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jueves, 7 de agosto de 2014

SOLICITA DIPUTADA MIRIAM AYÓN QUE COMPAREZCAN OFICIAL MAYOR Y SECRETARIO DE FINANZAS DE B.C. ANTE COMISIÓN LEGISLATIVA

Indispensable que aclaren Loreto Quintero y Antonio Valladolid proceso de licitación para el suministro de licencias de conducir
El proceso de licitación concluyó con el otorgamiento de un contrato de más 123 millones de pesos a favor de la empresa “Funciones Ocupacionales Insha S.A. de C.V.



Mexicali, B.C., jueves 7 de agosto de 2014.- Es indispensable conocer de primera mano del Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Baja California los detalles del proceso de licitación para el suministro de licencias de conducir para el Estado, indicó la Diputada Miriam Josefina Ayón Castro.

Dicho proceso concluyó con el otorgamiento de un contrato de al menos 123 millones 150 mil pesos a favor de la empresa Funciones Ocupacionales Insha S.A. de C.V.”, la cual subcontrató a una empresa norteamericana para la realización del servicio.

Así lo señaló Legisladora Miriam Josefina Ayón Castro al utilizar la tribuna del Congreso para presentar un punto de acuerdo con dispensa de trámite, inicialmente con el fin de que el funcionario estatal Antonio Valladolid Rodríguez, explique y aclare sobre esta licitación ante la Junta de Coordinación Política por considerar el daño mayúsculo que el contrato respectivo generaría al erario público.

Sin embargo este punto fue modificado en la sesión de Pleno a petición de legisladores, por lo que no sólo se citará a comparecer a dicho funcionario, sino también a la Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal, Loreto Quintero, sólo que ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La Legisladora resaltó al darle lectura al documento a nombre de las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PT y PES que los diputados que lo signan están convencidos de que la transparencia y rendición de cuentas son principios básicos del Estado de Derecho y el régimen democrático, por lo que el gobierno tiene el deber de socializar la información pública, mejorar su calidad y propiciar las bases de veracidad para la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de los asuntos públicos.

Consideró también en su Exposición de Motivos que el 22 de mayo del año en curso, la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal mediante convocatoria número 029, convocó a participar en la licitación de carácter nacional para la contratación del “Suministro de licencias de conducir para el Estado, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”.

De acuerdo a una investigación periodística dada a conocer recientemente, este proceso de licitación fue atendido por cuatro empresas particulares, a saber: Litho Formas, Cosmocolor, Grupo Pedralbes y Funciones Ocupacionales Insha, cumpliendo aparentemente con los requisitos enmarcados en la convocatoria referida, únicamente las últimas dos empresas mencionadas.

Durante el proceso de licitación la empresa Funciones Ocupacionales Insha S.A. de C.V. cotizó el precio unitario por licencia de conducir en 123 pesos con 15 centavos, obteniendo de esta forma el contrato para la implementación del “nuevo sistema biométrico multimodal para la expedición de licencias” en nuestro Estado.

Las Bases de la convocatoria establecen que el contrato deberá extenderse hasta el año 2017, para completar la expedición de 1 millón de licencias o más, lo cual arroja que el contrato entre el Gobierno de Baja California y la empresa Funciones Ocupacionales Insha S.A. de C.V. es de al menos 123 millones 150 mil pesos.

Lo anterior cobra relevancia toda vez que el pasado 27 de junio la empresa ImageWare Systems, Inc. publicó en su portal de internet un comunicado de prensa en el que anuncia que fue seleccionada para implementar el sistema multimodal en las licencias de conducir en la entidad, mediante contrato adjudicado por Funciones Ocupacionales Insha S.A. de C.V., quien es el principal contratista del proyecto.

El contrato entre ImageWare Systems, Inc. y Funciones Ocupacionales Isha, S. A. de C. V. fue valorado en 1 millón de dólares, lo cual representa únicamente el 10 del valor que pagará el Gobierno del Estado por la elaboración de las licencias con la tecnología ya referida, concluyó.

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