Lunes, 23 de
Noviembre de 2015.- El objetivo
es que todas las entidades federativas haya bases jurídicas para erradicar
eficazmente la violación de derechos humanos: senadora De la Peña Gómez
La propuesta
se elaboró de la mano con el Alto Comisionado de la ONU, afirmó subprocurador
Betanzos Torres Enviar
El
Ejecutivo federal presentará ante el Senado una iniciativa para la conformación
de la Ley General Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a
fin de homologar la norma en todas las entidades federativas y sea posible erradicar
este delito violatorio de los derechos humanos y garantías individuales.
Así se
informó durante el conversatorio sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura, convocado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,
Angélica de la Peña Gómez, durante el que especialistas, autoridades y
representantes de organizaciones sociales se pronunciaron a favor de fortalecer
las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De la Peña
Gómez, senadora por el PRD, destacó que el objetivo del Senado, como cámara
impulsora de la nueva le, es que haya una sola norma en materia de tortura en
el país, pues actualmente “hay entidades que no lo tienen tipificado
debidamente, y en algunas ni siquiera existe el tipo penal”.
Lo anterior,
abundó, requiere de la revisión de la legislación en la materia, pues es
necesario tener claridad en las modificaciones legislativas necesarias “para
garantizar que el Estado de Derecho funcione, y en ese sentido la revisión de
la Ley Contra la Tortura tiene que ver con la revisión también de las leyes de
Ejecución Penal, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
De la Peña
Gómez advirtió que “la sociedad mexicana está harta de que digamos muchas
cosas, pero concretemos pocas acciones para cambiarlas” y de ahí la importancia
de escuchar las voces de expertos, de la sociedad organizada, así como de las
autoridades de gobierno.
Fue en este
contexto que el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención
del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la
República (PGR) Eber Omar Betanzos Torres, anunció que en breve el Ejecutivo
federal presentará dicha iniciativa, cuyo objetivo es establecer las bases
sólidas para contar con un mecanismo nacional más efectivo en la prevención y
erradicación de la tortura.
La
iniciativa, puntualizó, que será puesto a consideración del Senado, registra un
punto de coincidencia de legisladores y representantes de organizaciones
sociales: la necesidad no sólo reconfirmar compromisos internacionales en
materia de derechos humanos, sino es establecer los lineamientos para su cabal
cumplimiento.
Por ello,
puntualizó, el anteproyecto de la propuesta incluye en un capítulo específico
la regulación para garantizar de manera integral la prevención de los delitos
de tortura a través de un mecanismo nacional con una mirada de que el ciclo de
políticas públicas atienda la realidad cotidiana de la población.
En cuanto
centros de privación de la libertad, abundó, se prevén facultades del
presidente de la CNDH para que puede invitar de manera permanente a personas,
instituciones o representantes de la sociedad civil, academia, organismos
nacionales e internacionales, a realizar visitas programadas o no, así como
participar en otras medidas de supervisión.
Ello a fin
de que estos especialistas aporten sus conocimientos y experiencias respecto a
la operación del mecanismo, lo cual marcará las facultades para contar con un
director ejecutivo quien será responsable de expedir las bases de
funcionamiento y organización del sistema nacional de prevención, atendiéndose
parámetros máximos en derechos humanos.
Permitirá
también implementar los mecanismos para contar con información estadística
respecto al número de personas privadas de su liberad, lugares de privación de
libertad y su ubicación física, entre otros datos.
Betanzos
Torres anunció igualmente que la PGR presentara “en unos días”, ante la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un anteproyecto de indicadores
en materia de derechos humanos, el cual se elaboró también de la mano de la
oficina del Alto Comisionado de la ONU.
El propósito
es instituir una evaluación de las políticas públicas, tanto en lo concerniente
a su diseño como operación. “Ello implica el acceso –de autoridades de la CNDH
y organizaciones sociales- a la información sobre el trato de las personas
privadas de la libertad, condiciones de su detención, y –subrayó- establecer un
acceso sin ningún tipo de restricción a los lugares de privación de libertad,
así como el que puedan entrevistarse con las personas privadas de su libertad”.
Estas y
otras acciones, enfatizó el funcionario de la PGR, tienen el objetivo de
fortalecer el mecanismo de prevención de la tortura, tratos inhumanos y
degradantes, así como empatar sanciones penales contra los responsables e
incluso aquellos que hayan tolerado la comisión de estos delitos.
Especificó
que la iniciativa plantea en los artículos 1º y 29 establecer los fundamentos
para dar cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la
Tortura de la ONU y las directrices relativas a los mecanismos nacionales de
prevención.
Asistió al
evento la senadora Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de
Derechos Humanos.
Participaron
Verónica Berber, representante de Asistencia Legal por los Derechos Humanos
ASILEGAL; María Sirvent Bravo Ahuja, de la organización Documenta; Miguel Sarre
Íguinez, investigador del ITAM; Ernesto López Portillo Vargas, director del
Instituto para la Seguridad y la Democracia; Ruth Villanueva Castilleja,
tercera visitadora general de la CNDH; y Miguel Nava Alvarado, presidente de la
Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, quienes coincidieron en la
necesidad de que dar una mayor apertura a las organizaciones de la sociedad
civil en las acciones que realizan autoridades y la CNDH en la prevención
contra la tortura.
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