Por : Gilberto LAVENANT
El
periódico capitalino Reforma, volvió a atizar al asunto de los amparos para la
importación de autos usados, dando nombres de empresas y presuntos involucrados
en estos oscuros negocios, en donde destacan los priístas Enrique Acosta
Fregoso y Eli Topete Robles –los de la charla telefónica de junio del 2012- así
como Javier Bernal Mateus.
La nota
alusiva, de Agencia Reforma, fue remitida a los medios de todo el país, el
pasado lunes 7 de julio, por la mañana. En Baja California, apareció en la
página 22-A del periódico Frontera, de la edición de ayer martes 8 de julio.
Sin duda alguna, se han de haber cimbrado los cimientos y estructuras del
sistema político mexicano.
Y no es
para menos. Según la nota, “El gobierno federal y el Poder Judicial de la
Federación indagan una red de tráfico de influencias que importa vehículos a
México”.
“En dicha
red –agrega- estarían involucrados altos mandos del SAT, jefes aduanales,
jueces, magistrados, legisladores y líderes priístas”. Cualquier cosa.
Agencia
Reforma precisa que : “En la indagatoria destacan 18 empresas que pagan montos
millonarios a funcionarios federales y titulares de juzgados y tribunales de
Baja California y el Edomex que han permitido que miles de autos chocolates
ingresen al país desde EU sin cumplir los requisitos necesarios”.
Indica
que, en la investigación de tales irregularidades, participa el Poder Judicial
Federal, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda. Quienes conocen esto, dicen que a
través de estos amparos se han importado alrededor de 600 mil autos a lo largo
de la frontera mexicana y que los involucrados han amasado enormes fortunas,
que no encuentran lugar para almacenarlas, a fin de no tener que depositarlas
en los bancos, tratando de evitar el ser descubiertos.
La lista
de presuntos involucrados, que cita Reforma, es larga. El Juez federal, Daniel
González Vargas, suspendido a mediados de junio pasado, quien era el titular
del Juzgado Segundo de Distrito, en Mexicali. Al momento de la suspensión, era
titular del Juzgado Primero de Distrito de procesos Penales Federales, en Villa
Aldama, Veracruz. Otro juzgador, es Héctor Guzmán Castillo, titular del Juzgado
Segundo de Distrito.
Reforma
señala que : “Las investigaciones apuntan hacia los propietarios de las
empresas y cabilderos que realizan gestiones con funcionarios del SAT y jueces”
y refiere que : “Entre ellos se encuentran Héctor Pedroza, diputado local del
PRI en el Edomex y líder de la CNOP, y Enrique Acosta Fregoso, exlíder de la
CNOP en Baja California, exdelegado de la Sedatu y actual delegado nacional del
PRI en Baja California Sur”.
“Así
mismo –agrega-, Eli Topete Robles, exdiputado en Baja California y excandidato
a Alcalde de Mexicali; Hiram Rojas Hernández, casinero y exdirector de enlace
legislativo de la Comisión Especial de Aduanas y de la Cámara de Diputados en
la Aduana de Juárez y Ensenada”.
Luego
hace referencia a la conversación telefónica entre los priístas bajacalifornianos,
Enrique Acosta Fregoso y Eli Topete Robles, revelada por Reforma el miércoles 6
de junio de 2012, en la que de manera coloquial comentan el asunto de la
importación de autos usados, mediante amparos.
El
columnista, autor de Palco de Prensa, en base a nota publicada el lunes 16 de
junio del año en curso, en el portal de la revista Proceso, en la que se daba a
conocer la suspensión de un juez federal y un secretario de acuerdos, sujetos a
investigación de los amparos otorgados para la importación de autos usados,
recordó y transcribió parte del diálogo entre Acosta Fregoso y Topete Robles.
Esa
referencia del columnista, incomodó al priísta Acosta Fregoso, quien remitió al
columnista carta aclaratoria, mediante la cual pretendió deslindarse del asunto
de los amparos relativos a la importación de los autos usados y se dijo ajeno a
la actuación de los funcionarios judiciales suspendidos.
Habrá qué
esperar, la postura que asumirá Acosta Fregoso, ante esta nueva publicación de
Agencia Reforma, que apareció a inicios de la presente semana. Seguramente está
atareado, redactando cartas aclaratorias, para hacerlas circular en todo el
país, presumiendo inocencia.
Reforma
hizo circular un cuadro de supuestos involucrados en este escándalo, citando
nombres de empresas, socios y promotores de amparos para la importación de los
autos usados. Destaca la empresa Cristi Automotriz, con la que relaciona al
exdiputado local Eli Topete Robles, Roberto Ruiz Armas, agente aduanal y a
Hiram Rojas, exenlace legislativo de la Comisión de Aduanas de la Cámara de Diputados
con Aduanas de Ciudad Juárez y Ensenada, además de consejero del Casino de
Mexicali.
Otras dos
son Grupo Empresarial Caoman y Grupo Empresarial Yamve, con las que relaciona a
Javier Bernal Mateus, exAdministrador de Aduanas, exdirector del centro SCT y
exdelegado del IMSS en Baja California; Enrique Acosta Fregoso, exlíder de la
CNOP en la entidad, exdelegado de Sedatu y delegado del CEN del PRI en Baja
California Sur; a Benito Reyes Corrales, exsubsecretario de gobierno de Baja
California y Saúl Yáñez Venegas.
Esta
investigación se está llevando a cabo, desde tres frentes distintos : el
Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hace a la actuación de los
funcionarios judiciales. El SAT, Sistema de Administración Tributaria, por la evasión
de impuestos, así como por la Secretaría de la Función Pública Federal, por aquellos
funcionarios federales involucrados.
Todo
indica que el asunto de los amparos, para la importación de autos usados, está
más apestoso, de lo que muchos imaginaban. Que los involucrados, son muchos y harto
conocidos, que aprovecharon sus posiciones para lograr ganancias ilícitas. Por
el momento, el escándalo ya estalló.
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