Por Cristian Torres
Cruz e Inés García Ramos
Ciudad de México, 20
de agosto (SinEmbargo/ZETA).– Para el Secretario de Desarrollo Económico de
Baja California, Carlos Bonfante Olache, no existe ningún impedimento legal
para que empresas propiedad de su familia puedan adquirir apoyos económicos por
parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El funcionario estatal aseguró que la dependencia a su cargo
no cuenta con el control de los proyectos que solicitan el apoyo de fondos
destinados a la ciencia, tecnología e innovación.
“No hay ningún impedimento en la ley y el mismo Conacyt te
reitera que un familiar que tenga una empresa tenga el acceso a fondos
federales para empezar y eso está estipulado en los mecanismos de operación de
la Conacyt” consideró el funcionario.
Este miércoles 19 de agosto, Bonfante Olache fue abordado
por representantes de medios de comunicación, quienes cuestionaron al
funcionario respecto al reportaje publicado en ZETA que demuestra diversas
irregularidades en la distribución de fondos destinados a ciencia y tecnología.
“A todas y cada una de las empresas que se mencionaron como
fantasmas, a esas empresas se les ha solicitado desde el día lunes que
presenten sus proyectos a los medios […], son empresas que se han comunicado a
la SEDECO indignadas y lo mejor que les he dicho es ‘chamba mata grilla’, mejor
presenta tus proyectos y será más claro el objeto de que estamos contestando”,
dijo Bonfante.
El semanario ZETA publicó esta semana cómo desde la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Baja California, se distribuyen
millones de pesos a empresas propiedad del propio titular Carlo Bonfante Olache,
de su esposa, así como de amigos, socios y para empresas fantasma.
Estos recursos tienen el objetivo de “impulsar la innovación
y productividad entre las empresas”, asegura la Sedeco, dependencia encargada
de promocionar y coordinar los Programas de Estímulos a la Innovación de la
mano con el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid presume a Baja
California como “una de las cinco entidades de México con mayor presencia en la
agenda de ciencia y tecnología”. Lo cierto es que entre 2013 y 2015, se han
repartido 51 millones 935 mil 935 pesos a empresas sin registro ni domicilio
físico, y que incluso, utilizan sitios web idénticos como única forma de
presentación.
Mientras que las compañías propiedad del funcionario estatal
y de su pareja sentimental, así como de empresarios asociados y amigos han
recibido 14 millones 213 mil 947 pesos en “estímulos”, invertidos supuestamente
en programas que, comparados a proyectos rechazados, resultan ser un fiasco.
Por ejemplo, a las empresas propiedad de un socio de Eva
María Gallego Salas, la esposa del secretario de Desarrollo Económico, se les
asignaron recursos para que desarrollaran un sistema de enfriamiento de
vegetales, dejando fuera proyectos para evitar la amputación de pie diabético,
tratamientos contra el cáncer, o la creación de un laboratorio para
quimioterapia dirigida.
Al hacer esto, Bonfante Olache incurre en la comisión de un
hecho delictivo. El Artículo 228 del Código Penal de Baja California estipula
que el delito de peculado es cometido por aquel “servidor público que, para
usos propios o ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o
cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios, a organismos
descentralizados”.
También el Artículo 305 castiga a los servidores públicos
que cometan negociaciones ilícitas al otorgar “por sí o por interpósita
persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto
jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público”. Estas
acciones también son consideradas delitos cuando los beneficios económicos se
extienden, como es este caso, “a su cónyuge, socios o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
Ambos delitos se castigan tanto con prisión como con
inhabilitación. En el caso de peculado, el monto máximo de multa es de 600 días
multa, es decir, 420 mil pesos y hasta 14 años de cárcel. Por el delito de
negociaciones ilícitas, las sentencias van de los seis meses a los cinco años
de prisión, así como un máximo de 17 mil 500 pesos de sanción económica.
EL BURDO MONTAJE DE LA SEDECO EN ESTE LINK
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