Por : Gilberto LAVENANT
Algo absurdo y aberrante, ocurre
en el municipio de Tecate. Un empresario extranjero, pretende recluir en
prisión a un periodista, que en una nota publicada en marzo del 2011, lo refiere
involucrado en actos y hechos presuntamente irregulares, en los que se
evidencian posibles negociaciones ilícitas y además se queja de que lo llamó “empresario
poderoso” y “judío practicante”. Ufff, qué delicado.
El periodista, Francisco Rábago
Quezada, Director del Periódico Códice, tuvo la “osadía”, de indagar e informar
a los lectores tecatenses, sobre presuntas irregularidades del empresario
Daniel José Chait Aurebach, para desalojar de un predio de su propiedad a
algunos posesionarios, para instalar un enorme depósito de gas.
Lo que motivó la tarea periodística,
no fue el desalojo, sino el desaseado procedimiento para construir dicha
negociación. El periodista publicó, en su Códice, el 3 de noviembre de 2010,
que la empresa Servigas del Norte, S.A., instalaría una planta de
almacenamiento de gas LP, con capacidad de 1 millón de litros, en un predio de
29,776.16 metros, ubicado en una área habitacional, turística y deportiva, en
el poblado denominado Paso del Aguila.
Lo absurdo, es que no fue dicha
nota informativa, lo que molestó al empresario, sino una nota publicada por dicho periodista, un año
después, o sea el 25 de marzo de 2011, en la que se refirió al procedimiento de
desalojo de los posesionarios del predio, que se pretendía fuese el acceso
principal de la planta de almacenamiento de gas.
En dicha nota, entre otras cosas,
el periodista refiere al extranjero como “poderoso empresario” y “judío practicante”.
Esto, supuestamente. Le agravió profundamente, pues asevera que lo “descritó” y
lo expuso al desprecio ciudadano y que por lo tanto, se configuraba en su
perjuicio, el delito de difamación.
Cualquiera puede advertir, que
esto es una exageración. Pero algo más que raro, el agente del ministerio
público, que atendió la denuncia del extranjero, estimó que sí se configuraba
la difamación y ejerció acción penal en contra del periodista tecatense.
El asunto, está en manos del juez
penal de Tecate, el cual le dió curso y abrió el proceso correspondiente. Esto
ha generado indignación y reclamos de muchos periodistas, que han determinado
solidarizarse con el Director de Códice y están al pendiente del procedimiento,
pues resulta evidente que, en una población tan pequeña, los empresarios y
políticos, aún tienen prácticas caciquiles y las autoridades, en especial las
judiciales, ceden a las presiones de los poderosos.
Esta semana, FUNDALEX, o sea la
Fundación para la Libertad de Expresión, capítulo Baja California, se pronunció
a favor del periodista tecatense, al considerar que la acusación en su contra,
representa una violación a uno de los derechos humanos fundamentales,
consagrados en la Constitución General de México, y urgió a los legisladores
locales a destrabar la despenalización de los delitos contra el honor, por ser
utilizados como un instrumento de presión a la labor de informar a la sociedad.
Conforme al artículo 6 de la
Constitución mexicana : “La
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la
información será garantizado por el Estado”. Por lo tanto, los delitos de
difamación y calumnias, en la legislación bajacaliforniana, en el caso concreto
de las labores periodísticas, son anticonstitucionales y por lo tanto deben ser
eliminados.
Esto se fortalece, por lo
dispuesto en el artículo 7 constitucional, que señala : “Es inviolable la
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley
ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores
o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que
el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso
podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”.
Apenas el pasado 30 de abril, del
año en curso, Article 19, organización independiente de Derechos Humanos, que
trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad
de expresión, publicó un interesante trabajo, en el que denuncia, que : “En
Baja California, los delitos contra el honor –difamación y calumnia- son utilizados
por políticos, empresarios y funcionarios públicos, para tratar de inhibir la labor
informativa que realizan medios de comunicación y periodistas locales”.
De manera especial, relata el
caso del Director de Códice de Tecate, pero también hace mención de varios más,
relativos a periodistas bajacalifornianos, que han sido denunciados por
difamación y calumnias.
Recuerda, que en el informe
A/HRC/17/27/Add.3, sobre la Misión de México de 2010, el Relator Especial sobre
la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, de la ONU,
publicado en mayo de 2011, recomendó al Estado Mexicano “derogar los tipos
penales que criminalizan la expresión en los códigos penales estatales, así
como no recurrir a otras figuras penales, para reprimir el ejercicio legítimo
de la libertad de expresión”.
En el artículo 185 del Código
Penal local, se precisa, que : “La difamación consiste en comunicar
dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona
física, o persona moral en los casos previstos por la Ley, de un hecho cierto o
falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle, descrédito, perjuicio o
exponerlo al desprecio de alguien”.
Que quede claro, ni los periodistas
comunican dolosamente, ni los malafama, políticos, funcionarios o empresarios, pueden
ser difamados. Esto es tan aberrante, que habiendo tantos corruptos, ser
periodista, estaría prohibido, legalmente. Vergüenza deberían tener, para dejar
de quejarse por supuesta difamación. Ni la burla perdonan.
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