Demanda por 410 millones de pesos de propietarios de verificentros al Gobierno del Estado
**Son 12 de los 16 propietarios que sostienen su demanda por
el delito de “Responsabilidad Patrimonial”
**De perderse afectaría aún más los deteriorados
presupuestos a Seguridad Pública y Desarrollo Social
Mexicali.-Una demanda de
12 de los 16 propietarios de verificentros
en contra del Gobierno del Estado por el delito de “Responsabilidad Patrimonial”, puede
costarles a los ciudadanos de Baja California cerca de 410 millones de pesos, informó el diputado del PRD,
Roberto Dávalos Flores.
El diputado presidente de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, expuso que la demanda es real y los doce
demandantes representan tres cuartas partes del total de los verificentros
instalados.
El diputado del ala progresista del PRD, dijo que estos son los efectos colaterales
negativos de la corrupción de la pasada
administración y protegida por el actual gobierno.
Roberto Dávalos,
manifestó que las demandas interpuestas
son contra: La Secretaría de Protección al Ambiente, Secretaría de
Planeación y Finanzas, Sub Secretaría de Finanzas, Procuraduría Fiscal y
Dirección de Ingresos del Gobierno del
Estado de Baja California.
“Es importante que el Gobierno del Estado, salga a
explicarle a los ciudadanos como es
que no va a perder este caso. De
perderlo se estaría pagando una cantidad exorbitante, totalmente fuera
del presupuesto de egresos y causaría severos daños a los de por sí disminuidos presupuestos de
seguridad y desarrollo social, por citar un ejemplo”, precisó.
A esto se sumaría la cantidad de 74 mil 750 pesos
adicionales que hasta ahora son pagos que han hecho los dueños de los
verificentros a personal que los ha
demandado al haber sido despedidos.
Los propietarios de estos centros exponen que
estas demandas fueron provocadas por que no empezó en tiempo y forma el
programa de verificentros como lo había aprobado la legislatura pasada.
Roberto Dávalos,
expresó que esta cantidad de
dinero –de perderse la demanda- se iría a
los bolsillos de empresarios
radicados en la Ciudad de México y se llevarían su “mochada” políticos y
coyotes locales de diferentes dependencias públicas que impulsaron el programa
corrupto de los verificentros en la entidad.
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