La medida también incluye en su caso, declaración de
intereses y a los alcaldes
Pretende con iniciativa de reforma a Constitución y Ley de
Transparencia otorgar herramientas para que ciudadanía evalúe desempeño honesto
de gobernantes
Legislador lamenta que en 2 años de administración estatal,
se hayan visto involucrados funcionarios estatales como Trejo Dozal y Antonio
Valladolid, entre otros
Mexicali, B.C. de noviembre de 2015.- “En el presente
resulta inconcebible la rendición de cuentas sin los medios para transparentar
el comportamiento público de nuestros gobernantes”, indicó el diputado David Ruvalcaba
Flores al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan varios artículos de la Constitución local y de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California.
Agregó el legislador del Partido Revolucionario Institucional
que con la presente reforma se propone que dentro de las obligaciones del
gobernador del Estado y alcaldes, se encuentre poner mediante los portales
electrónicos institucionales de obligaciones de trasparencia, su Declaración
Patrimonial y en su caso Declaración de
Intereses, otorgándole así una herramienta al ciudadano de
evaluar el ejercicio y desempeño honesto de quienes los gobiernan.
En su exposición de motivos, señaló que al transitar hacia a
una sociedad cada vez más participativa y demandante, la publicidad y escrutinio
de los ciudadanos de las declaraciones patrimonial y de intereses de los
servidores públicos, se convierte en uno de los nuevos debates del derecho a la
información, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; sin
embargo en esta discusión se encuentra inmersa una situación de mayor calado y
de fondo, como lo es la confianza y credibilidad de la sociedad en las
instituciones públicas y funcionarios.
Por lo que respecta a nuestro Estado, dijo que en tan sólo
dos años de ejercicio de la actual administración estatal, lamentablemente Baja
California ha sido noticia en todo el país por los actos de corrupción en que
se han visto involucrados funcionarios de
primer nivel, por ejemplo, cabe recordar la excarcelación del primer
Secretario General de Gobierno del Estado, Guillermo Trejo Dozal, a meses de
haber iniciado su gestión.
También se refirió al otorgamiento de la concesión millonaria
para el suministro de placas metálicas y calcomanías para la Secretaría de Planeación
y Finanzas, contrato que adjudicó el actual Secretario, Antonio Valladolid
Rodríguez a la entonces desconocida empresa, Lazos Internacionales, S.A. de C.V.,
el cual se entregó sin haber pasado por el proceso de Licitación y totalmente
fuera del marco de la ley.
Ruvalcaba Flores citó el caso reciente de desvío de recursos
públicos provenientes del programa “Beca Progreso”, argumentando que llamó poderosamente
la atención de los medios nacionales, en donde la coordinadora estatal de este
programa, Lucia Villareal
Camarena, fue suspendida de su cargo, tras haber denunciado
ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado, el pasado 22 de septiembre
de este año, el posible desvío de 888 mil pesos, de un total de casi 1.9 millones
de pesos del presupuesto público educativo y en donde el principal involucrado
es Jesús de la Rosa Anaya, hermano de Daniel de la Rosa Anaya, actual
Secretario de Seguridad Pública del
Estado y del exdiputado federal, Andrés de la Rosa Anaya.
Luego resaltó que debido al agravamiento del fenómeno de la
corrupción, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promovió una
reforma integral a la Constitución
General, la cual comprendió las modificaciones vertidas en
los diversos artículos, para sentar las bases para la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción y con ello fortalecer los canales de comunicación entre
Sociedad-Estado y mejorar los estándares de transparencia y rendición de
cuentas.
Destacó el legislador que en otros Estados de la República
el debate actual es la incorporación de las Políticas de Gobierno Abierto,
Asimilación Legislativa del Sistema
Nacional Anticorrupción, Auditorias en Tiempo Real o
Independencia de las Entidades de Fiscalización Superior, como medios para dar
certeza a los ciudadanos de un ejercicio público confiable, honesto
transparente, y eficiente.
Por ello, finalmente subrayó: “es inconcebible que la sociedad
bajacaliforniana, aún se encuentre sumisa en discusiones arcaicas y prejuiciosas,
que limitan su derecho a tener mayores elementos para evaluar el desempeño y
honestidad de quienes los gobiernan, como es el acceso a la información patrimonial
y de intereses, bajo la premisa de que es información privada, argumentos que
claramente se contrapone a los principios de máxima publicidad y honradez”.
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