martes, 25 de noviembre de 2014

4 DE LOS 36 ASPIRANTES A CONSEJEROS DE LA JUDICATURA NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: ROBERTO DAVALOS

Así lo determinaron los  diputados integrantes de las comisiones conjuntas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia

Ahora el  tema  estará en manos de la JUCOPO y   posteriormente lo que decida el pleno  del Congreso del Estado


Mexicali.- Esta tarde las comisiones conjuntas de Gobernación  y Justicia, que presidió  en calidad de presidente el diputado Roberto Dávalos Flores,  determinaron que  4 de los 36 aspirantes a consejeros de la judicatura del    Tribunal Superior de Justicia del Estado, no cumplieron  con los requisitos de elegibilidad  que  exigía la convocatoria expedida por la XXI Legislatura del Congreso Local.

Los aspirantes que resultaron como no elegibles son: Juan Antonio Sánchez Zertuche, Silvia Justina Castro Trenti, Juan Manuel Lomelí  Bolaños y Salomón López Quevedo.
Luego  de las revisiones hechas  por   las comisiones conjuntas de Gobernación y Justicia asimismo el estudio  que realizó la Secretaría de Servicios Parlamentarios, se concluyó que la abogada Castro Trenti,  pese a que presenta carta de residencia, la autoridad municipal no especifica los años de residencia.

También   no presentó  carta donde especifique, no haber ocupado cargo   de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular  de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal entre otros requisitos.

Salomón  López Quevedo, no cumplió con la Base Segunda, Fracción II inciso E de la convocatoria emitida, al  presentar carta de residencia en donde solo acredita 6 años cuando la convocatoria marca 10 años de residencia en Baja California.

En tanto que   Juan Manuel Lomelí Bolaños, no presentó documentación original de documentación requerida, ni carta de residencia, por mencionar algunos.

El caso  de Juan Antonio Sánchez Zertuche,  se precisa que aunque sí cumplió con los requisitos establecidos en  la convocatoria en cuanto a documentación entregada, se encuentra impedido  para ser consejero, en virtud de haber ocupado el cargo  de consejero durante el periodo comprendido de Noviembre de 1988 a  Octubre de 2000.

Dávalos Flores, dijo que por acuerdo  de la mayoría de los integrantes de las comisiones conjuntas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se pasarán los resolutivos  a la Junta de Coordinación Política JUCOPO.

El primero   con la lista de los 32 aspirantes al consejo de la judicatura que si cumplieron con los requisitos de elegibilidad para el cargo de consejeros de la judicatura, el segundo  la lista de los 4 que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad y el tercero con la lista inicial completa de  los 36 aspirantes.

Cabe destacar que en una  primera votación  las diputadas  del PRI Miriam Ayón y Nereida Fuentes así como el diputado del PAN, Cuauhtémoc  Cardona, solicitaron a los integrantes  de las comisiones conjuntas dar un plazo para subsanar  los  requisitos a los aspirantes que no habían entregado la documentación completa, negándose esa posibilidad por  el voto en contra de los diputados: Roberto Dávalos  del PRD, Felipe Mayoral del PEBC, Rodolfo Olimpo Hernández del PES y Juan Manuel Molina, de Movimiento Ciudadanos.

Roberto Dávalos,  expuso  que  el siguiente  paso será que la JUCOPO, revise el dictamen de las comisiones  de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fijar el mecanismo de elección   de los dos  consejeros  de la judicatura por parte del  pleno del Congreso del Estado, con el debido conocimiento de que  cada consejero requiere de 17 votos de los 25 diputados para poder ser electo en el cargo.

Finalmente dijo sentirse satisfecho por  el trabajo realizado por los diputados integrantes de ambas comisiones, que atendieron  con mucha responsabilidad  las entrevistas a cada uno de los 36 aspirantes a  consejero de la judicatura, posteriormente la valoración  y revisión de la documentación entregada y finalmente, dictaminar  este  tema  en  las comisiones conjuntas de Gobernación y Justicia.

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