QPBC ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 27 DE FEBRERO DEL 2015.- “Como representante popular se que una de las demandas más sentidas de la población es el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores públicos que hayan incurrido en actos contrarios a la ley o en malos manejos de los recursos públicos”, así lo indicó el diputado Armando Reyes Ledesma, al término de los trabajos de la Comisión Jurisdiccional celebrada este día en el Puerto de Ensenada.
El presidente de dicha comisión de la XXI Legislatura de Baja California explicó que en la Comisión Jurisdiccional estamos procediendo a que dos de las solicitudes en contra de los ex alcaldes Enrique Pelayo Torres de Ensenada y Francisco Pérez Tejada de Mexicali, sean procedentes y que por tanto, si así lo aprueba el pleno del Congreso se instalen las comisiones instructoras correspondientes. Para que sea en esa instancia en donde las partes demandantes y las acusadas presenten las pruebas que consideren pertinentes para que se determine si existen elementos para que sean sancionados o se les exonere de dichas demandas.
Es importante señalar que el juicio político no debe ser usado como una herramienta de intimidación, ni de descrédito entre la clase política buscando afectar a los adversarios políticos, porque de ser así se desvirtuaría esta herramienta jurídica que tiene como único fin evitar el abuso o las malas actuaciones de los servidores públicos, particularmente de aquellos que se erigen como representantes populares o titulares ejecutivos por medio del voto.
El juicio político fue concebido como un importante derecho de los ciudadanos para demandar sanciones contra los servidores públicos corruptos o negligentes y no para desprestigiar políticamente a las personas demandadas o a sus partidos.
Por lo tanto recaerá en la mayoría de los integrantes del Pleno de este Poder Legislativo el analizar cada una de las demandas y a las comisiones instructoras que el juicio político se base en criterios de justicia y con base a elementos probatorios o si se basan en criterios estrictamente políticos.
El juicio político es muy importante porque sabemos que la impunidad es la madre de la corrupción, pero también sabemos que la práctica perversa de acusar a inocentes se sustenta en la intención política de dañar la imagen del acusado.
En este sentido nosotros vamos a actuar y a votar no solo en conciencia, sino con base a elementos concretos que demuestren la culpabilidad o la inocencia de los presuntos infractores del a ley.
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