QPBC TIJUANA.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 23/2015, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por el caso de cuatro internos del Centro de Tratamiento para Adolescentes de Tijuana que fueron presentados ante la Comisión Disciplinaria del Centro de Diagnóstico para Adolescentes Tijuana bajo una normatividad que no les es aplicable y sancionados sin que existiera un reglamento que justificara la sanción.
La Comisión Estatal, luego de realizar las investigaciones, encontró elementos que acreditan violaciones al derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica de los cuatro internos a quienes nombramos V1, V2, V3 y V4 con el propósito de proteger su identidad.
El 22 de abril de 2015, el Organismo Estatal recibió la llamada telefónica de un familiar de V1, interno en el entonces Centro de Diagnóstico para Adolescentes Tijuana (ahora Centro de Tratamiento para Adolescentes Tijuana), a través de la cual solicitó se acudiera a entrevistar a V1, ya que, según refirió, fue castigado injustamente junto a otros internos y trasladado al Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Mexicali sin su consentimiento, por lo que temía por su integridad física.
Derivado de lo anterior, el Organismo Público Autónomo, inició el expediente de queja 246/15-2VG, y como resultado de la información solicitada a las autoridades correspondientes se desprende que V1, V2, V3 y V4 fueron presentados ante la Comisión Disciplinaria del Centro de Diagnóstico para Adolescentes Tijuana con base en el artículo 103 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California, normatividad que no les es aplicable ya que se encontraban bajo el cumplimiento de una medida de tratamiento para adolescentes, además de que fueron sancionados sin que existiera un reglamento que justificara la sanción y trasladados al Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Mexicali sin su consentimiento.
La Comisión Estatal solicita en seis puntos recomendatorios a la SSPE que se instruya a quien corresponda para que se repare el daño ocasionado a las víctimas, otorgándoles la atención psicológica que requieran hasta rehabilitar su estado emocional; se instruya a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California para que inicie e investigue la actuación de las autoridades responsables a fin de que se determine si las conductas señaladas son constitutivas de responsabilidad administrativa, de igual modo, pide se instruya para que de manera inmediata se emita, publique y se dé a conocer al personal de esa Secretaría el Reglamento Interno de los Centros de Tratamiento para Adolescentes.
Además, solicita que de manera inmediata omitan realizar traslados de los internos en los Centros de Tratamiento para Adolescentes sin previo procedimiento ante la autoridad jurisdiccional y sin autorización y notificación de los propios adolescentes y familiares.
Por último, pide que se giren instrucciones para que los servidores públicos del Centro de Tratamiento para Adolescentes Tijuana se abstengan de sancionar o aplicar correctivos o medidas disciplinarias a los internos con fundamentos en normas no aplicables al caso que se investigue, y que se diseñen e impartan a la totalidad de los servidores públicos de los Centros de Tratamiento para Adolescentes, en especial al ubicado en el Municipio de Tijuana, un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos.
La CEDHBC solicita también a la SSPE que la respuesta sobre la aceptación de la Recomendación sea informada dentro del término de 10 días hábiles siguientes a su notificación, y que de ser aceptada remita al Organismo Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.
Cabe destacar que cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de acuerdo a sus atribuciones, podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de las autoridades a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
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