De
seis meses a dos años de prisión, y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo,
es lo que propone el Diputado Gerardo Álvarez para castigar a quien con la
intención de requerir el pago de una deuda, se valga del engaño o efectúe actos
de hostigamiento e intimidación.
En la
máxima tribuna del Estado, el legislador panista presentó una iniciativa de
reforma que adiciona el Capítulo IV Bis del título segundo (“Delitos contra la
Libertad y Seguridad de las Personas”) así como un artículo 171 Bis al Código
Penal de Baja California para considerar estas acciones, además de las sanciones
que correspondan si para el efecto de estas acciones de hostigamiento e intimidación,
se empleó documentación o sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
“Se
ha vuelto una práctica muy común que la cobranza extrajudicial efectuada por
particulares, al pretender ejercer un derecho, emplean diversos medios de
coacción y amenazas como realizar llamadas en la noche, en la madrugada, en
fines de semana o envían cartas intimidatorias y amenazantes a hogares y
lugares de trabajo de las personas que continúan en sus bases de datos, incluso
llegando a la simulación de actos o documentos judiciales o administrativos,
pretendiendo ejercer atribuciones que solo le corresponden a una autoridad”, justificó
el Diputado.
Gerardo
Álvarez consideró que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la
institución acreedora por sí o por medio del representante legal, envíe
documentos al deudor que aparenten ser escritos judiciales, comunicaciones a
terceros ajenos a la obligación, por cualquier
medio de comunicación en las que se da cuenta de la morosidad.
“Lo
que se pretende es frenar en la mayor medida posible que las empresas de
cobranza y las personas que ahí laboran continúen utilizando prácticas ilegales
y de no ser así, sean sancionados en virtud de los medios que utilizan para
cobrar adeudos a clientes morosos y que para localizarlos molestan a familiares
por medio de números que se dejaron de referencia”, concluyó.
Prevenir embarazo en adolescentes
En
una segunda intervención en la máxima tribuna del Estado, el Diputado Gerardo Álvarez
presentó una Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al
Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para que desde el ámbito de sus
facultades se dé seguimiento e impulso a los objetivos del Grupo Interinstitucional
de la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente,
implementado por el Gobierno de la Republica.
Con
ello, se busca establecer una comisión de trabajo con el objetivo de focalizar
la atención de los programas de salud sexual y reproductiva en grupos de población
con desventaja social, contribuir al desarrollo de contenidos sociodemográficos
y de educación en la sexualidad en programas del sistema educativo nacional,
promover acciones integrales para
reducir la mortalidad materna e infantil e instrumentar programas de comunicación
y divulgación que ayuden en la toma de decisiones de adolescentes y jóvenes en
el ejercicio de sus derechos en salud, sexuales y reproductivos.
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