Por : Gilberto LAVENANT
Sin
necesidad de ser experto en derecho, cualquier ciudadano sabe, perfectamente,
que no se puede ser juez y parte. Que es deshonesto, antiético, falto de
escrúpulos e ilegal, el que un funcionario, conforme a sus facultades, tenga la
posibilidad de conocer y resolver respecto de un asunto, en el que es parte
interesada, o lo son su esposa o parientes consanguíneos, hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, y no obstante esa relación, atienda y resuelva
el caso, o simplemente ni siquiera lo atienda, según convenga a sus intereses.
Estas son
parte de las obligaciones y prohibiciones previstas en el Capítulo I de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
Específicamente en los Artículos 46 y 47.
El
funcionario, que directa o indirectamente –por cuanto hace a sus parientes- tenga
interés en un asunto, incluso terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que es
parte, debe abstenerse de atender y resolver el caso concreto. Esto se llama
conflicto de intereses.
Dicho en
pocas palabras, no se puede ser juez y parte, por la simple y sencilla razón de
que siempre se resolverá a favor de sí mismo o a favor de parientes, socios o
clientes, en perjuicio de las correspondientes contrapartes.
En
términos similares, el Artículo 47 del citado ordenamiento jurídico, advierte
claramente que los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones,
empleos o comisiones, tienen prohibido, entre otras cosas, otorgar, por sí o
por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos o
liquidaciones, en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza.
Sin
embargo, a los políticos les valen gorro tales prohibiciones. Es más, ni les
interesa saber en qué consisten los conflictos de intereses y por qué razón no
deben beneficiarse, aprovechando su cargo público.
El día de
ayer, vía correo electrónico, el columnista recibió información, de manera
anónima, bajo el título de “Las luminarias de Chava”, refiriéndose a Salvador
Gómez Nogales, Director de Normatividad de la Sindicatura Procuradora,
observando que es el responsable de coordinar la investigación sobre el
polémico asunto de las luminarias, pero recordando que fue parte del ilícito
procedimiento, pues fungía como Secretario Técnico del Regidor Mariano San Román,
quien apoyo con su voto el proyecto del alcalde Carlos Bustamante Anchondo.
Hace
mención, que precisamente Mariano, habiendo sido designado como Contralor de la
Sindicatura, se vió obligado a renunciar, cuando se le recordó que, siendo
regidor, aprobó con su voto, el asunto de las luminarias.
En el
caso de Gómez Nogales, queda en el papel de juez y parte, pues habiendo sido
Secretario Técnico de San Román, tuvo amplio conocimiento de las
irregularidades en que se incurrió con el asunto de las luminarias y que ahora,
como Director de Normatividad, tiene la facultad y obligación de investigar. Si
fuese honesto o tuviese un poco de ética y sentido común, debería de abstenerse
de indagar hechos en los que directa o indirectamente participó.
Cabe
observar, que la esposa del citado funcionario de la Sindicatura Procuradora,
la Lic. Verónica Judith Corona González, además de ser suplente del Regidor
Mariano San Román, a quien cubrió al solicitar licencia para contender para
diputado federal, fungió como Directora del Sistema Municipal de Parques
Temáticos, durante la administración del priísta Carlos Bustamante.
Por
cierto, doña Verónica Judith, fue quien dió en arrendamiento, a una universidad
privada, un predio de 4 mil metros cuadrados, de los terrenos del Parque
Morelos, por un monto de 154 mil pesos semestrales, o sea 25 mil 666 pesos
mensuales, que implicó el pago de la ridícula cantidad de 6 mil 416 pesos, por
cada mil metros cuadrados, de un terreno urbanizado, a orilla de calle
pavimentada.
Tema este
en el que también se da otro caso de conflicto de intereses. Es un caso que
debería investigar Gómez Nogales, por la obvia irregularidad de dar en
arrendamiento un valioso predio, en cantidades irrisorias, pero que obviamente
omite hacerlo, pues aparece como principal involucrada, su esposa.
¡Ah! Pero
la Sindicatura Procuradora, ha hecho un escándalo, al conocer, dizque en base a
denuncia ciudadana, que el actual titular de la Dirección del Sistema de
Parques Temáticos, Julio César Díaz Carrera,
sepultó, en una zona del Parque Morelos, varios animales del zoológico de dicho
lugar, que afirma perecieron de muerte natural. El Síndico Procurador ha de sospechar que es un caso de homicidio masivo.
Otro
conflicto de intereses, también sumamente serio, es el de las carteleras. Cabe
recordar que Bustamante Anchondo, en
sesión extraordinaria de cabildo, 8 días antes de concluir su gestión, otorgó
72 concesiones para instalar carteleras publicitarias en la vía pública, de las
cuales 9 fueron para una empresa propiedad del propio exalcalde y 17 a una
empresa de la familia Ledesma Romo, de la cual el Síndico Procurador es socio.
En ambos
casos, dichas concesiones se otorgaron de manera ilegal, la Sindicatura
Procuradora debe integrar la indagatoria correspondiente y determinar la
nulidad de las mismas. Pero no lo hace, por la sencilla razón de que están de
por medio de los intereses de su familia, así como los de su “tío” político.
Situación esta que también ha pasado por alto el Director de Normatividad, el
Lic. Salvador Gámez Nogales.
Total,
todo esto es un cochinero. Políticos que aprovechan los cargos públicos para
beneficiar sus negocios personales o los de sus familias o amigotes, y otros,
como Gómez Nogales, que no indagan asuntos, en los que directa o indirectamente
resultan involucrados. Incluyendo a su esposa y a su compa el exregidor Mariano
San Román.
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