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Por : Gilberto LAVENANT |
La educación pública es un negocio, en principio, porque el gobierno, no atiende al 100 % las necesidades educativas de la población. Si las atendiera, no sería necesaria la participación de particulares.
Sin embargo, siendo una función pública, quien desee invertir en el ámbito educativo, requieren para ello de una autorización oficial. De lo contrario, los estudios que impartan, por muy completos que parezcan o sean, no son oficiales o carecen de reconocimiento.
La falta de revisión o supervisión, del ramo educativo, permite la proliferación de negocios en la materia. Como quien instala una tienda de abarrotes, casi cualquiera puede instalar una escuela privada y hacer un próspero negocio.
Se instalan en cualquier parte y resultan atractivas, pues muchas de ellas ofrecen programas de estudios “maravillosos”, que supuestamente permiten, cursar programas de estudio “expres”.
Por cuestiones de la vida, hay quienes no lograron cursar estudios, en el momento requerido para ello, para quienes resulta extraordinario, toparse con una institución educativa, que les ofrece cursar, los 3 años de educación secundaria, o preparatoria, en solo un mes. Incluso una carrera profesional, que generalmente requiere de 5 años, cursarla en uno o dos años.
La necesidad, el deseo de superación y la ignorancia, dan lugar al surgimiento de las llamadas escuelas “patito”. Caminan como patos, hacen cuac cuac, pero no son “patos”. Bueno, no están autorizadas para impartir clases y por lo tanto, son un engaño para quienes acuden a ellas, con la intención de continuar sus estudios.
Obviamente no son gratuitas, la mayoría de las veces ni siquiera baratas, y representan un fraude, para quienes consideran que encontraron la oportunidad de continuar preparándose.
El problema es que el gobierno, responsable de la educación, no ha establecido un programa de orientación, oportuno y adecuado, para aquellos que desean seguir estudiando y que verifiquen, o consulten, si es que la institución educativa en la que pretenden ingresar, está facultada o autorizada para impartir clases.
Lo absurdo es que no son instituciones clandestinas, se anuncian abiertamente, de forma tal que no sería difícil detectarlas. Pero es obvio que no hay una supervisión al respecto, y los terceros, que lo ignoran, caen en el engaño.
En días pasados, Héctor Rivera Valenzuela, subsecretario de Educación Media Superior del Estado, reveló que se han detectado 9 escuelas preparatorias, funcionado de manera irregular, afectando a unos 400 jóvenes.
Habría que observar, que hay casos de instituciones educativas formales que se han topado con trámites burocráticos para ampliar sus programas educativos y por lo tanto su oferta de educación.
Quizás les dan oportunidad de laborar, dándoles esperanzas de otorgarles la autorización correspondiente, pero haciendo lento el procedimiento, para obligarlas a ofrecer dádivas, por autorizaciones a las que tienen derecho. Habría que ver cada caso en particular.
Se sabe, que en el caso de instituciones educativas estatales, o sea que dependen del gobierno estatal, las “cooperaciones” para lograr la autorización, son sumamente onerosas o casi imposible de lograr, de manera directa. Salvo que encuentran a algún “tramitador” o “gestor” que tenga “línea directa”.
De cualquier forma, las “escuelas patito”, no deberían existir o debería verificarse el protocolo para la autorización oficial, y eliminar altos costos, que solamente propician la corrupción.
Las escuelas privadas, son un apoyo para el gobierno, por lo que debería alentarse a particulares que desean intervenir en la educación, de manera honesta y eficiente.
