Por : Gilberto LAVENANT
El tema de las evaluaciones, es uno de los factores comúnes entre la reforma educativa, que muchos identifican como mera reforma laboral y el informe presidencial, el primer informe del Presidente Enrique Peña Nieto, relativo a sus primeros 9 meses de gestión administrativa.
Las leyes propuestas por Peña Nieto, generaron enormes polémicas, básicamente por la pretensión oficial de evaluar a los docentes y la intención de cesarlos, si luego de tres oportunidades, resultan reprobados. Esta es la principal bandera que enarbolan quienes han bloqueados las principales vialidades y tienen sitiada la zona central del Distrito Federal, causando serios daños a instituciones públicas y privadas, movimiento al que se han sumado agitadores profesionales.
Alguien estableció la hipótesis de que si se garantiza que los docentes están capacitados para educar, lo que se corrobora con las evaluaciones periódicas, se elevará el nivel educativo, y niños y jóvenes estarán mejor preparados para tener mayores oportunidades y mejores condiciones de vida. Por eso la necedad de tales reformas legislativas.
Nadie les ha explicado a estos tecnócratas, que la preparación o capacitación de los docentes, es solamente uno de los factores que inciden en el rendimiento educativo. Quizás el factor menos importante. No entienden, y no reconocen, que por decreto, no se mejora la educación, cuando niños y jóvenes tienen hambre, se desarrollan en zonas precarias, con altos índices de violencia, con padres desempleados, con viviendas sin los más elementales servicios.
Como tampoco, por simple decreto, se abren más espacios educativos en los diversos niveles, ni se hace realidad el derecho a la educación, ni se crean fuentes de trabajo con salarios remunerativos, para los miles de nuevos de profesionistas que egresan de instituciones de educación superior, o al menos para que no se sumen a las filas de los desempleados, los jóvenes que por una u otra razón desertan del camino de la educación.
Muchos decían que, con la detención de Elba Esther Gordillo, el Estado recuperaría la rectoría de la educación, y esto no ha sido cierto. Muchos afirman que el evaluar y cesar a docentes reprobados, la educación será de mayor calidad. Pronto comprobarán que esa acción es una simple falacia, un paliativo para un mal crónico. También se debe evaluar a las autoridades educativas y cesar a los incapaces y arbitrarios, sobre todo a los corruptos.
Quienes se oponen a estas evaluaciones, reclaman que primero se apliquen a los propios evaluadores. En especial, que se evalúe también a los legisladores que aprobaron tales propuestas legislativas, y que también se les cese en caso de que reprueben.
A propósito de evaluaciones, irónicamente, todo indica que en sus primeros 9 meses de gestión administrativa, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido reprobado por la mayoría de los mexicanos. Al menos así lo indica una encuesta que realizó al respecto la empresa encuestadora Consultas Mitofsky.
Lo peor, es que le dan la más baja calificación de tres de los últimos cuatro Presidentes de México. El 56%, lo que en las escalas de las evaluaciones escolares, implica reprobado o no aprobado. En el mismo período, solamente supera a Ernesto Zedillo, que obtuvo un 44%, pero resultaron mejor calificados, Vicente Fox, con un 62%, Felipe Calderón, con el 66% y Carlos Salinas de Gortari, con el 70%.
La justificación a tan baja calificación, por parte de algunos políticos, es que Peña Nieto escogió el camino de las reformas estructurales, que permitirán, según ellos, impulsar la economía mexicana en los principales aspectos, como la energética, telecomunicaciones e incluso la educación.
Sin embargo, reconocen que los efectos por tales reformas, no se notarán a corto plazo. Van 9 meses en que la gestión peñanietista ha ido por ese rumbo. Optó por la negociación con las principales fuerzas políticas y ha sido tolerante ante exigencias o reclamos, establecidos como condición para avalar las reformas estructurales.
La cuestión es que las expectativas de los mexicanos, respecto a posibles mejores condiciones de vida, a partir de la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República, han ido de más a menos. La inseguridad, la hambruna, el desempleo, el desaliento social, siguen casi igual. O peor.
El problema es que seis años de gobierno, no bastarán para reactivar la economía mexicana. Apenas si alcanzará para establecer las bases para ello. La oposición sistemática de los rivales políticos, básicamente panistas y perredistas, implica un pesado lastre que dificulta la marcha hacia el progreso.
El proyecto transformador de México, requiere de planes y acciones que trasciendan varios sexenios. En especial, que los gobiernos subsecuentes, no varien el rumbo, que sea algo así como un relevo de estafeta.
Así mismo, que sean gobiernos decididos a combatir la corrupción a fondo, y no simples “llamaradas de petate”. Que sea una realidad el Estado de Derecho. Que quien la haga, la pague. Que la administración pública, ya no sea fuente generadora de nuevos ricos, y que deje de ser generosa tan sólo con los ricos, pero tacaña e insensible con los pobres.
Si el Presidente Enrique Peña Nieto, fuese docente, conforme a la reforma legislativa propuesta por él, tiene que preocuparse por realizar sus máximos esfuerzos, para que en el segundo año no vuelva a ser reprobado. Aplicando aquello de que “con la vara que midas, serás medido”. Que se apliquen las evaluaciones, pero a todos por parejo. O todos coludos, o todos rabones. Y a los legisladores también.
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