Se pedirá a las autoridades que la Planta Desaladora proyectada se instale en El Sauzal o Maneadero
Mexicali, B.C., viernes 25 de enero de 2013.- El Congreso del Estado exhortará a las autoridades de los tres niveles de gobierno a efecto de que el Humedal “La Lagunita”, ubicado en el Naranjo, del municipio de Ensenada, sea declarado área natural protegida.
La propuesta fue presentada por el Diputado Francisco Sánchez Corona durante la sesión ordinaria de la presente semana y respaldada por el Pleno de la Asamblea, en el sentido de que esta Soberanía envié atento exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, para que atienda la solicitud presentada en el Pleno de la Cámara de Diputados Federales, el pasado 23 de noviembre del 2010.
Dicha solicitud fue en el sentido de que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se hagan las gestiones necesarias para que el citado humedal, sea decretado área natural protegida.
Asimismo, que esta Soberanía exhorte al Gobierno del Estado para que tome las medidas administrativas correspondientes, a efecto de que la instalación de la planta desaladora que se pretende instalar en Ensenada, se ajuste al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada 2030, que marca como zonas aptas para la instalación de usos especiales a los sectores del Sauzal y Maneadero.
Finalmente, que el Congreso local gire exhorto al Gobierno Municipal de aquel puerto, para que analice y atienda las observaciones de los grupos ciudadanos y Colegios de Profesionistas, vertidas en el proceso de consulta para modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada 2030, mediante el cual se pretende instalar una planta desaladora en el Sector Chapultepec.
Sánchez Corona señaló que a pesar de muchos esfuerzos para salvaguardar a La Lagunita, no ha sido posible contener el deterioro ambiental, y el Humedal hoy se encuentra amenazado, además de los problemas de contaminación, como la descarga de aguas de desecho de una planta empacadora cercana, y la presión del uso de suelo con proyectos inmobiliarios y turísticos, por la acción concertada del Gobierno del Estado, la Coparmex y Canadevi, en su intento de modificar el entorno para instalar la desaladora.
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