Por : Gilberto LAVENANT
Apenas a poco más de dos meses de iniciada su gestión, al gobernador panista, Kiko Vega, se les está cayendo a pedazos la careta de bonachón y carismático. Eso de que “la gente manda”, su principal slogan de campaña, resultó una simple farsa, pues las actitudes que asume o adopta, son de mero cacique de rancho. De esos, soberbios, que presumen que “solo sus chicharrones truenan”.
Prácticamente así lo describe el diputado Roberto Dávalos Flores, al señalar que el Congreso del Estado no aprobó que fuera obligatorio el pago de los verificentros para trámites de placas y que el Gobernador no está respetando el cobro del 50% respecto al 2013.
Este tema es sumamente interesante. Desde el inicio de la administración del gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, se empezó a hablar del establecimiento de centros de verificación para determinar el grado de contaminación por parte del parque vehicular de Baja California.
Junto con las primicias respecto a este tema, surgieron los rumores de que era un negocio especial para el boxeador y político, Jorge Kawhagi, quien fuese líder nacional del Panal. De paso se dijo que el equipo que se utilizaría, era de desecho y que operaba en el Distrito Federal. Lo que era un simple “run run”, poco a poco se fue haciendo realidad, en cuanto a la exigencia.
El 28 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Estado de Baja California, que estaría vigente, en principio, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, estableciendo el calendario y demás lineamientos conforme a los cuales todos los vehículos automotores, registrados en la entidad, deberían ser verificados obligatoriamente.
Si bien es cierto que los residentes fronterizos, están acostumbrados a que en la Unión Americana, los vehículos automotor deben ser sometidos a ese tipo de revisión, para poder circular, nada les podía convencer de que dicho modelo, en territorio mexicano, fuese viable, práctico y efectivo.
El problema principal, base de las dudas y desconfianza, es que el programa estaba destinado a los vehículos registrados y el parque vehicular en la entidad, está inundado de autos “chocolates” o chatarras, o incluso de procedencia ilícita, de forma tal que de poco serviría que los registrados o regulares, fuesen revisados, y los no registrados, continuaran contaminando.
Por lo tanto, se empezó a desarrollar una campaña mediática, para alertar a los conductores de la entidad, que los altos niveles de contaminación existente en Baja California –se dice que Mexicali ocupa el segundo lugar, a nivel nacional- era por los altos niveles de emisiones de los vehículos automotores.
En octubre pasado, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, en la glosa del sexto informe de Osuna Millán, Efraín Nieblas Ortiz, entonces Secretario de Protección al Ambiente de Baja California, aseguró que los altos niveles de contaminación en la entidad, son generados por los vehículos automotores, siendo hasta en 55% en Mexicali y el 70% en la zona metropolitana de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
Sin embargo, persistía la idea de que esto no era propiamente para cuidar la salud de los bajacalifornianos, como pregonaban los voceros oficiales y oficiosos, sino que simplemente el pago de una factura política a favor de Kawhagi. Un simple negocio, pues.
Total, de acuerdo al calendario del programa, la obligación de la verificación vehicular, surtió efectos hasta el jueves 1 de agosto del 2013, anunciando que para ello ya estaban establecidos 16 centros de verificación, con capacidad para atender 4,800 autos diarios, o sea más de 115 mensuales. A razón de un costo de 250 pesos por promedio, parecía que por fin Kawhagi se retacaría de dinero los bolsillo. Algo así como 1 millón 200 mil pesos diarios, o sea 36 millones de pesos mensuales. Por una simple revisión, con equipo obsoleto.
La verdad es que esto fue un fracaso anunciado. A fines de septiembre del año pasado, a dos meses de establecerse la obligatoriedad de la verificación, solamente habían acudido el 15% de los conductores, o sea 162 mil, de un padrón de 1 millón de vehículos registrados. Definitivamente se evidenciaba la ineficacia del programa, pues el número de autos “chocolates”, es muy superior a los regulados o registrados.
Convencidos de que esto de la verificación vehicular, es puro cuento y que solamente representa una erogación más para los bajacalifornianos, los legisladores locales, al revisar el proyecto de ley de ingresos de Kiko Vega, determinaron reducir el 50% al costo de cada verificación y además que no fuese obligatoria para la renovación de placas y tarjetas de circulación. Así lo dieron a conocer en boletín oficial.
Pero resulta, que Kiko Vega, por “sus pistolas”, hizo a un lado la determinación de los legisladores sobre el tema de la verificación y decidió, no solamente cobrar el 100% del costo de la misma, sino además hacerla obligatoria. Como mero cacique de rancho, se le olvido el slogan electorero de que “conmigo la gente manda” y lo cambió por el de : “aquí, sólo mis chicharrones truenan”.
Quizás esto hubiese pasado desapercibido. Sin embargo, ayer, el diputado perredista, Roberto Dávalos Flores –le llaman el coco de Kiko- señaló, abierta y contundentemente, que esto es contrario a la determinación de legisladores, en el sentido de que la verificación no fuese obligatoria y sólo al 50% del costo. Esto demuestra, dijo, que : “Ni la gente Manda y tampoco hay Mucho Corazón en el Gobierno del Estado”. Seguramente Kiko realmente piensa que Baja California es un rancho y que él es un cacique.
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