TIJUANA BC 18 DE MAYO DE 2016.- Dice un dicho popular, que no se puede estar en misa y andar en la procesión.
De las facultades básicas de los legisladores locales, además de hacer leyes, es la de aprobar presupuestos y el revisar el gasto público.
Por lo tanto, si alguien ostenta el cargo de legislador, por el cual devenga un sueldo, no puede, ni debe, además, obtener recursos adicionales, proporcionando sus servicios profesionales, asesorando al gobierno.
No es delito trabajar, pero en ciertos casos, hay limitantes. La Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, claramente señala que podrán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
En la práctica es común que los legisladores cobren, al gobierno, por sus “servicios”, que podrían consistir en una gestión o incluso el emitir su voto a favor de un dictamen o propuesta de ley, que favorezca a determinado funcionario o institución.
Estos cobros, van desde una cantidad de dinero, en efectivo, plazas en la dependencia beneficiada o el otorgamiento de contratos, dizque para la prestación de servicios, por parte de determinada empresa o institución, que definitivamente habrá de redituarles ganancias.
Al candidato panista a la alacaldía de Mexicali, Gustavo Sánchez, lo agarraron “in fraganti”, haciendo cosas que la Ley de Responsabilidades le prohíbe. Le agarraron los dedos contra la puerta.
Resulta que, siendo diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, así comp Secretario de la Comisión del Gasto Público, a la vez es socio de un despacho jurídico que presta servicios de asesoría al Ayuntamiento de Mexicali.
Podrían decir que es un excelente asesor y que por lo tanto, es legal que cobre por los servicios que presta al gobierno local, pero también puede decirse que lo contratan por conveniencia para el Alcalde mexicalense, pues, aunque le cueste, una de sus funciones, además de legislar, es fiscalizar el gasto público de las instituciones estatales y municipales.
En tales condiciones, es lógico pensar en que el señor legislador adoptará una actitud “generosa” o “comprensiva”, cuando se trate de revisar las cuentas públicas de su “cliente”.
Esto es lo que se podría llamar “negocio redondo”, lo que sí es ilegal, además de deshonesto. Situación en la que fue sorprendido el “flamante” candidato panista a alcalde de Mexicali, quien pretende “redondear” aún más el negocio. Imaginen, cobrar como Alcalde y además como asesor del gobierno.
Ese es el tamaño de la denuncia que hizo esta semana Antonio Magaña, candidato a alcalde de Mexicali por la Coalición integrada por el PRI, PVEM, PT y Panal.
Magaña reveló que el 1 de enero de 2015, el Despacho Jurídico Sánchez, Aguilar, Esquer, S.C., respecto del cual es socio el candidato panista Gustavo Sánchez, celebró contrato de prestación de servicios profesionales con el ayuntamiento de Mexicali, que preside el panista Jaime Díaz Ochoa, para brindarle asesoría.
Dicho instrumento jurídico es por tiempo indefinido y por lo tanto está vigente. Está en tela de duda si es que el gobierno municipal contrató al despacho, por la calidad de sus servicios, o por la participación de Gustavo Sánchez, como legislador y fiscalizador del gasto público, cual si entre los servicios contratados estaría considerado el favorecer o proteger a su cliente.
Como legislador, fue deshonesto el que su empresa ofreciera y se comprometiera a asesorar, a una entidad cuyas cuentas habría de fiscalizar.
Más deshonesto resulta, que pretendiendo ser alcalde de Mexicali, no haya revelado que celebró contrato de prestación de servicios y que no lo ha rescindido, pretendiendo, obviamente, percibir un doble ingreso : como alcalde y como asesor del gobierno municipal. Esto es lo que se podría llamar “negocio redondo”.
Habría que indagar, hasta donde ha beneficiado al gobierno municipal de Mexicali, la contratación del diputado y ahora candidato, o si el pago ha sido tan solo por “hacerse de la vista gorda”, al momento de revisar las cuentas de su “cliente”.
No cabe duda que los panistas son muy prácticos. Que no se andan con rodeos y que al dinero, le llaman dinero. Que viva la Revolución.
Gil_lavenants@hotmail.com
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