Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía las actividades del ambiente político que acontece en nuestra región, así como el trabajo de campo de nuestra policía de los 3 niveles de gobierno y de los responsables de la seguridad en el Estado. Bienvenidos
Algo que molesta a los mexicanos, es la excesiva corrupción, en todos los órdenes de gobierno.
Pero lo que molesta, aún más, es la impunidad. De poco sirve que se denuncie a los corruptos, si no se les castiga.
Eso de “ponle el dedo al ratero”, es una simple campaña mediática, tratando de convencer a los ciudadanos, de que sí existe la voluntad de perseguir y castigar a los pillos. Bueno, a los delincuentes de bajo nivel, porque a los políticos, a los de rateros de “cuello blanco” y a los capos de las mafias, eso no funciona.
EN PLENA SESIÓN DEL CONGRESO SE DIERON CON TODO SE APROBO QUE SE INVESTIGUE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES EN UNA OBRA AL PARECER, PROPIEDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
Los diputados Cuauhtémoc Cardona, Francisco Barraza Chiquete,
Gustavo Sánchez Vásquez y Juan Manuel Molina García se entablaron en su discusión
pidiendo Miriam Ayón que se centraran en el tema y no desviaran el propósito del
exhorto.
EXHORTA DIPUTADA MARGARITA CORRO A ORFIS A REVISAR PRESUNTO CONFLICTO DE INTERESES DEL DESARROLLO INMOBILIARIO “SAN CARLOS”
Presenta ante el Pleno Punto de Acuerdo a nombre de las Fracciones del PRI, PVEM, PT y PES
Se refiere a publicaciones de periódicos La Crónica, Frontera y El
Imparcial, que involucran presuntamente al Gobernador del Estado y funcionarios y a una empresa fraccionadora
MEXICALI BC.- La Diputada Margarita Corro Arámbula exhortó al Auditor Superior de Fiscalización del Estado, Manuel Montenegro Espinoza a que realice una revisión exhaustiva y recabe todos los elementos de información y documentación necesarios de las Cuentas Públicas involucradas en el presunto conflicto de intereses, relacionados con el desarrollo inmobiliario “San Carlos Entorno Residencial” de Tijuana, para en su caso, deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar.
Después de la presentación del exhorto varios diputados dieron su opinión y se dieron con todo.
Los diputados Cuauhtémoc Cardona, Francisco Barraza Chiquete, Gustavo Sánchez Vásquez y Juan Manuel Molina García se entablaron en su discusión pidiendo Miriam Ayón que se centraran en el tema y no desviaran el propósito del exhorto.
Es prioridad la
profesionalización del personal para garantizar eficaz fiscalización de cuentas
públicas
QPBC Mexicali, B.C., sábado 31 de enero de 2015.- Con elobjeto de establecer las bases del Servicio Profesional de Carrera para el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, la Diputada
Miriam Ayón Castro presentó una iniciativa de Ley sobre la materia.
Tiene como prioridad la profesionalización del
personal al servicio del ORFIS, a fin de garantizar el funcionamiento eficaz y
eficiente de los programas y procesos sustantivos de la fiscalización de las
cuentas públicas, señaló la Legisladora.
Al darle lectura a su
exposición de motivos, mencionó la importancia de establecer lineamientos para
la contratación, preparación, permanencia y desarrollo profesional de quienes
operan en la administración pública y poderes públicos.
Cuando funcionarios
públicos dañen los recursos, se establecerá la manera de reponerlos
QPBC Mexicali, B. C., lunes 26 de enero de 2015.- La diputada Rosalba
López Regaladopropuso ante el pleno del Congreso local, crear el
Órgano Especializado en Procedimiento Resarcitorio de Baja California.
La legisladora
explicó que se cuenta con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y que
entre sus funciones está el realizar auditorías a las entidades públicas, así
como emitir observaciones cuando detecten alguna irregularidad, la cual deben
atender los servidores públicos de forma inmediata, a fin de que sean
subsanadas.
Pero –dijo- es
necesario enfatizar y dar prioridad a la manera en que se restituya al erario
público cuando se cometa un perjuicio por parte de funcionarios.
Se trata de una
iniciativa de reforma al artículo 38 de la Constitución estatal con la cual
se pretende crear un organismo institucional que se especialice en atender
el cumplimiento de la responsabilidad resarcitoria, lo cual resulta un
componente fundamental para lograr que los servidores públicos restituyan al
estado los daños que por sus actos u omisiones fueron ocasionados al erario.