Palco de Prensa: La “conflagración”.

                                      Por : Gilberto LAVENANT

Muchos decían, que las campañas políticas, en el presente proceso electoral, estaban frías, frías, frías. Y de pronto, surge una “conflagración”, por un supuesto “error de logística”, dirían los panistas, que amenaza convertir en cenizas la candidatura del exalcalde panista Jorge Ramos Hernández.

Muchos no han entendido, en especial los políticos, y específicamente el citado candidato panista, que los adelantos tecnológicos, prácticamente convirtieron en periodistas honorarios a todos los ciudadanos.

Cualquier persona, que posea un teléfono móvil, dotado de dispositivo fotográfico y de videograbación, y, sobre todo, preocupada por la problemática de su comunidad y harta del cinismo y frivolidad de los políticos, habrá de captar hechos indebidos, ilegales o censurables, y lo hará públicos.  

En tanto que el sistema político, no cambie, la publicidad, es la única opción de justicia, más valida y al alcance de cualquier persona. Remitir fotos, videos o grabaciones, a los medios periodísticos, o simplemente subirlos a las redes sociales, permite el enjuiciamiento, y en algunos casos incluso hasta el linchamiento social, de personajes que incurren en actos indebidos, a sabiendas de que el sistema político y gubernamental, es solapador y encubridor. La impunidad, es  la madre de la corrupción.

En este caso, el personaje central de esta historia, es el panista exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández. Le acompaña, la Profesora Esperanza Díaz Mendoza, directora de la Escuela Secundaria Técnica 36, “Arturo Pompa Ibarra”, Clave 02DSTO63TU, ubicada en Calle Sauce No. 2423 del Fraccionamiento Jardín Dorado, en la ciudad de Tijuana, Baja California, precisamente la zona este, comprendida dentro del Distrito 4.

Mediante memorándum de fecha 11 de mayo del año en curso, la profesora Díaz Mendoza, avisó a los padres de familia del turno vespertino, que la entrega de boletas, para los tres grados, sería el jueves 14 de mayo a las 6:00 de la tarde, en el salón de usos múltiples.

Preocupados por recibir las constancias de estudios de sus hijos, los padres de familia acudieron al lugar, en la fecha indicada. Llegado el momento, la directora del plantel hizo una presentación “magistral” de su invitado especial, haciendo mención de los supuests apoyos que ha dado a la institución y finalmente revelando la identidad del político panista.

Entonces, Ramos Hernández hace su entrada triunfal al salón de eventos especiales, y haciendo gala de “modestia”, recuerda los apoyos que brindó al plantel, siendo funcionario público.  Sin duda alguna, se trataba de un acto de proselitismo político, de un candidato en campaña, en el interior de un plantel educativo.

Por cierto, dos datos relevantes. La institución lleva el nombre del profesor Arturo Pompa Ibarra, padre del Lic. Raúl Pompa Victoria, delegado de la Secretaría de Educación Pública federal, en Baja California y forma parte del sistema educativo estatal. Esto último, sumamente significativo, pues siendo la administración estatal, encabezada por el gobernador Kiko Vega, de filiación panista, y el candidato invitado, postulado por el PAN, seguramente la aludida profesora consideró que no incurriría en problema alguno, sino que por el contrario, la organización blanquiazul lo tomaría en cuenta para conservar su chamba y posiblemente para otorgarle una mejor posición.

La promotora del evento, y en especial el candidato a diputado federal, olvidaron que la legislación federal, prohíbe el uso de bienes públicos, para realizar proselitismo a favor de algún candidato. La escuela, es un bien público, propiedad del gobierno estatal y al utilizarla, para un acto político, se incurrió en el delito de peculado, salvo prueba en contrario y además en una falta grave de índole electoral.

Cabe observar que el Artículo 456, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. advierte claramente, que los candidatos que infrinjan la legislación electoral, pueden hacerse acreedores a amonestación pública, una multa de hasta diez mil días de salario mínimo, según la gravedad del caso, o la cancelación del registro, y  por lo tanto el retiro de la contienda.

Sin embargo, lo más delicado, es que la Ley General de Delitos Electorales, prevee sanciones no solamente para los candidatos en campaña, sino incluso para el funcionario público que : “Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”. Candidato y funcionarios escolares, involucrados, podrían ser procesados penalmente.

Como dicen, que en la guerra y el amor, todo se vale, y en política, mucho más, los priístas no habrían de dejar pasar la oportunidad, de denunciar tales hechos, que podrían dar lugar a la pérdida de la candidatura de Ramos Hernández. La denuncia ya fue presentada ante el Agente del Ministerio Público Federal, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El asunto es interesante, pero en especial preocupante para los panistas. De los 8 distritos electorales federales, en este proceso, la candidatura de Ramos Hernández era una de las más sólidas, aunque también pesan en su contra muchos puntos negativos, por la personalidad y trayectoria política del candidato.

No necesitaba, llevar su campaña a una escuela. Si ahora está a punto de que “le quemen las patas”, es culpa del propio candidato panista. Fue él, quien provocó la “conflagración”.