El Dip. Molina García destacó que su carencia ha provocado que se violenten los derechos de niños y familias indígenas allí asentados
Mexicali, B. C.- La Cámara de Diputados local exhortará al Poder Judicial del Estado (PJE), a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PDMyF), para que fortalezcan la plantilla de personal traductor en lenguas indígenas en el Partido Judicial de Ensenada, sobre todo en el área de San Quintín.
Lo anterior en base a un punto de acuerdo presentado ante el Pleno por el diputado Juan Manuel Molina García, quien destacó tener conocimiento de casos reales donde la carencia de traductores ha provocado que se violenten los derechos fundamentales de niños y familias indígenas asentados en el valle agrícola de San Quintín.
El presidente de la Comisión del Justicia del Congreso refirió que la PJE, la PGJE y la PDMyF no cuentan con dichos traductores o peritos en el caso del Partido Judicial de Ensenada, lo cual garantice a las niñas, niños, adolescentes y sus familias que no hablan español, un verdadero acceso a la justicia.
Molina García especificó que tener un traductor es un derecho fundamental, lo cual exigen los tratados internacionales y la Constitución, además de ser una obligación del Estado para hacer posible la defensa de los derechos, en este caso de los grupos indígenas asentados principalmente en dicha zona, los cuales, dijo, buscando un mejor futuro para sus familias, recorren miles de kilómetros para buscar una fuente de empleo que garantice el bienestar de sus hijos.
Dio a conocer que en “muchas de las ocasiones estos niños y familias aún conservan su lengua originaria, situación que complica su comunicación y entendimiento de lo que la autoridad le comunica cuando sus hijos son retirados de sus hogares por alguna determinación de supuesta protección y cuando son víctimas de algún delito”.
El representante popular por Movimiento Ciudadano especificó que, según datos del INEGI, en el 2010 había 5,131 niños de 5 a 14 años que hablaban alguna lengua indígena, y a su vez de esta población el 51.8 por ciento eran niños y el 48.2 eran niñas. De estos, cerca del 70 por ciento habitaba en el municipio de Ensenada, cifras que en el 2014 han aumentado en gran medida, subrayó.
Hizo hincapié en la preocupación de la Comisión que preside, en cuanto a que los sectores de la población más vulnerable, como lo es la infancia, “se le garantice el acceso a la justicia en el sentido más amplio, más aun cuando esta infancia es originaria de alguna etnia originaria del Estado o proveniente de otra entidad federativa y se asienta en territorio bajacaliforniano”.
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