“El Vaivén de los Presupuestos Publicitarios…”

Columna Indira Mata-Afirma

Mexicali, B.C.,- El buen juez por su casa empieza y si de presupuesto gubernamental se trata hay mucho por hacer, transparentar y rectificar.

El tema sale a relucir porque algunos periodistas y legisladores abrimos el debate en torno al manejo de los presupuestos gubernamentales en materia de publicidad institucional.

Mientras hay quienes –desde cierta óptica- consideran imprescindible regular y reglamentar los recursos públicos de la comunicación social bajo un nuevo marco legal denominado “Ley General de Comunicación Institucional  de Baja California”, hay otros que consideramos innecesarias más leyes, toda vez que por el contrario se requiere aplicar las existentes, utilizando las herramientas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Sin inventar el hilo negro del asunto en cuestión, cabe puntualizar que la principal tarea de los medios de comunicación y los periodistas es informar así como ejercer los derechos a las libertades de prensa, información y libertad de expresión.

Por otra parte, la responsabilidad de los gobernantes en materia presupuestal es ejercer los recursos públicos basado en su competencia constitucional, que incluyen soberanía y autonomía.

¿Acaso no está clara la responsabilidad que a cada sector compete? 

En el foro de análisis de la iniciativa realizado en el Ceart-Tijuana, convocado por la comisión de legislación, gobernación y puntos constitucionales de la XXI Legislatura del Congreso del Estado que preside el diputado Roberto Dávalos Flores también asistieron los congresistas Francisco Barraza Chiquete de la comisión de comunicación social; René Mendívil, coordinador de la fracción del PRI; Cuauhtémoc Cardona de la comisión de transparencia; David Ruvalcaba, de la comisión del trabajo y previsión social así como Miriam Ayón, de la comisión de juventud y deporte.

Ante ellos, a nombre propio y como integrante de diversas organizaciones de periodistas y comunicadores  expresé en la apertura del foro, -al que por cierto se trató de evitar la asistencia de periodistas mexicalenses-  que debemos:

1.- Reconocer la facultad y obligación constitucional de los poderes públicos de realizar  el ejercicio legal de los recursos gubernamentales.

2.- Insistir  en una mayor transparencia, rendición de cuentas y honestidad en el uso de los presupuestos institucionales, incluidos los de comunicación social de los diferentes niveles de gobierno.

3.- Y que respecto a la pretensión de integrar un consejo para “regular” los presupuestos  institucionales de comunicación social, resulta preocupante que este tipo de entes o instancias  obedezcan a intereses particulares, de fracciones, de grupos, o incluso de periodistas y medios de comunicación específicos.

Aquí cabe recordarles  a los integrantes del poder legislativo que sus obligaciones respecto a los asuntos presupuestales establecidos en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California son aprobar leyes, autorizar presupuestos y fiscalizarlos, así como realizar tareas en el ámbito de la gestión social.

Al paso que vamos, -expresó otro de los periodistas expositores al foro de análisis- “se tendrán que integrar otros consejos para autorizar presupuestos de otras áreas como educación, salud; habrá que hacerles el trabajo a los legisladores de análisis en cada uno de los temas y cumplir incluso  con sus tereas de fiscalización en las que precisamente ellos deben trabajar…”   

Todo parece indicar que en este asunto los intereses particulares ocasionan una visión distorsionada respecto a la función de los medios de comunicación y su naturaleza, que es principalmente informar.