Por : Gilberto LAVENANT
Envalentonados por los resultados electorales del pasado 7 de julio, que les permitió el seguir con la gubernatura de Baja California, y obtener diversas diputaciones, los panistas daban como un hecho, que en cuanto se diera el relevo, “se tragarían vivos” a los legisladores priístas y aliados, que integraron la XX Legislatura Estatal.
Tanto los dirigentes del blanquiazul, como los diputados electos, por las diversas vías, e incluso el gobernador electo, Francisco Vega de la Madrid, no desaprovechaban ninguna oportunidad para lanzar amenazas a los legisladores en funciones, acusándolos de que habían incrementado su presupuesto en forma exorbitante y que habían incurrido en serias irregularidades. Que en cuanto llegaran los nuevos legisladores, escarbarían hasta encontrar y denunciar las mañosadas.
Bueno, los priístas no se habían quedado atrás. Durante la contienda electoral, acusaron al gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, de haber gastado una millonada con la campaña mediática ¡Abre los ojos! para beneficiar a sus candidatos. Revelaron con detalles toda la estrategia e incluso, con dicha información, presentaron una denuncia ante la Fepade, Fiscalía Especializada en Delito Electorales.
Si durante casi 2 años y medio de la XX Legislatura, las relaciones con el Ejecutivo Estatal fueron sumamente ríspidas, después del 7 de julio, las cosas empeoraron. En especial porque Osuna Millán se dió vuelo, vetando las iniciativas de ley aprobadas por los legisladores. Muchos bajacalifornianos seguramente imaginaron a los diputados priístas, y a sus aliados, agazapados, temerosos.
Las cosas empezaron a cambiar, cuando los resultados electorales se hicieron oficiales y se hizo el reparto de diputaciones, por las vías de representación proporcional y los de lista. Los panistas no lo podían creer. Ganaron más diputaciones que los priístas, por votos, pero al aplicar las fórmulas previstas por la legislación electoral, tuvieron qué reconocer, que prácticamente quedaron tablas.
La Alianza Unidos por Baja California, integrada por el PAN, PRD, PEBC y Panal, lograron 12 diputaciones, en tanto que la Alianza Compromiso por Baja California, obtuvo 11. Ninguna logró ni la mayoría simple, que serían 13. Los panistas se vieron favorecidos porque el Partido Movimiento Ciudadano se quedó con 2 diputaciones, con quienes les unen viejas simpatías, por lo que prácticamente se podría decir que tendrán 14 diputados afines.
Sin embargo, agobiados por las amenazas, y haciendo uso de sus habilidades políticas, los priístas y sus aliados, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que fue aprobada en el pleno del martes 27 de agosto del año en curso, con 17 votos a favor, 5 en contra provenientes del PAN y el voto del diputado perredista Francisco Sánchez Corona.
Esta reforma, entre otras cosas, establece que la mesa directiva de la XXI Legislatura, sea designada mediante votación de mayoría calificada, así como la designación de los titulares de los diversos órganos de apoyo parlamentario y administrativo. Dicho en pocas palabras, los panistas no serán “los dueños” del Poder Legislativo.
Así mismo, también por mayoría calificada se designarán a los directores de asuntos jurídicos, programación y gasto interno, comunicación social y contralor interno, y en tales condiciones se designarán las comisiones legislativas. Para todo, 17 votos.
Cuando el Gobernador Osuna Millán, se enteró de esto, hizo el berrinche de su vida. De inmediato, argumentando que los legisladores habían incurrido en un fraude a la ley, pues aprobaron dicha propuesta y no se la remitieron para su publicación en el Periódico oficial del Estado, hizo valer el veto. Con esta fueron 45 las veces que impugnó iniciativas aprobadas, que no fueron de su agrado o que agraviaban sus intereses.
Sin embargo, los priístas tuvieron qué aclarar, que el Gobernador carece de facultades para vetar reformas aprobadas, relativas al reglamento interior del Poder Legislativo. Para tales efectos fue reformado el Artículo 34 de la Constitución Política de Baja california, que así lo dispone, la cual fue publicada el 28 de enero de 2011. Hace dos años, demasiado tiempo para que Osuna Millán, dado su edad, lo recordara. La nueva reforma fue publicada en la Gaceta Legislativa. Ya está vigente y no puede ser vetada.
Total, el caso es que ayer viernes, a las 17:05 horas, vía correo electrónico, el columnista recibió el Comunicado 1866 de la Dirección de Comunicación Social de la Legislatura Estatal, mediante el cual se dá a conocer que el pleno del Congreso del Estado, aprobó 31 cuentas públicas, de manera unánime y con dispensa de trámite. Dicho en otras palabras, las aprobaron todos los diputados presentes, entre ellos panistas y priístas, sin objeción alguna.
Entre estas, destacan las relativas al manejo presupuestal del Poder Ejecutivo del 2012, o sea las cuentas del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán. En estas, obviamente, se incluye el manejo irregular de recursos públicos, que ascendieron a varios cientos de millones de pesos, utilizados con fines electorales, con la campaña mediática ¡Abre los ojos! La misma que motivó una denuncia formal ante la Fepade. Y no le aprobaron las cuentas del 2013, porque aún no está integrado el expediente correspondiente.
También aprobaron, el manejo presupuestal del Poder Legislativo 2013, respecto del cual los panistas pretendían escarbar, pues presumían que hubo malos manejos y que se desviaron recursos hacia la campaña del priísta Fernando Castso Trenti.
Es evidente que panistas y priístas ya fumaron la pipa de la paz. Las negociaciones están a la vista. Simplemente conjugaron el verbo tapar : Yo te tapo, tú me tapas, etc. ¿Las negociaciones, eliminan las cochinadas? Que cada quien haga sus propias conjeturas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario