Playas
de Rosarito, B. C., jueves 26 de junio de 2014.- El Pleno del Congreso del
Estado emitió la declaratoria oficial de dos reformas constitucionales, las
cuales cumplieron con el proceso legislativo para ser incorporada a la Carta Magna
de Baja California.
Lo
anterior, forma parte de los asuntos abordados por los integrantes de la XXI
Legislatura durante la sesión celebrada en el Palacio Municipal de Playas de
Rosarito, el cual fue declarado Recinto Legislativo por el Pleno del Congreso
local, en sesión ordinaria.
Los
trabajos realizados en este municipio fueron dirigidos por el diputado Felipe
de Jesús Mayoral Mayoral, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del
Poder Legislativo, quien se refirió al decreto aprobado el pasado 19 de junio
para que el Congreso acudiera a la sede del VI Ayuntamiento de Playas de
Rosarito y llevara a cabo una sesión pública.
Además,
el Pleno del Congreso declaró oficialmente como procedentes las reformas a los párrafos sexto y octavo, así como la adición de un
párrafo décimo al artículo 11 de la Constitución Política del Estado, para
quedar como sigue:
“Corresponde al Ejecutivo del Estado, así
como a los gobiernos municipales, en los términos que dispongan las leyes,
coordinarse con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, a efecto de dar seguimiento a las recomendaciones en los rubros de
medición de la pobreza y evaluación de los programas, objetivos, metas y
acciones de la política de desarrollo social. El Ejecutivo del Estado y los gobiernos
municipales crearán los órganos de coordinación que correspondan para la
evaluación de las políticas de desarrollo social en el Estado”.
El propósito de esta reforma es establecer directrices generales de coordinación
y seguimiento al análisis, ejecución y evaluación de políticas públicas en
materia de desarrollo social, entre autoridades estatales y municipales con
instituciones públicas competentes de orden federal.
Asimismo, se declaró
procedente la reforma al artículo quinto del título tercero, así como la
reforma a los artículos 38 y 39 de la Constitución local, los cuales se
relacionan con la planeación y evaluación legislativa, con el propósito de establecer mecanismos legales de participación ciudadana que promuevan la
evaluación del desempeño de esta función.
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