Por :
Gilberto LAVENANT
Muchos decían, que las
campañas políticas, en el presente proceso electoral, estaban frías, frías, frías.
Y de pronto, surge una “conflagración”, por un supuesto “error de logística”,
dirían los panistas, que amenaza convertir en cenizas la candidatura del exalcalde
panista Jorge Ramos Hernández.
Muchos no han entendido,
en especial los políticos, y específicamente el citado candidato panista, que
los adelantos tecnológicos, prácticamente convirtieron en periodistas
honorarios a todos los ciudadanos.
Cualquier persona, que
posea un teléfono móvil, dotado de dispositivo fotográfico y de videograbación,
y, sobre todo, preocupada por la problemática de su comunidad y harta del cinismo
y frivolidad de los políticos, habrá de captar hechos indebidos, ilegales o
censurables, y lo hará públicos.
En tanto que el sistema
político, no cambie, la publicidad, es la única opción de justicia, más valida
y al alcance de cualquier persona. Remitir fotos, videos o grabaciones, a los
medios periodísticos, o simplemente subirlos a las redes sociales, permite el
enjuiciamiento, y en algunos casos incluso hasta el linchamiento social, de
personajes que incurren en actos indebidos, a sabiendas de que el sistema político
y gubernamental, es solapador y encubridor. La impunidad, es la madre de la corrupción.
En este caso, el
personaje central de esta historia, es el panista exalcalde de Tijuana, Jorge
Ramos Hernández. Le acompaña, la Profesora Esperanza Díaz Mendoza, directora de
la Escuela Secundaria Técnica 36, “Arturo Pompa Ibarra”, Clave 02DSTO63TU,
ubicada en Calle Sauce No. 2423 del Fraccionamiento Jardín Dorado, en la ciudad
de Tijuana, Baja California, precisamente la zona este, comprendida dentro del
Distrito 4.
Mediante memorándum de
fecha 11 de mayo del año en curso, la profesora Díaz Mendoza, avisó a los
padres de familia del turno vespertino, que la entrega de boletas, para los
tres grados, sería el jueves 14 de mayo a las 6:00 de la tarde, en el salón de
usos múltiples.
Preocupados por recibir
las constancias de estudios de sus hijos, los padres de familia acudieron al
lugar, en la fecha indicada. Llegado el momento, la directora del plantel hizo
una presentación “magistral” de su invitado especial, haciendo mención de los
supuests apoyos que ha dado a la institución y finalmente revelando la
identidad del político panista.
Entonces, Ramos Hernández
hace su entrada triunfal al salón de eventos especiales, y haciendo gala de “modestia”,
recuerda los apoyos que brindó al plantel, siendo funcionario público. Sin duda alguna, se trataba de un acto de
proselitismo político, de un candidato en campaña, en el interior de un plantel
educativo.
Por cierto, dos datos
relevantes. La institución lleva el nombre del profesor Arturo Pompa Ibarra,
padre del Lic. Raúl Pompa Victoria, delegado de la Secretaría de Educación Pública
federal, en Baja California y forma parte del sistema educativo estatal. Esto último,
sumamente significativo, pues siendo la administración estatal, encabezada por
el gobernador Kiko Vega, de filiación panista, y el candidato invitado,
postulado por el PAN, seguramente la aludida profesora consideró que no
incurriría en problema alguno, sino que por el contrario, la organización
blanquiazul lo tomaría en cuenta para conservar su chamba y posiblemente para
otorgarle una mejor posición.
La promotora del evento,
y en especial el candidato a diputado federal, olvidaron que la legislación
federal, prohíbe el uso de bienes públicos, para realizar proselitismo a favor
de algún candidato. La escuela, es un bien público, propiedad del gobierno
estatal y al utilizarla, para un acto político, se incurrió en el delito de
peculado, salvo prueba en contrario y además en una falta grave de índole
electoral.
Cabe observar que el
Artículo 456, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. advierte
claramente, que los candidatos que infrinjan la legislación electoral, pueden
hacerse acreedores a amonestación pública, una multa de hasta diez mil días de
salario mínimo, según la gravedad del caso, o la cancelación del registro,
y por lo tanto el retiro de la
contienda.
Sin embargo, lo más
delicado, es que la Ley General de Delitos Electorales, prevee sanciones no
solamente para los candidatos en campaña, sino incluso para el funcionario
público que : “Destine,
utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al
perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política
o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito
de peculado”. Candidato y funcionarios escolares, involucrados, podrían ser
procesados penalmente.
Como
dicen, que en la guerra y el amor, todo se vale, y en política, mucho más, los
priístas no habrían de dejar pasar la oportunidad, de denunciar tales hechos,
que podrían dar lugar a la pérdida de la candidatura de Ramos Hernández. La
denuncia ya fue presentada ante el Agente del Ministerio Público Federal,
titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El asunto
es interesante, pero en especial preocupante para los panistas. De los 8 distritos
electorales federales, en este proceso, la candidatura de Ramos Hernández era
una de las más sólidas, aunque también pesan en su contra muchos puntos
negativos, por la personalidad y trayectoria política del candidato.
No
necesitaba, llevar su campaña a una escuela. Si ahora está a punto de que “le
quemen las patas”, es culpa del propio candidato panista. Fue él, quien provocó
la “conflagración”.
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