También se desechó el
procedimiento en contra del ex síndico municipal de Mexicali, Alfredo Ascolani
QPBC Mexicali 24 de marzo de 2015.- El Pleno del
Congreso del Estado rechazó por mayoría los
dictámenes de la Comisión Jurisdiccional de la XXI Legislatura, por medio de
los cuales se declaraba que “ha lugar a iniciar el procedimiento de juicio
político”, en contra de los ciudadanos Francisco José Pérez Tejada Padilla,
César Alfredo Ascolani Cuevas y Enrique Pelayo Torres.
Con 13 votos en
contra y diez a favor de los dictámenes 9 y 11 de la citada Comisión
legislativa, y luego de prolongados debates entre las fracciones parlamentarias
de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, se declararon no aprobados
dichos documentos.
Lo anterior se dio
en el marco de la sesión ordinaria celebrada este día bajo la coordinación del
diputado Francisco Alcibíades García Lizardi, presidente de la Mesa Directiva
del Congreso local.
Respecto a la
denuncia enderezada por la secretaria general del Sindicato de Burócratas de
Mexicali, Victoria Bentley Duarte, en contra de Pérez Tejada y Ascolani Cuevas, en su calidad de
presidente municipal y síndico procurador del XX Ayuntamiento de Mexicali,
respectivamente, así como del ex tesorero, Jorge Fernando Martín del Campo, el
caso fue resuelto con el dictamen 11 de la citada comisión legislativa.
En un primer
resolutivo se establece: “Conforme
a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, tenemos que por lo que respecta al denunciado
Jorge Fernando Martin del Campo Quirarte, en su carácter de Tesorero
Municipal del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, no se cumple el requisito
previsto en el artículo 14 fracción I de la Ley de Servidores Públicos del
Estado de Baja California”.
Se argumentó que lo anterior en
razón de que el cargo que en su momento llegó a ejercer el citado denunciado,
no es de los considerados para ser sujetos a este procedimiento dentro del
margen de competencia de la legislatura estatal, por lo que se estimó desechar
de plano la demanda de juicio político en su contra.
En cambio, en el caso de Pérez
Tejada y Alfredo Ascolani, se afirmó que si se reúnen los requisitos de
procedibilidad establecidos en el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por lo que se turnó
al pleno del Congreso.
Sobre el particular, el
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, diputado René Mendívil
Acosta, argumentó que la demanda interpuesta por la secretaria general del
Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, en contra de los aludidos
funcionarios del XX Ayuntamiento de Mexicali, había sido ratificada con un día
de extemporaneidad, por lo que era improcedente iniciar el juicio político y,
en consecuencia, debería desecharse de plano.
Dijo que la demanda se ratificó
el día uno de diciembre de 2014, o sea un día después de que Francisco Pérez
Tejada y los demás funcionarios habían cumplido un año de término de su
gestión.
En respuesta, el diputado Juan
Manuel Molina García, quien voto a favor del juicio político, exhibió un video
en el salón de Pleno, en el cual aparece el ex alcalde implicado durante una
entrevista concedida a un diario local, en la cual Pérez Tejada acepta haber
dispuesto de las cuotas de los trabajadores, e incluso comenta que a partir del
día primero de diciembre deberá asesorarse de sus abogados para enfrentar la
denuncia que espera habrá de llegar.
Finalmente se sometió a votación
el dictamen número once, con un resultado de 13 votos en contra del dictamen
once y 10 a favor, por parte de los diputados del PAN, además de los
legisladores Alcibíades García Lizardi y Juan Manuel Molina García (MC) y
Roberto Dávalos Flores (PRD).
Por otra parte, con el dictamen
número 9 se resolvió la demanda de juicio político recibida en esta Soberanía
en contra del ciudadano Enrique Pelayo Torres, en su calidad de presidente
municipal del XX Ayuntamiento de Ensenada, la cual fue solicitada por el
síndico social del XXI Ayuntamiento de ese municipio, Félix Ojeda Ortega.
En este caso, al igual que en el
anterior, se determinó que se reúnen los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 14 de la ya citada Ley por lo que se dictaminó que:
“Ha lugar a iniciar el procedimiento de juicio político en contra del ciudadano
Enrique Pelayo Torres”.
Sin embargo, al someter a debate
parlamentario este último dictamen, la diputada Nereida Fuentes González dijo
en la tribuna que no se reunían los requisitos que indica la ley para iniciar
el proceso de juicio político, en virtud de que las pruebas presentadas para
sustentar la demanda no eran contundentes, por lo que hizo un llamado a votar
en contra del dictamen nueve, lo cual fue atendido por el grupo parlamentario
del PRI, así como por los diputados Francisco Barraza Chiquete (PEBC), Irma
Martínez Manríquez y Alberto Martínez Carrillo (Panal), Fausto Gallardo García
(Pvem), Juan Manuel Molina García (MC) y Julio César Vázquez Castillo (PT).
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