Columna Indira Mata-Afirma
Mexicali, B.C.,- El buen juez por su casa empieza y si de
presupuesto gubernamental se trata hay
mucho por hacer, transparentar y rectificar.
El tema sale a relucir porque algunos periodistas y legisladores abrimos el debate en torno al manejo de los presupuestos
gubernamentales en materia de publicidad institucional.
Mientras hay quienes –desde cierta óptica- consideran imprescindible
regular y reglamentar los recursos públicos de la comunicación social bajo un
nuevo marco legal denominado “Ley General de Comunicación Institucional de Baja California”, hay otros que consideramos
innecesarias más leyes, toda vez que por el contrario se requiere aplicar las existentes,
utilizando las herramientas de transparencia, fiscalización y rendición de
cuentas.
Sin inventar el hilo negro del asunto en cuestión, cabe
puntualizar que la principal tarea de los medios de comunicación y los
periodistas es informar así como ejercer los derechos a las libertades de
prensa, información y libertad de expresión.
Por otra parte, la responsabilidad de los gobernantes en
materia presupuestal es ejercer los recursos públicos basado en su competencia
constitucional, que incluyen soberanía y autonomía.
¿Acaso no está clara la responsabilidad que a cada sector
compete?
En el foro de análisis de la iniciativa realizado en el
Ceart-Tijuana, convocado por la comisión de legislación, gobernación y puntos
constitucionales de la XXI Legislatura del Congreso del Estado que preside el
diputado Roberto Dávalos Flores también asistieron los congresistas Francisco
Barraza Chiquete de la comisión de comunicación social; René Mendívil,
coordinador de la fracción del PRI; Cuauhtémoc Cardona de la comisión de transparencia;
David Ruvalcaba, de la comisión del trabajo y previsión social así como Miriam
Ayón, de la comisión de juventud y deporte.
Ante ellos, a nombre propio y como integrante de diversas
organizaciones de periodistas y comunicadores
expresé en la apertura del foro, -al que por cierto se trató de evitar
la asistencia de periodistas mexicalenses- que debemos:
1.- Reconocer la facultad y obligación constitucional de
los poderes públicos de realizar el
ejercicio legal de los recursos gubernamentales.
2.- Insistir en
una mayor transparencia, rendición de cuentas y honestidad en el uso de los
presupuestos institucionales, incluidos los de comunicación social de los
diferentes niveles de gobierno.
3.- Y que respecto a la pretensión de integrar un consejo
para “regular” los presupuestos institucionales
de comunicación social, resulta preocupante que este tipo de entes o
instancias obedezcan a intereses
particulares, de fracciones, de grupos, o incluso de periodistas y medios de
comunicación específicos.
Aquí cabe recordarles a los integrantes del poder legislativo que
sus obligaciones respecto a los asuntos presupuestales establecidos en la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California son aprobar leyes, autorizar
presupuestos y fiscalizarlos, así como realizar tareas en el ámbito de la
gestión social.
Al paso que vamos, -expresó otro de los periodistas expositores
al foro de análisis- “se tendrán que integrar otros consejos para autorizar
presupuestos de otras áreas como educación, salud; habrá que hacerles el
trabajo a los legisladores de análisis en cada uno de los temas y cumplir
incluso con sus tereas de fiscalización
en las que precisamente ellos deben trabajar…”
Todo parece indicar que en este asunto los intereses
particulares ocasionan una visión distorsionada respecto a la función de los
medios de comunicación y su naturaleza, que es principalmente informar.
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