No se
ocuparán testigos y la ratificación de firmas, con lo cual se beneficia a miles
de poseedores de terrenos irregulares, principalmente en ejidos
Los inicialistas de la reforma fueron los diputados Irma
Martínez y José Alberto Martínez, del Partido Nueva Alianza
Mexicali, B. C., viernes
9 de mayo de 2014.- Con el fin de contribuir a brindar certeza jurídica a todos
aquellos ciudadanos que han obtenido una posesión legítima de un predio, fue
aprobado por el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma para que durante
los programas de regularización de la tierra efectuados por el gobierno del
Estado, los contratos que se celebren entre las partes puedan otorgarse en
documento privado y sin la necesidad de los requisitos de testigos y
ratificación de firmas.
Esta reforma que modifica el
artículo 2191 del Código Civil de la entidad, venía contenida en el dictamen 8
de la Comisión de Justicia, mismo que fue leído y sometido a análisis por el
legislador Gustavo Sánchez Vázquez.
Los inicialistas de esta
modificación legal fueron los diputados Irma Martínez Manríquez y Alberto
Martínez Carrillo, quienes en su exposición de motivos declararon que buscan
resolver la problemática derivada de las circunstancias sociales, demográficas
y económicas que empujaron a la demanda indiscriminada de vivienda en diversas
regiones del Estado, particularmente en lo que toca a la mayoría de las
colonias que integran el distrito XIII.
“La regularización de la tenencia de la tierra es una de las
tareas que tiene que resolverse en el corto plazo en Baja California, toda vez
que según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), más del 50% de los predios se encuentran irregulares, principalmente
en ejidos en donde se tiene un rezago de alrededor de 130 mil predios ubicados
en tan sólo comunidades ejidales y colonias agrícolas, que no cuentan con sus
títulos de propiedad”, subrayaron.
Afirmaron que el municipio de
Tijuana es el que tiene mayores problemas, ya que posee alrededor de 90 mil
predios irregulares, mientras que Ensenada tiene poco más de 30 mil, Rosarito
cerca de 7 mil y Mexicali menos de tres mil.
“Entre los problemas que ocasionan
los mencionados predios, es que muchos han sido fraccionados por los
ejidatarios y colonos, y por la carencia de su titulación sus ocupantes están
enfrentando problemas principalmente por la falta de servicios públicos, porque
los ejidos tienen algunas constancias ejidales en donde se les entrega la
posesión, más no la propiedad”, aseguraron los legisladores al justificar su
iniciativa.
Los inicialistas consideraron que “es
obligación del Estado brindar certeza jurídica a todos aquellos ciudadanos que
han obtenido una posesión legítima de un predio; eso quiere decir que tengan
algún documento primario o secundario de posesión y se pueda traducir con la
mayor simpleza en su trámite, en un título de propiedad”.
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