento y Miguel, propietario de carteleras que recientemente fueron clausuradas por el gobierno local. El representante de Conagua se deslindó de la acción arbitraria y hasta un mes después inició los trabajos de limpieza del canal. En fin, este asunto, evidencia la insensibilidad y negligencia de los políticos. Puro perico.
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