QPBC.
Ensenada a 01 de octubre de 2017.-Los proyectos de agua para
resolver el problema de abasto para la entidad se mantienen en la opacidad y la
información que las autoridades proveen es la que ellos quieren y no satisfacen
las dudas de la sociedad, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la
industria de Transformación delegación Ensenada (Canacintra).
Jorge Cortés Ríos, dijo que, aunque hay versiones
periodísticas que establecen al ganador como un consorcio internacional integrado
por las empresas NuWater de Estados Unidos, Degremont de Francia y la mexicana
NSC Agua, que firmaron el contrato bajo el esquema de Asociación
Público-Privada (APP) para construir y operar por 40 años una planta desalinizadora
de agua en Playas de Rosarito, no se sabe más.
Se habla de una inversión de 9 mil 891 millones de pesos
en dos etapas de la construcción, la primera que teóricamente empezaría este
año para producir 2.2 metros cúbicos de agua por segundo y la segunda para
terminarse en 7 años para completar los 4.4 metros cúbicos, refirió.
Sin embargo, advirtió, el gobierno solo responde
parcialmente a los cuestionamientos de la sociedad, particularmente a los
grupos organizados de la iniciativa privada cuando se demanda conocer los
términos del contrato.
Nadie conoce con certidumbre los efectos que el contrato pueda
tener en los costos o tarifas que se tenga que pagar por esa agua, el impacto en
la competitividad de las empresas y en las finanzas del estado por la
obligación de comprar agua a ese consorcio por un término de 37 años que dura
la concesión, cuestionó.
Se sabe que el gobierno del estado tendrá que pagar 149
millones de pesos mensuales por compra obligada de agua a la empresa; mil 788
anuales lo que suma casi 70 mil millones de pesos en el tiempo que dura la
concesión; pero no se tiene claro si es por el suministro de los 2.2 metros de
la primera etapa o por los 4.4 del total de la producción.
Las condiciones en la disponibilidad de agua cambian, por
lo que es posible que en los próximos 40 años y con el cambio climático que
puede tener un efecto negativo, pero también positivo en las precipitaciones
pluviales, pueden hacer suficiente el flujo de agua por lo menos en algunos
años, por lo que es necesario prever esa posibilidad en el contrato.
QUE HAYA LIBRE COMPETENCIA
Por otra parte, manifestó Cortés Ríos, si el gobierno
requiere comprar agua, debe dejar abierta la posibilidad para que cualquier
inversionista privado que quiera la produzca y la oferte al mejor precio
posible al estado y particulares, con lo que se fomentaría la inversión,
generación de empleos y la libre competencia.
“Que el gobierno diga cuánta agua necesita y
cuánto está dispuesto a pagar sin afectar a la población para que particulares
decidan invertir sin empeñar el futuro”, insistió.
Atando al estado –que no al gobierno- a una sola empresa
se corre el gran riesgo de afectar el destino de la población a verse obligada
a pagar costos innecesarios, ya que, con el avance de la tecnología, en poco
tiempo puede haber alternativas más baratas para producir agua desalada,
advirtió Cortés Ríos.
Mientras que en la extracción y refinación de
combustibles y en la generación de energía eléctrica se está liberando la
producción, señaló, en Baja California pareciera que el gobierno está
interesado en crear monopolios.
Por otra parte, explicó que, aunque legalmente los
alrededor de 70 mil millones de pesos legalmente puedan no representar una
deuda, técnicamente si lo es, ya que se trata de pagos por compra obligada.
Además, más allá de lo que establece la Ley, en la
operación de las APP no están muy claras las reglas y los candados para evitar
el conflicto de intereses, por lo que es necesario que explique muy bien los
proyectos y brinde la información suficiente, exigió el presidente de
Canacintra.
Finalmente, el dirigente empresarial hizo un
exhorto a los diputados del Congreso del Estado para que pongan especial
cuidado en toda la información de costo beneficio, impacto social y en los
aspectos financieros, para no comprometer el futuro del estado y su población
por decisiones precipitadas.
Prever el suministro futuro de agua para
Tijuana es importante, pero no urgente, hoy esa ciudad no sufre desabasto, por
lo que hay tiempo para hacer un análisis a fondo antes de aprobar cualquier
proyecto para que represente una solución y no un problema más, dijo.
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