QPBC Mexicali, B. C., martes 10 de febrero de 2015.- La Comisión de Justicia (CJ) del Congreso del Estado, que preside el
diputado Juan
Manuel Molina García, aprobó hoy por unanimidad los dictámines 25, 26, 28, 29 y
30, que contienen iniciativas de reforma en torno a los temas del feminicidio,
el secuestro, la protección a la víctima del delito y la justicia para
adolescentes.
El primer dictamen avalado de manera
unánime por este órgano legislativo, fue el número 25, el cual contiene una
iniciativa de reforma propuesta por el diputado Roberto Dávalos Flores, que
adiciona el artículo 353 bis al Código de Procedimientos Civiles de Baja
California.
Dicha
adición tiene el propósito de que sean contempladas reglas para recabar el testimonio
de menores de 18 años cuando se vean involucrados en juicios de orden familiar;
ello en el sentido de que previo a su desahogo, el juez deberá contemplar una
serie de condiciones óptimas para no afectarlos emocionalmente con la práctica
de la prueba.
En
segundo término, por medio del dictamen 26 la CJ avaló modificaciones a la Ley
de Justicia para Adolescentes del Estado, presentada por el Poder Ejecutivo,
para fusionar el Centro de Diagnóstico y el Centro de Ejecución en una misma
infraestructura, con un solo organigrama y bajo una única dirección, el cual se
denominará Centro de Tratamiento para Adolescentes en el Estado, lo que traerá
un tratamiento más ágil en beneficio de los menores de edad.
Por
otro lado, se aprobó el dictamen 28 que contiene reformas sugeridas por el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid, con la finalidad de que la reparación
del daño en el delito del secuestro, comprenda también los gastos alimentarios,
de transporte y hospedaje.
Esta
iniciativa también sugiere la improcedencia de la sustitución de la pena por
dicho delito, salvo que el sentenciado colabore sustancialmente con la
autoridad, proporcionando información que lleve a la captura de otros miembros
de la delincuencia organizada o dedicados al secuestro, o a la localización y
liberación de víctimas.
Asimismo
fue avalado el dictamen 29, para reformar los artículos 129 y 293 del Código
Penal del Estado, con el objetivo de adecuar siete fracciones al tipo penal de
feminicidio, lo cual coadyuve a una mejor aplicación del mismo al juzgador, así
como constituir el tope mínimo y máximo de la sanción pecuniaria aplicable, el
cual será de 20 a 50 años de prisión.
La
inicialista de esta reforma es la legisladora Nereida Fuentes González, quien
promovió que el artículo 129 del Código Penal quede como sigue: “Feminicidio:
Comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o
varias mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de
género, cuando se de una o más de las siguientes circunstancias:
I.- Haya existido
entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad;
II.- Haya existido
entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otra
que implique confianza, subordinación o superioridad;”
Por otro lado, la modificación al
artículo 293 del Código Penal establece sancionar, “Cuando el servidor público
retarde o entorpezca maliciosamente, la procuración o administración de
justicia respecto del tipo penal previsto en el artículo 129 de este código”.
Por último, fue aprobada una
iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Atención y Protección
a la Víctima o el Ofendido del Delito de Baja California, propuesta por el
diputado Mario Osuna Jiménez y contenida en el dictamen número 30, con el
objeto de otorgar medidas de protección a los sujetos procesales, como lo son
la víctima y el ofendido, durante la averiguación previa.
Durante
la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia de la XXI Legislatura, estuvieron
presentes los legisladores Juan Manuel Molina García, presidente; Roberto
Dávalos Flores, secretario; y los vocales Gustavo Sánchez Vásquez, Nereida
Fuentes González y Rosalba López Regalado.
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