Por : Gilberto LAVENANT
El sistema político está armado y opera, en base a meras simulaciones. Por eso prolifera la corrupción.
Los órganos de fiscalización, hacen como que hacen y al final de cuentas, no hacen nada, o cuando tratan de hacer, resulta que ya prescribieron los presuntos delitos cometidos.
La legislatura estatal, es la responsable de autorizar las leyes de ingresos de todas las entidades públicas. Esto comprende los impuestos y derechos a cobrar durante determinado ciclo.
En base a esto, se elaboran los presupuestos de egresos, o sea los gastos en que se pretende aplicar lo recaudado.
Así como la legislatura aprueba las leyes de ingresos, tiene la facultad de vigilar el adecuado gasto de los ingresos. Para eso se apoya en el Organo Superior de Fiscalización.
El llamado Orfis, es un mountruo administrativo. Es quien revisa las cuentas públicas, mediante auditorías, emitiendo el dictamen correspondiente, el que debe remitir a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado.
En caso de detectar fallas, irregularidades o inconsistencias, respecto al gasto de determinada dependencia pública, debe hacerlas saber a la unidad de control interno correspondiente. La Contraloría del Estado, si se refiere al gasto delgobierno estatal. La Sindicatura Procuradora de cada ayuntamiento.
Pero de ahí no pasa. El Orfis no tiene facultades ejecutivas. Por ejemplo, no aplica sanciones, ni formula denuncias penales por la supuesta comisión de delitos. Tiene todos los elementos para hacerlo, pero no puede salirse del protocolo político que se le ha marcado.
La Comisión Fiscalizadoras del Gasto Público, integrada por diputados de todas las fuerzas políticas, es la encargada de determinar las posibles sanciones a funcionarios ineptos o corruptos.
Tratándose de funcionarios dotados de fuero constitucional, debe determinar su desafuero, mediante juicio político para ello. Hecho esto, entonces puede ser juzgado como “hijo de juan pueblo”. No se recuerda caso alguno. Generalmente todas las solicitudes de juicio político, son desechadas.
Entonces, se deja en manos de las Sindicaturas Procuradoras, el proceder penalmente en contra de los malos fucionarios. Pero nadie quiere comprometerse. Aduciendo exceso de trabajo, dejan que transcurra el tiempo, para que se “enfrie” el asunto o prescriba la acción penal.
En los casos, demasiado notorios, se formula la denuncia penal correspondiente, la que generalmente llega a parar al “archivo muerto”.
Son tantos los asuntos que son enviados al “archivo muerto”, que ya ha de ser una bodega.
Curiosamente, nadie se atreve a reclamar se lleve a cabo una auditoría adminisrtrativa a la Procuraduría de Justicia del Estado, para saber el estado que guardan denuncias formladas en contra de los exalcaldes de los cinco ayuntamientos de Baja California. Entre muchos otros, como el añejo caso de “El Facturagate”, surgido cuando se detectó que regidores del ayuntamiento de Tijuana, presentaron facturas falsas, para justificar el supuesto destino de los recursos que recibían.
Pero la opacidad empieza desde los órganos de fiscalización. Para todos ellos aplica la consigna de frenar, congelar o evitar, cualquier investigación o procedimiento, que pueda exhibir la corrupción prevaleciente.
Por ejemplo, el Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, registra un retrazo enorme respecto a las cuentas públicas.
Cuenta con un portal, en el que aparecen los informes de las últimas revisiones realizadas a cuentas públicas. Los más recientes, son relativos a cuentas del ciclo fiscal 2013.
En dicho portal se pueden leer dichos informes. Pero, curiosamente, no pueden ser copiados, ni impresos, por los ciudadanos. Están bloqueados o protegidos, para impedirlo.
Son documentos públicos. Las revisiones, cuestan enormes cantidades de dinero, proveniente de impuestos y derechos. Por lo tanto, todo ciudadano debe tener acceso a los mismos.
En las Sindicaturas Procuradoras, las cosas están peor. Las investigaciones respecto a casos de corrupción, son manejados como asuntos privados. Incluso, aunque hayan sido denuciados penalmente, se niegan a hacer revelaciones sobre determinado caso.
Es tanta la “privacidad” o “discreción” con que se manejan dichos órganos de fiscalización, que más que investigadores, fungen como cómplices de los presuntos corruptos.
Los políticos, se burlan de los ciudadanos. Como tratando de hacer aparecer que no está en manos de ellos combatir la corrupción.
A principio de noviembre pasado, el diputado panista, Cuauhtémoc Cardona, dijo que ninguna de las sindicaturas procuradoras, en Baja California, ha estado a la altura de las exigencias de la población. Le faltó añadir que la Contraloría estatal, tampoco. Que todas, por igual, son algo así como artículos de decoración.
Incluso, Cardona trató de justificar la ineficiencia de los órganos de fiscalización del gasto público, tanto el estatal como los municipales, argumentando que tienen un diseño jurídico, “mal concebido”.
Cardona se ha de haber mordido la lengua, pues olvidó que corresponde a los diputados, proponer las reformas legales, para acabar las deficiencias y lograr un efectivo combate a la corrupción. Que se acaben las simulaciones.
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