No hay quien audite el “gordo presupuesto” que maneja
Tijuana.- Las aspiraciones políticas del Síndico Social, Bernabé Esquer Peraza, han impedido que cumpla con su responsabilidad de generar las condiciones de acercamiento necesarias para involucrar activamente la participación de la ciudadanía de forma organizada en los programas y acciones de desarrollo social del Ayuntamiento.
Esquer Peraza, como buen panista, declaró hace algunos meses que “la Sindicatura Social es de los ciudadanos y no de los partidos”, sin embargo, con esa responsabilidad honoraria aceptó la intromisión del dirigente municipal de su partido, Raúl Felipe Luévano Ruíz, para que lo designara como coordinador de la fracción del PAN en el cabildo de Tijuana, en sustitución de Luís García.
Asimismo, su proclividad a conseguir a ultranza una nominación para contender por un cargo de elección popular en el 2016, el Síndico Social se ha desentendido de su responsabilidad de implementar los mecanismos para la vigilancia de las obras públicas y programas estratégicos del Municipio, conjuntamente con las dependencias y Entidades Paramunicipales encargadas de ello, motivando que la poca seriedad del gobierno de Jorge Astiazarán haya afectado a una serie de comerciantes y habitantes de la ciudad en donde se han desarrollado obras que, por su inocultable retraso en la culminación, han provocado pérdidas económicas de consideración a los tijuanenses.
Mientras que las atribuciones de Esquer Peraza son las de participar en la elaboración y vigilancia de programas de desarrollo social; recibir quejas de la sociedad; propiciar la participación ciudadana; nombrar y remover al personal a su cargo, ha sido ésto último en lo que se ha enfocado porque lo ha estado armando como su equipo de trabajo para cuando considere que sea oportuno participar como abanderado panista a cualquier cargo de elección. Es decir, la Sindicatura Social ha sido utilizada como una agencia de colocaciones en la que cobran un sinnúmero de “aviadores” sin que ningún ente gubernamental de los tres niveles haya motivado una auditoría al gordo presupuesto que gasta sólo en nómina.
Desde que se creó la Sindicatura Social, sólo con facultades de participación y vigilancia, sin poder de decisión ni sanción, surgió la sospecha de que se trataría de una medida legislativa para vender la imagen de que se estaba ciudadanizando al gobierno, cosa más falaz que se ha constatado con la presencia de Esquer Peraza en esa posición. Desde entonces se supo que esas facultades vacías colocarían a la sindicatura social en posición de un cero a la izquierda, y no ha servido de nada ni resuelto nada.
En ese sentido, hubiese sido de más utilidad una reforma desde la Constitución federal que permitiera la elección del Síndico Procurador, pero fuera del órgano de gobierno municipal, es decir, que lo erigiera en un organismo constitucional autónomo de fiscalización y anticorrupción.
Porque en su actual posición, el Síndico Procurador es juez y parte.
Es parte porque integra al máximo órgano de gobierno y de administración del Ayuntamiento y es juez porque a él corresponde investigar y sancionar los actos de gobierno que no se apeguen a la legalidad. Ese esquema es obsolescente y por ende no puede actuar en contra del llamado Síndico Social.
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