Es procedente una controversia constitucional y amparos basados en el perjuicio
a la economía familiar
Están privatizando los servicios para convertir el producto en una mercancía y no en un derecho fundamental de los ciudadanos
Tijuana,
Diciembre 22, 2016.- La fracción parlamentaria del partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se opone tajantemente a la nueva
Ley del Agua que aprobaron los diputados de la fracción del PAN con la
complicidad del PRD y Movimiento Ciudadano, expresaron los legisladores Víctor
Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez.
Los representantes
populares mencionados expresaron que esta ley es el inicio de la privatización
del servicio de agua potable, además de que lastimará la economía familiar de
los bajacalifornianos, ya que contempla incremento en las tarifas, y determina
suspensión del servicio a quien incumpla con el pago por más de 90 días.
Evidentemente, apuntan,
“no tenía por qué aprobarse en esos términos, pero los panistas recurrieron al
mayoriteo, sin importarles la afectación a las familias de escasos recursos;
por lo que es procedente una controversia constitucional para echarla abajo”.
“Asimismo, proceden
amparos basados en el perjuicio al bolsillo de quienes menos tienen, así como
al desarrollo económico de la región”, advirtieron los diputados del partido
MORENA.
Víctor Morán manifestó
su reconocimiento a los diputados del PRI, PES, PBC y PT que votaron también en
contra, observando que se puede alegar anticonstitucionalidad porque la
controversial ley fue aprobada por mayoría simple y debió aprobarse por mayoría
calificada, lo cual obviamente no tienen los diputados panistas interesados en la
privatización del servicio.
El argumento de aplicar
la Ley de Participaciones Público Privadas (APP) es solamente un pretexto para “armar”
negocios entre los panistas actualmente en el poder, y privatizar un servicio
que debe brindar el Estado, no unos particulares, pues el agua no es una
mercancía, es declarada un derecho universal humano, replicó Víctor Morán.
Los puntos de controversia
de la nueva legislación que entraría en vigor a partir del próximo año se
centran en el dominio de la iniciativa privada en la “prestación total o
parcial del servicio público” que implican la ejecución de obras de
infraestructura hidráulica y proyectos; el aprovechamiento de las aguas
residuales tratadas y la administración, operación y mantenimiento total o
parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado.
Con la justificación de
“capitalizar, mejorar, ampliar y hacer más eficientes y eficaces los servicios
públicos”, contempla la concesión de servicio a través de contratos por
licitación o adjudicación directa de Asociación Público Privada (APP) y la
concesión de los bienes necesarios para la prestación del servicio.
Además, “las
concesiones se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar las inversiones
y obtener la utilidad razonable que debe percibir el concesionario el cual no
podrá exceder de treinta años pudiendo prorrogarse hasta por un periodo igual
al establecido inicialmente”, indica el documento.
A diferencia de la Ley
que reglamenta el Servicio de Agua y los Organismos Reguladores, en este nuevo
ordenamiento se establece la reducción o suspensión total del servicio de agua
potable a los usuarios morosos, lo que contraviene a tratados internacionales y
la Constitución federal.
De igual forma fija un
aumento a las tarifas de agua de alrededor de 20 por ciento, las cuales
entrarán en vigor el próximo año fiscal y se actualizarán por si misma a través
de una fórmula que considera la inflación, la Unidad de Medida y Actualización
(UMA), la estimación del Gasto corriente, incluyendo los costos de operación
fijos y variables del año; y el incremento en et índice Nacional de Precios al
Consumidor, por lo que cada año se incrementará la tarifa sin la necesidad de
ser aprobada por el Congreso.
Asimismo, la Ley
elaborada por el Poder Ejecutivo desaparecerá las cuatro comisiones de
Servicios Públicos, para dar paso a dos “Zonas Metropolitanas”: Zona Costa y
Mexicali; una abarcará el servicio de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y
Tecate, y la segunda operará el agua potable de la capital del Estado.
Asimismo marca que es
necesaria una nueva reglamentación en el servicio público del agua porque habrá
una disminución de 130 millones de pesos en participaciones federales y se
requiere de 22 millones de pesos para la reposición de herramientas y equipos
de trabajo de las brigadas de mantenimiento y laboratorios de agua potable y
residual.
