Palco de Prensa: Los hombres de Kiko.

                             

                                       Por : Gilberto LAVENANT

Cuando los políticos, sean aspirantes a la gubernatura o a alcaldías, son declarados electos, son muy remotas las posibilidades de que algo impida que asuman sus respectivos cargos. Por lo tanto, deben aprovechar el tiempo que les resta, antes de iniciar sus gestiones, para integrar sus equipos de trabajo.

Lo recomendable, es seleccionar a los mejores hombres o mujeres, tomando en cuenta su capacidad, experiencia y el perfil, conforme a su desempeño profesional, para ubicarlos en las posiciones en donde se presuma que podrán dar los mejores resultados.

Algo sumamente especial, se debe revisar, a conciencia, la integridad física y moral, de cada uno de ellos. Exhortarlos a que hagan un exámen de conciencia y a pedirles que, al menos una vez en su vida, digan la verdad. Que confiesen si es que han cometido algún pecado, que pueda ser impedimento, para integrarse a la función pública.

Muchos, se guardan presuntos “detallitos”, bajo la tésis de que en el sistema político mexicano, es posible hacer de todo, incluso cosas ilegales, y que nunca pasa nada. Ejemplos de impunidad, abundan. Las historias de personajes, que son unos pillos, y que sin embargo gozan de plena libertad, y de las riquezas mal habidas, alienta a muchos otros a hacer lo mismo.   

Pero, un día, se rompen las reglas y se les cae el mundo encima. Como quien dicen, se les cae la vestimenta y quedan bichis, o bien les “jalan el tapete” y caen estrepitosa y bochornosamente. El caso del Secretario General de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal, y sus socios, en una empresa prestadora de servicios médicos, es ejemplo de ello.

Este, es un asunto especial, pues las investigaciones iniciaron mucho antes de que su amigo el Gobernador los llamara a integrarse a su equipo de gobierno. Subestimaron los hechos y actuaron con negligencia y sobrada soberbia. Seguramente supusieron que ellos no serían la excepción en las reglas de impunidad. Sobre todo, hombres de confianza de Kiko, el gobernador. Faltaba más.

Y, ya ven, les fallaron las suposiciones. Trejo Dozal, contra su voluntad, tuvo que dejar la Secretaría General de Gobierno y hoy, es el fugitivo más importante de Baja California. Sigue pendiente el caso del Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, que retornó a la función pública, hasta que pudo comprobar que efectivamente no se libró orden de aprehensión en su contra. Ingenuamente, piensa que ya está a salvo.

Ahora, toca el turno, a Antonio Valladolid Rodríguez, Secretario de Planeación y Finanzas. Cuatro ciudadanos, encabezados por Rubén Ovando Ulloa, de la llamada Corriente Crítica del PRI, presentaron demanda de juicio político, desde el pasado 9 de abril, procediendo a su ratificación en la misma fecha.

La demanda, cuya copia obra en poder del columnista, está bien estructurada y debidamente fundamentada. Lo acusan, de haber omitido asumir la Sindicatura Social del Ayuntamiento de Tijuana, bajo el simple hecho de que le resultó más atractivo incorporarse al equipo de Kiko. Mejor sueldo y mayor proyección política. Al menos, los dos primeros años,  para luego buscar la candidatura panista a la alcaldía de Tijuana, en el 2016.

Cabe recordar, que el día del evento de toma de posesión de los integrantes del XXI Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, causó confusión y desconcierto, la ausencia, sin causa justificada, de Antonio Valladolid, para asumir la Sindicatura Social.

Entonces, estando en el evento Bernabé Esquer, el suplente, se le invitó para que asumiera el cargo, ante la ausencia del titular. Algo lógico, pero apartado de las normas legales. Sobre todo, porque en ningún momento se justificó la ausencia de Valladolid, y mucho menos su imposibilidad para asumir la Sindicatura Social.

En estricto derecho, podría decirse, que Esquer, está desempeñando un cargo, que no le corresponde. En todo caso, Valladolid debió acudir a tomar posesión, inmediatamente después solicitar licencia para retirarse del cargo, dejando en su lugar a su suplente.

Un conflicto, casi similar, ocurrió con Perla del Socorro Ibarra, que no pudo asumir de inmediato el cargo de Procuradora de Justicia, pues ostentaba el de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Tuvo que cubrirse el protocolo para lograr licencia que le permitiera dejar su posición judicial.

En el caso de Valladolid, le valieron gorro las formas. No se aguantó las ganas de ocupar de inmediato la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas y resultaría absurdo que al mismo tiempo asumiera la Sindicatura Social. Algo absurdo.

Sin embargo, Valladolid, al desdeñar la Sindicatura Social del Ayuntamiento de Tijuana, que seguramente le pareció poca cosa, frente a la de responsable de las finanzas del gobierno estatal, que ya había asumido, y ahora tendrá que enfrentar el juicio político.

El problema para Valladolid, es que no objetó, ni impugnó, la constancia de asignación, que hizo en su favor el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de la Sindicatura Social del XXI Ayuntamiento de Tijuana y por lo tanto estaba obligado a asumir dicho cargo. Al no hacerlo, se está pidiendo que lo enjuicien.

De resolverse procedente, no solamente tendría que dejar la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sino incluso sería inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración Pública y se aniquilarían sus aspiraciones a la Alcaldía de Tijuana.

Estos, son los resultados de la voracidad. Le hizo “fuchi” a la Sindicatura, por parecerle poca cosa y ahora podría pasarle lo que al perro de las dos tortas, que se quede sin la una y sin la otra.