INTERESES POLITICOS???
Por :
Gilberto LAVENANT
Hay dichos populares, que
dicen verdades verdaderas. O sea, que son más que evidentes. Que no dejan lugar
a dudas. Que se tienen como ciertas, aunque los aludidos juren que son meras
leyendas urbanas.
Como aquella de que “el
que parte y reparte, se queda con la mayor parte”, que es casi similar a la de
que “hay quienes, se sirven con la cuchara grande”. No pues sí.
Los trámites burocráticos,
son muy engorrosos. Y la mayoría de los funcionarios públicos, que los
autorizan, que dan el “Vo.Bo”, son miopes, sordos y corruptos. Por eso
cuestionan, ante una gestión : ¿y yo, qué leo? O bien : “No veo claro”.
Pero, cuando se trata de
un asunto personal, esos mismos funcionarios, son ágiles y generosos. Aunque
estén impedidos legalmente para ello.
“Como muestra, basta un botón”.
Aunque en el caso a analizar, se trata de varios “botones”.
Fue el 22 de noviembre
del 2013, 8 días antes de que concluyera la gestión del XX Ayuntamiento de Tijuana,
encabezada por el empresario priísta Carlos Bustamante Anchondo. Un viernes, a
las 6:00 de la tarde.para ser más precisos.
En sesión extraordinaria
de Cabildo del XX Ayuntamiento, como si el problema de la proliferación
incontrolada de anuncios espectaculares, en Tijuana, no fuese escandaloso,
autorizó 72 concesiones para utilizar áreas públicas, a 8 empresas.
El slogan de la
administración de Bustamante, era el de “una ciudad con orden”, pero en materia
de espectaculares, dejó todo un desorden. Más que irónico.
El 3 de mayo del 2013, en
sesión de cabildo del XX Ayuntamiento, se señaló que : “en materia de anuncios
y rótulos, existe una cartera vencida, que asciende a los 1,400 anuncios que no
cuentan con el permiso pertinente para su instalación y operación”. Brotaban
como hongos por toda la ciudad, ante la complacencia e incapacidad de las
autoridades municipales.
A fines de enero del
2014, Ana lilia Loaiza Martínez, Directora
de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento, señaló, ante los integrantes de
la Asociación de Periodistas de Tijuana, que en ese entonces había unos 800
espectaculares, y que solamente 14 empresas se habían acercado a regularizarse.
Eso muestra, en qué condiciones dejó Bustamante la ciudad, en esa materia.
Por eso, no justifica, ni
explica, el hecho de que 8 días antes de concluir su gestión, haya otorgado 72
concesiones, para instalar espectaculares, en predios de dominio público.
La razón, fue práctica y
sencilla. Los Ledesma Romo –Eduardo, Miguel y Arturo- se posicionaron
fuertemente en el Partido Verde Ecologista de México, y Miguel, cuyo negocio
principal ha sido el uso o explotación de carteleras, aprovechando la alianza
PRI-PVEM, había negociado ser el Síndico Procurador en la planilla priísta para
el XXI Ayuntamiento, encabezada por Jorge Astiazarán Orcí.
Bustamante se había
friccionado con Miguel, pues a principios del 2013, le clausuró 3
espectaculares, instalados sin permiso alguno. Temía que siendo Síndico Procurador,
en el siguiente Ayuntamiento, lo trajera “lázaro”, esculcando en su gestión
administrativa, para fincarle responsabilidades.
Entonces, empezó a
operar, para que retiraran a Miguel de la planilla de Astiazarán. Y lo logró,
entrando al relevo su hermano Arturo, y fue entonces que, para limar asperezas
con Micky, 8 días antes de concluir su período de gobierno, autorizó a los
Ledesma Romo 17 concesiones, a nombre de la empresa Anuncios e Imagen, S.A. de
C.V., en cuyo capital social, ostenta una acción el actual Síndico, Arturo
Ledesma Romo.
Pero al final de cuentas,
eso no es precisamente el problema. El hecho es que una de las 7 empresas
beneficiadas, lo fue la denominada Publicyr, S.A. de C.V., cuyos socios lo eran
el propio Alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, y su hijo, Carlos Bustamante Aubanel.
En su favor se otorgaron 9 concesiones para instalar espectaculares en vía pública.
Lo delicado del asunto,
es que Bustamante Anchondo, hizo
efectivos los dos dichos populares citados. Aquellos de que “el que parte y reparte,
se queda con la mayor parte”, y lo de que “hay quienes, se sirven con la
cuchara grande”.
Y además, al otorgar las
concesiones, que benefician a la empresa de su propiedad y de su hijo, violentó
las dispociones contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
de Baja California, que, entgre otras cosas, en el artículo 46, del Capítulo I,
relativo a las Obligaciones y Prohibiciones del Servidor Público, advierte, que el funcionario público no puede obtener
o pretender obtener, beneficios adicionales a las contraprestaciones que por
ley le corresponda por el desempeño de su función, “sean para él o su cónyuge o
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
o hayan formado parte”.
Como Alcalde, al
concesionar a favor de su empresa, espacios en la vía pública, para instalar
espectaculares, Bustamante podría ser procesado por el delito de peculado, que se
sanciona con varios años de cárcel y multa. Todo, por servirse “con la cuchara
grande”.
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