Un acto de traición sindical más, del encargado de proteger los derechos de los trabajadores burócratas Manuel Oceguera Villa.
Arbitrariedades que exhiben red de complicidad del gobierno municipal y el Sindicato de Burócratas.
QPBC
TIJUANA.- Ante la remoción arbitraria de su comisión y punto de trabajo, y que fue ordenada para ser reconocida por el mismo Tribunal de Arbitraje a funcionarios del ayuntamiento, al día de hoy no se ha movido un solo dedo.
Todo empezó por que la Lic. Alma Bertha Ramos Rodríguez recibió la notificación el 21 de Febrero del 2014 donde fue separada de su cargo como sub jefe de sección adscrita a Obras Publicas Municipales Sección Parques y Jardines, del Ayuntamiento de Tijuana, mediante el oficio #007, donde se concede licencia con goce de sueldo para su desempeño como miembro del Comité Ejecutivo Estatal y Seccional del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C (Sindicato Único de Trabajadores a los Servicios del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.) a petición del propio Secretario General Manuel Oceguera.
Todo empezó por que la Lic. Alma Bertha Ramos Rodríguez recibió la notificación el 21 de Febrero del 2014 donde fue separada de su cargo como sub jefe de sección adscrita a Obras Publicas Municipales Sección Parques y Jardines, del Ayuntamiento de Tijuana, mediante el oficio #007, donde se concede licencia con goce de sueldo para su desempeño como miembro del Comité Ejecutivo Estatal y Seccional del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C (Sindicato Único de Trabajadores a los Servicios del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.) a petición del propio Secretario General Manuel Oceguera.
Donde se le
asignó su comisión, previa asamblea para velar y proteger los intereses de los trabajadores
sindicalizados, el cargo de Secretaria de Prensa y Propaganda del Comité
Ejecutivo Seccional del Sindicato de Burócratas de Tijuana.
Misma comisión
que dio pie a la Toma de Nota expedida por el Tribunal de Arbitraje de Baja
California el 21 de Enero del 2014.
Pero cuál
sería la sorpresa nueve meses después en el mes de noviembre del 2014, ante los
bochornosos acontecimientos donde se vio involucrado el Secretario de Trabajo y
Conflictos José Luis Parra Vásquez donde fue acusado y se abrió expediente ante
el MPFC por presunta violación a una menor de edad familiar de compañeros
sindicalizados, misma información que se publicó en medios de comunicación de
la región.
A raíz de
estos hechos se elaboró un escrito firmado por delegados sindicales además
miembros de la mesa directiva de los jubilados, apegándose a los estatutos
donde se le solicitó al Secretario General Manuel Oceguera Villa se le
suspendiera temporalmente del cargo a José Luis Parra Vásquez porque manchaba la imagen sindical y por ser
lo más prudente.
Mismo escrito
que a pesar de ser una cantidad considerable de firmantes fue rechazado por el molesto
secretario general esto basto para que
diera inicio a la venganza exigiéndoles
fuera redactado mediante oficio firmado
individualmente por cada uno de los quejosos cosa que obviamente fue considerado
como una amenaza que ponía en peligro la estabilidad de su trabajo y muchos se
retractaron, pero ella firme a su comisión de velar por los intereses de los
sindicalizados envió la petición y ahí empezó el acoso hacia su persona.
Manuel
Oceguera le aplicó en forma de venganza el “terrorismo sindical”
Porque ella
fue una de las que se atrevió a señalar que lo mejor para el sindicato era
separar de su cargo a José Luis Parra ocasionando la furia del secretario
general y fue “congelada” por la afrenta hacia su consejero personal.
Esto provoco
que fuera arbitrariamente removida de su cargo, en claro acto de venganza y traición
sindical, porque dentro de los estatutos
marca que nadie puede ir en contra de un basificado, seas parte del Comité o la
Mesa Directiva inclusive el propio Secretario General en turno.
“Los
secretarios y sub secretarios no pueden ser removidos de su cargo solo por
acusaciones, se debe de hacer una asamblea general, presentar pruebas en la en
la misma, la base decide, se le forma la comisión de honor y justicia y se le
sanciona según sea el caso y resuelva la comisión”.
