El propósito es que los diputados tengan una mejor herramienta de gestión ante los otros poderes, para resolver problemas de la comunidad
Mexicali, B. C., miércoles 4 de septiembre de 2013.- El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad una iniciativa que reforma la Constitución del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la cual las entidades gubernamentales estarán obligadas a responder a los exhortos del Poder Legislativo en un máximo de 30 días.
En la exposición de motivos, los promotores de dicha modificación legal, diputados Gregorio Carranza Hernández y Arcelia Galarza Villarino, argumentaron que ésta se nutre y motiva en el principio de la división de poderes en cuanto al desarrollo de la función pública.
Explicaron que aspira a generar una mayor atención y respeto a los exhortos que el Congreso manda a los otros poderes del Estado, los cuales contienen generalmente demandas sociales que deben resolverse en bien de la ciudadanía.
Puntualizaron que por medio de los puntos de acuerdo subidos a tribuna por los legisladores, se trata de cumplir con la voluntad ciudadana y obligarse en la medida de sus facultades constitucionales y legales, a dar respuesta puntual a aquel ciudadano o grupo organizado, que requiera atención de sus gobernantes.
En ese sentido, señalaron que se intenta cumplir cabalmente con lo especificado en el artículo 14 de Constitución local, que dice lo siguiente:
“Los diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del Estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones”.
Por todo lo anterior, los asambleístas Gregorio Carranza y Arcelia Galarza afirmaron la pertinencia de esta reforma que procura el respeto incólume de los acuerdos parlamentarios del Poder Legislativo, ya que representan —dijeron— las expresiones y demandas genuinas de sus representados.
De esta forma, queda especificado en la ley que los funcionarios de los otros poderes del Estado estarán obligados a:
“Dar cuenta de manera formal al Congreso del Estado, de la situación que guarda su ramo o el sector correspondiente, así como dar trámite y respuesta formal y puntual, a los puntos de acuerdo o exhortos remitidos por el Congreso, en un plazo que no exceda de 30 días naturales”.
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