Por
: Gilberto LAVENANT
En la edad media, en
europa, los señores feudales eran aquellos individuos de las clases altas, a
los que los gobernantes o monarcas, les asignaban un territorio o feudo, con amplias
facultades sobre sus habitantes, tanto para el cobro de impuestos, como para
regular las actividades de estos.
Esa figura ancestral se
sigue aplicando, en la práctica, en la ciudad de Tijuana. Específicamente en el
Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez”. Es increíble lo que pasa.
Este puerto aéreo, es el
quinto más importante de la República Mexicana. En el 2013, manejó 4.2 milones
de pasajeros. En el 2014, la cifra subió a 4.4 millones. Sin duda alguna, es un
negocio sumamente redituable, para quienes lo operan.
Sin embargo, algo irónico
y absurdo, es que quienes manejan este aeropuerto, se niegan a contribuir para
el gasto público de la ciudad. En especial, se niegan a pagar el impuesto
predial. Según ellos, no están obligados a pagar impuestos a las autoridades
locales, por tratarse de una concesión federal, o sea un inmueble del gobierno
federal.
Pero no solo eso, las
empresas privadas, que operan dentro de sus instalaciones, habían venido
funcionando al margen de la ley. Sin cumplir o acatar ninguna disposición
contenida en reglamentos municipales.
Durante varias
administraciones municipales, han realizado infructuosos intentos por obligar a
los administradores del aeropuerto, al menos a pagar el impuesto predial. No
respecto de las extensiones de terreno en las que se ubican las instalaciones
para la prestación del servicio público del transporte de pasajeros. Sería una
exageración, pues el monto a pagar sería elevadísimo y eso se reflejaría en las
tarfifas de este servicio público federal.
Al menos sobre las zonas
que utilizan para la operación de empresas mercantiles diversas, respecto de
las cuales, conforme a criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí
hay obligación de tributar.
Resulta, que a fin de determinar
los montos que deben pagar, de impuesto predial, por las zonas comerciales,
personal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, recientemente se dedicó a tomar
medidas de las mismas.
Pues bien, durante la
realización de estos trabajos, se detectó, que dichas empresas privadas,
operaban al margen de la ley. Sin acatar ninguna disposición o reglamento. Es más,
ni siquiera contaban con licencia de operación municipal.
Al parecer, los
administradores del aeropuerto, los tenían convencidos de que no estaban
obligados a nada, por estar ubicados dentro de zona federal. La única obligación
era pagar renta a la administradora del puerto. Y conste, montos sumamente
elevados.
El 15 de diciembre del
2014, en forma conjunta con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor,
elementos de Inspección y Verificación Municipal, así como de la Dirección de Administración Urbana, realizaron
un operativo que concluyó con la clausura temporal de 22 empresas privadas, que
operan en las zonas comerciales de dicho aeropuerto.
Casas de cambio, agencias
de viajes, importadoras, farmacias, expendedoras de productos diversos, tales
como alimentos, renta de automóviles, bebidas y abarrtotes. Incluso los
estacionamientos de automóviles.
Los propietarios de
dichas empresas, algunas de las cuales operan en puntos diversos de la ciudad y
por lo tanto conocen perfectamente los requisitos que deben cubrir para su funcionamiento,
evidentemente apenados, por haber creido que efectivamente no tenían obligación
alguna con las autoridades municipales, en el menor tiempo posible acudieron a
regularizarse.
¿Quien o cuál es la
empresa, insolente e indolente, que administra aeropuerto tan importante, que
además de negarse a contribuir con el gasto público de la ciudad, pretende que
las empresas privadas que operan dentro de sus instalaciones, no paguen
impuestos al gobierno municipal, ni respeten o acaten reglamento alguno?
Son inversionistas españoles,
identificados como Grupo Aeroportuario del Pacífico, a través de la empresa
mercantil denominada Aeropuerto de Tijuana, S.A. de C.V. Quizás de ahí las
costumbres o prácticas feudales.
El GAP, opera en total 12
aeropuertos, en las regiones del Pacífico
y centro de México. Fue integrado en 1998, aprovechando el proceso de apertura
del sistema aeroportuario mexicano a la inversión privada. Sin duda alguna, sus
ingresos son multimillonarios.
En el 2013, atendió a 23.2
milones de pasajeros. El 80% en los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Los
Cabos y Puerto Vallareta.
¿Cómo es posible, que
estos tipos vengan a explotar las bondades de Tijuana, sin contribuir al gasto
público de la ciudad?
¿Cómo es que el gobierno
federal, permite a estas empresas, actuar como señores feudales y sin guardar
el mínimo respeto a las autoridades locales?
¿Dónde están los
Senadores y Diputados Federales por Baja California, que nada hacen al respecto?
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