El endeudamiento no se refleja en el
beneficio colectivo.
Inversión pública-productiva no es para
el saneamiento financiero.
QPBC Mexicali,
B.C., 19 de Febrero de 2015.- Bajo la premisa de que se ha comprobado que el
endeudamiento bajo el esquema de inversión pública-productiva, no ha cumplido
con el objetivo de impulsar el mejoramiento y calidad de vida de la
colectividad, se promueven reformas tajantes a la Ley de Deuda Pública de Baja
California, señaló la Diputada Nereida Fuentes González.
Es imperativo que en la legislación del
Estado, en el apartado relativo a la deuda pública se retome el espíritu
establecido por la Carta Magna en lo tocante a la conceptualización de
Inversión Pública Productiva, con la finalidad de propiciar con ello, que se
realice un ejercicio responsable del financiamiento público, dijo.
En suma, propuso la Congresista Nereida
Fuentes, que se defina en la citada Ley, las atribuciones que se contemplen
dentro de las solicitudes de deuda pública, por lo cual hizo la solicitud ante
el Pleno del Congreso del Estado, para que se emita un decreto de reforma al
Artículo 2 en su Fracción VIII, para quedar de la siguiente manera:
“Inversiones Públicas Productivas: Las destinadas a la ejecución de obras de
infraestructura y a la adquisición o manufactura de bienes muebles e inmuebles,
siempre que en forma directa o indirecta generen ingresos públicos y/o ahorros
en el gasto corriente y/o produzcan elevar el nivel de vida de la ciudadanía;
asimismo, las que se destinen a la atención de situaciones de emergencia
derivadas de desastres naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas
declaradas por la autoridad competente que de no ser atendidas oportunamente
generarían mayores contingencias”.
Con ello, el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos que actualmente presentan excesivo endeudamiento, deberán
ajustarse a los lineamientos de la Ley de Deuda Pública, ya que no podrán
utilizar por ningún motivo los empréstitos para cubrir el gasto corriente, o
contratar deuda pública para dicha finalidad, lo que con la reforma queda
expresamente prohibido.
En su exposición, la Diputada Nereida
Fuentes fue enfática al señalar: “en este sentido, resulta indispensable acotar
dentro del rubro de Inversión Pública Productiva, la realización de obras y
servicios públicos que impulsen la actividad económica regional y urbana,
propiciándose con ello el crecimiento de la economía local, dejando fuera de
dicho concepto los empréstitos que tengan como objetivo el saneamiento
financiero, toda vez que ello ha repercutido de manera negativa en las finanzas
públicas, advirtiéndose que los préstamos solicitados se han venido destinando
a saldar pasivos de los entes públicos, lo cual desvirtúa el objetivo de los
financiamientos públicos”.
Como datos adicionales, la Legisladora
Fuentes González aportó, que desde el 31 de diciembre de 2012 a la fecha, se
han autorizado al Estado y Municipios la cantidad total de $ 8,255,379,261
(Ocho mil doscientos cincuenta y cinco millones trescientos setenta y nueve mil
doscientos sesenta y un pesos) por concepto de deuda pública destinada a
saneamiento financiero.
La mayor cantidad de ello, pertenecen al Gobierno
del Estado, por lo que al finalizar la pasada administración de José Guadalupe
Osuna Millán, quedó una exorbitante deuda superior a los 7 mil 284 millones de
pesos y actualmente la deuda ha crecido en poco más de una año del gobierno de
Francisco Vega de Lamadrid, a 9 mil 865 millones, lo que representa un 35% más
en relación a la administración anterior, pero en un solo un año.
Es por eso que urge reformar la Ley en la
materia, para evitar que se siga endeudando a la Entidad y que esas inversiones
no vayan directamente al rubro de obras y adquisición de bienes muebles e
inmuebles o atención a contingencias; eliminando definitivamente las
inversiones al saneamiento financiero, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario