- Presenta ante el Pleno Punto de Acuerdo a nombre de las Fracciones del PRI, PVEM, PT y PES
- Se refiere a publicaciones de periódicos La Crónica, Frontera y El Imparcial, que involucran presuntamente al Gobernador del Estado y funcionarios y a una empresa fraccionadora
QPBC Mexicali, B.C., jueves 23 de abril de 2015.- La Diputada Margarita Corro Arámbula exhortó al Auditor Superior de Fiscalización del Estado, Manuel Montenegro Espinoza a que realice una revisión exhaustiva y recabe todos los elementos de información y documentación necesarios de las Cuentas Públicas involucradas en el presunto conflicto de intereses, relacionados con el desarrollo inmobiliario “San Carlos Entorno Residencial” de Tijuana, para en su caso, deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar.
Dado que el asunto pudiera generar un perjuicio grave a la sociedad al involucrar el ejercicio y destino de recursos públicos, al presentar a nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PT y PES el Punto de Acuerdo ante el Pleno, la Legisladora solicitó la dispensa del trámite correspondiente.
Dijo que la notable Organización no Gubernamental Transparencia Internacional que estudia y sigue los temas de corrupción en el mundo, a través del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en México, proporcionó datos que registran la corrupción de los tres niveles de gobierno y empresas particulares, al medir los niveles de corrupción en servicios públicos y trámites en Baja California, durante los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010, concluyendo que nuestro Estado ocupa actualmente la posición número 14 de las 32 entidades federativas.
En esta medición, mencionó que los servicios o trámites que registran la mayor corrupción son diversos e involucran distintas instancias de Gobierno, pero también a particulares. como son: los relacionados con infracciones de tránsito; contrabando en las aduanas; recuperación de vehículos robados; evitar la detención o realizar una denuncia en el Ministerio Público; el comercio ambulante; el pago del predial; hasta la conexión de servicios telefónicos, de agua y de electricidad; obtener una ficha de inscripción en una escuela o recibir apoyos del Gobierno.
Por ello, agregó que el papel de la denuncia periodística cobra la mayor importancia pues en el ejercicio de la profesión, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, por encima de cualquier interés personal o de grupo, contribuyen al control y fiscalización de los recursos públicos y a la actuación conforme a Derecho de los servidores públicos.
De ahí que, en ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado y sus Municipios confiere a este Congreso, por conducto del ÓRFIS y luego de que los periódicos La Crónica, Frontera y El Imparcial, publicaran el posible conflicto de intereses que involucra al Gobernador del Estado, a su Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, entre otros servidores públicos, así como a la empresa Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V por presuntos intereses personales o de negocios que pudieron afectar el desempeño imparcial del empleo, cargo o comisiones públicas.
“Quienes suscribimos la presente proposición, -enfatizó- estimamos necesario desplegar el mayor de los esfuerzos institucionales para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos denunciados, pues la Sociedad en general merece conocer si en el caso concreto, los cargos oficiales fueron utilizados para obtener beneficios personales o a favor de terceros”.
La Diputada Corro subrayó que hace apenas unos días, este Congreso turnó al ORFIS las Cuentas Públicas de todas las Entidades que ejercieron recursos públicos durante 2014, para los efectos de que verifique el cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de contratación de servicios, obra pública y adquisiciones, entre otros.
Además de que sin perjuicio de los principios de anualidad y posteridad, las Entidades Fiscalizables, deben remitir a más tardar en abril a esta Soberanía, el Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2015 y estos pueden ser auditados de manera inmediata.
“Estimamos determinante que los hechos denunciados y que ponen en duda la objetividad y legalidad de los más importantes servidores públicos del Estado, así como de una prominente empresa involucrada, sean investigados exhaustivamente por la autoridad constitucionalmente competente y previamente constituida”, puntualizó.
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