Manuel
Oceguera de manera arbitraria (violando los estatutos) consiguió haciendo uso
de su tráfico de influencias que la Lic. Alma Bertha Ramos Rodríguez fuera
removida de su comisión sin respetar él toma de nota y fuera puesta a
disposición de la Oficialía Mayor donde le notificaron de su regreso a su
anterior empleo, pero no la regresaron a su anterior posición sino que la mandaron a un área
diferente a la que estaba antes de ser comisionada acto irregular a todas
luces.
El oficial
Mayor Marco Antonio Dueñas como ya tenía “luz verde”, por parte del secretario
de gobierno Bernardo Padilla, (hoy diputado electo).
Le notifico (vía oficio) su nueva comisión en
la Biblioteca pública municipal omitiendo reinstalarla en su anterior trabajo
obviamente porque ahí posicionaron a una persona afín a Manuel y José Luis
Parra.
Al ver cómo
fueron pisoteados los estatutos que rigen a ese gremio sindical, sus derechos y
el total desacato a la autoridad desconociendo un toma de nota “como si fuera
basura”, por parte del líder burócrata.
Decidida a
recuperar su comisión en el comité o definitivamente su posición anterior, la Lic. Alma Bertha Ramos Rodríguez en el 2014
interpuso un recurso legal ante el Tribunal
de Arbitraje de Baja California, y las respectivas dependencias como la
sindicatura procuradora del ayuntamiento de Tijuana, exponiendo su queja porque
sabía que la ley le asistía, ante las claras arbitrariedades procedió a
denunciar el caso por el de abuso de poder que sin ningún miramiento ejerció, el
secretario Manuel Oceguera, que se atrevió a violar de todas formas los
estatutos y los derechos de una mujer sindicalizada, por defender a su
incondicional y cómplice secretario de conflictos.
La resolución
del Tribunal de Arbitraje de Baja California fue a favor de la quejosa, desconociendo la suspensión arbitraria del
secretario general Manuel Oceguera y pidiéndoles le fuera reconocido su cargo a
la C. Bertha Ramos Rodríguez y el 07 de abril del 2015, extendió la orden
mediante oficio Núm. OP/OF/209, dirigido al Presidente Municipal de Tijuana
Jorge Astiazaran Orcí, al Secretario de Gobierno de Bernardo Padilla, y al
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana
Marco Antonio Dueñas Soto mismos que fueron recibidos y sellados en el
Ayuntamiento el 10 de abril del 2015.
También se
enviaron a Manuel Oceguera, al Síndico Procurador y al Síndico Social.
Donde les informaban:
QUE
DESDE SU DESIGNACIÓN MEDIANTE ASAMBLEA DE ELECCIÓN LA ÚNICA PERSONA AUTORIZADA
Y RECONOCIDA AVALADA POR TOMA DE NOTA, EXPEDIDA POR EL MISMO TRIBUNAL PARA
ACTUAR COMO SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL
DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA. ES LA C. ALMA
BERTHA RAMOS RODRÍGUEZ.
Un año y seis meses después Jorge Astiazarán y ninguno de
los funcionarios arriba mencionados ejerció acción para reconocer y
reposicionar a la C. Alma Bertha Ramos Rodríguez, como lo ordenó el Tribunal de
Arbitraje cayendo en la responsabilidad de desacato.
Como presidente municipal es su responsabilidad ordenar
al encargado de despacho de la secretaria general del XXI Ayuntamiento de
Tijuana ordenar su inmediata reinstalación en su anterior departamento ante los
abusos constatados.
Pero al parecer los acuerdos con el tribunal de no son
del interés del jefe de la comuna pesan más los acuerdos del anterior
secretario.
La Lic. Alma
Bertha Ramos Rodríguez sigue trabajando en la biblioteca municipal de Tijuana
en espera a que la autoridad correspondiente del estado proceda a aplicar la
sanción a Jorge Astiazaran y los funcionarios ya mencionados por incurrir en
desacato a la orden del tribunal.