México D.F. Con el Departamento de Seguridad Territorial (DHS) a la cabeza, varias agencias de inteligencia de Estados Unidos han investigado en los últimos meses los nexos políticos del empresario José Susumo Azano Moritani en México, Medio Oriente y en ese país, para determinar los apoyos y razones por las cuales encabeza un litigio en contra de Sempra.asegura el informe, apoyó la campaña de González Uyeda para gobernador de Jalisco y la campaña del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán.
Con el Departamento de Seguridad Territorial (DHS) a la cabeza, varias agencias de inteligencia de Estados Unidos han investigado en los últimos meses los nexos políticos del empresario José Susumo Azano Moritani en México, Medio Oriente y en ese país, para determinar los apoyos y razones por las cuales encabeza un litigio en contra de Sempra, la empresa de gas natural que abastece el mercado en la costa oeste norteamericana.
Uno de los reportes, que varios miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto recibieron de manos de altos funcionarios estadunidenses, indica que Azano Matsura y su padre están ligados a muchos prominentes y controversiales políticos mexicanos.
Sus conexiones incluyen al ex gobernador de Jalisco y hoy embajador de México en España, Francisco Ramírez Acuña, así como al diputado Abraham Kunio González Uyeda, y muchos más miembros del Partido Acción Nacional (PAN).
El informe dice que los aliados políticos de Azano Matsura han sido acusados por grados variables de corrupción.
Matsura, asegura el informe, apoyó la campaña de González Uyeda para gobernador de Jalisco y la campaña del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna.
"Según se informa, él recibió varios contratos como premio, a cambio de sus significativas contribuciones de campaña, especialmente premios en el sector de telecomunicaciones", señala.
De acuerdo con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, aunque Matsura tenía fuertes vínculos con el PAN, también contribuyó en las campañas de los priistas Mario López Valdez Malova, en Sinaloa, y Gabino Cué, en Oaxaca.
El empresario nacido en Guadalajara ha negado vínculos políticos de esa naturaleza, y en el caso de Nava, ha señalado que sólo lo ha visto una vez en su vida.
Sin embargo, los espías de Estados Unidos detallan que Matsura financió otras campañas del PAN, como la de Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco; la de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, y otros candidatos, cuando César Nava se lo pedía.
También lo ligan con el general Acosta Chaparro, quien fue asesinado en abril de 2012, y quien fue acusado de tener nexos con el Cártel de Juárez.
Como informó 24 HORAS, en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos, el litigio por el terreno donde la empresa Sempra tiene su planta en Ensenada, Baja California, es el problema más grave entre las dos naciones.
Para Estados Unidos, Sempra, que abastece de gas natural a toda la costa oeste de ese país, que incluye a California, la octava economía del mundo, es un asunto de seguridad nacional, por lo que tienen bajo investigación a José Susumo Azano Matsura, a quien ven como el factor de ese riesgo.
Su papel central en el caso de Sempra es porque financia a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien alega que una parte de los terrenos donde la principal empresa de gas natural de Estados Unidos y abastecedora en todo el noroeste de México de la CFE construyó su planta en Ensenada, eran de él.
Los recursos que inyecta y las conexiones políticas que mueve el empresario en México y Estados Unidos son los que despertaron la preocupación en Washington por la dualidad de buscar que Sempra parara sus operaciones en Ensenada y de mantener amplias relaciones con países del Medio Oriente.
Los agentes estadunidenses investigan en bases de datos públicas, como LexisNexis y Google, realizan también consultas con fuentes del gobierno mexicano y examinan todos los contratos del gobierno de EU.
Pero también realizan un intenso trabajo de campo.
Por ejemplo, han contactado a pilotos del empresario para ofrecerles protección y mucho dinero, si se atreven a grabar conversaciones de Azano Matsura o a declarar ante las autoridades estadunidenses que transporta efectivo en sus viajes.
Que no son pocos.
La gente que conoce al empresario dice con sorpresa que es un hombre que viaja más de 900 horas cada año.
Pero se ha dado tiempo para pelear con Sempra y se siente confiado.
Hace una semana en Estados Unidos comenzaron con un proceso de mediación de las partes, después de una declaración jurada.
La empresa estadunidense desistió, en la Corte de Distrito del Sur de California, a seguir luchando, el pasado 1 de febrero.
El periodo para mediar comprende 90 días hábiles, si las partes no llegan a un acuerdo, se regresa la demanda al juzgado y empieza el juicio en los siguientes 10 días.
Este proceso es sólo para calcular el tamaño del daño y los costos, para acordar una cifra de indemnización.
Además, Azano Moritani contrató a Peter Khan, abogado de Williams & Conolly, la firma que defendió al ex presidente Bill Clinton durante el escándalo de Monica Lewinsky.
