Playas de Rosarito.- El ex Alcalde, Hugo Torres Chabert, pretende seguir engañando a los rosaritenses minimizando una denuncia en su contra por la probable comisión de peculado al adquirir un predio con sobreprecio de 6 millones de pesos en perjuicio del patrimonio municipal, señaló Francisco Castro, Director de Seguridad Pública Municipal.
“Lo cierto es que Hugo Torres y el Cabildo del IV Ayuntamiento tendrán que responder ante la Sindicatura y ante las instancias correspondientes, porque no sólo se les acusa de faltas administrativas, sino de la probable comisión de delitos” sentenció.
“Será en la etapa procesal oportuna cuando los ex funcionarios serán citados por la Sindicatura, en un proceso que por su naturaleza durará algunos meses para el desahogo de las investigaciones; sin embargo esto no aminora la responsabilidad que tendrán que enfrentar”, sostuvo.
El Director precisó que aunque el ex Alcalde intenta justificarse argumentando que el avalúo de la propiedad fue hecho por la Comisión Estatal de Avalúos, “está claro que los avalúos para venta, al igual que un avalúo fiscal o un avalúo catastral, pueden ser simulados, pues el valor real es el que sostiene el mercado a través de la oferta y la demanda. Esa es una elemental regla de sentido común, y más, tratándose de un empresario”.
Francisco Castro enfatizó que es muy sintomático que Hugo Torres no haya justificado una inversión de recursos federales por tres millones de pesos en un terreno ajeno al patrimonio de Playas de Rosarito; “el ex Alcalde no tiene argumentos para defender lo indefendible, como tampoco los tiene para explicar a la población por qué se dio en pago del predio un inmueble a un valor inferior al recibido”.
Subrayó que deberá aplicarse el procedimiento de rigor no sólo a Hugo Torres, sino a todos aquellos “quienes irresponsablemente votaron a favor de la irregular operación mercantil en perjuicio del patrimonio de los rosaritenses”.
“El ex Alcalde, el ex Síndico y los ex Regidores que votaron a favor tendrán que responder ante la ley y ante los rosaritenses porque las faltas cometidas son graves, constituyen presuntivamente un delito, y causan un perjuicio al municipio. Los servidores públicos deben responder a los intereses públicos y no salir ahora con el infundado argumento que son cuestiones políticas, pues quien transgrede la ley debe atenerse a las consecuencias de sus actos” concluyó Francisco Castro.
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