Sempra
Energy viola normas ecológicas en planta de BC
Posted:
enero 17, 2011 by cronicadesociales in Corrupción, Información Nacional,
Movilizaciones, Pensamiento crítico, Resistencias
Etiquetas:
Ecología y Medio Ambiente 0
Foto
BajaAerial
Roberto
Garduño/ La Jornada/ 17 de enero de 2011
Tijuana,
BC, 16 de enero. La irregular instalación de la planta de gas natural licuado
en playa Costa Azul, en Ensenada, desató un nuevo escándalo de corrupción en
torno a la trasnacional Sempra Energy, que ya enfrenta un proceso de revisión
de sus prácticas mercantiles en Estados Unidos.
Además de
violar el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del corredor
costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren) –publicado en noviembre de 2001–,
Sempra no cumplió con dotar de una área de amortiguamiento (salvaguarda o
seguridad) a la planta regasificadora. Aquella zona se debería destinar a
garantizar la integridad de los asentamientos humanos que circundan los terrenos
de la empresa.
En
particular eso fue lo que develó la trama de complicidades y colusión entre la
trasnacional y autoridades mexicanas con el fin de asentarse sin complicaciones
en Baja California. En el proceso de adquisición de los predios para abrir la
zona de amortiguamiento se valió de sus relaciones con el gobernador Eugenio
Elorduy.
La compra
ventajosa del total de tierras estuvo a punto de rendir los frutos deseados por
Sempra, obligada a conjuntar el área requerida por la norma oficial mexicana,
que establece una zona de exclusión de mil hectáreas y una de amortiguamiento
de 3 mil. Tal obligatoriedad es similar a la adoptada en Australia, en atención
al nivel de riesgo que implican las plantas regasificadoras.
Fallas en
la estrategia
Sempra Energy
se allegó de todos los medios posibles, dentro y fuera de la ley, para adquirir
a bajo precio los terrenos aledaños al área de exclusión. La estrategia de
compra se complicó cuando en acuerdo con las autoridades del gobierno de
Eugenio Elorduy, despojó a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie de su propiedad al no
llegar a un acuerdo económico.
El gobierno
estatal y la trasnacional simularon una operación de compra del terreno que
pertenece a Sánchez Ritchie. El gazapo de los autores de la trama del despojo se
evidenció de inmediato: la señora Elodia Gómez Castañón, fallecida el 10 de
octubre de 2004, autorizó la venta de su supuesta propiedad el 31 de enero de
2006, según lo certificó el notario número cinco en Ensenada, Diego Monsiváis
Franco.
Tan pronto
como se asentó la operación en el Registro Público de la Propiedad, la
administración del Elorduy ordenó a la policía estatal el desalojo de Sánchez
Ritchie –quien ahora se encuentra exiliado en San Diego–, sumando a su
expediente una acusación por despojo en perjuicio de la fallecida Elodia Gómez
Castañón.
Aquello fue
denunciado por el ex contralor de Sempra Energy, Rodolfo Michelón, quien aceptó
haber avalado en 2006 la entrega de un cheque por 8 mil 200 dólares para el
pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Baja California días antes del
desalojo de Sánchez Ritchie.
El proceso
legal por despojo contra el auténtico dueño de los terrenos pretendidos por
Sempra comenzó en 2006, y tras cuatro años de diligencias, el juzgado cuarto
penal en Ensenada concedió la razón a Sánchez Ritchie y ordenó la devolución
inmediata a éste. Así también, el pasado 24 de mayo, el juez primero de lo
penal declaró insubsistente la orden de aprehensión en su contra.
Desde
entonces, Sánchez Ritchie se vio obligado a cambiar su residencia a San Diego,
California, ante la persistencia de amenazas en su contra.
Una vez que
Sempra Energy se vio obligada a restituir los terrenos a Sánchez Ritchie, el
área de amortiguamiento de la planta regasificadora dejó de cumplir la norma
mexicana y aun así continúa recibiendo y almacenando el gas proveniente de
Indonesia, sin considerar los riesgos para los asentamientos humanos aledaños y
la ecología de Costa Azul.
La
trasnacional demuestra que su único interés radica en mantener los niveles de
producción y con facilidad se escuda en el respaldo de autoridades y la
legislación mexicana sobre el sector, que le garantiza su operación.
Así quedó
de manifesto cuanco Darcel L. Hulse, presidente de Sempra NLG, señaló al
recibir la noticia de la pérdida del juicio sobre el terreno despojado a
Sánchez Ritchie: la propiedad fue adquirida por la empresa mucho tiempo después
de que se obtuvieron los permisos para la terminal de gas licuado natural (de
Costa Azul), y dicha propiedad no se requiere por ningún motivo para la
operación de la misma
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