Palco de Prensa: Los “profesionales”.

                                         Por : Gilberto LAVENANT

Cuando salen a relucir las diversas formas utilizadas por políticos para obtener ingresos indebidos durante el desempeño de cargos en la administración pública, suele suponerse que se trata de individuos ingeniosos, creativos, habilidosos.

No, nada de eso. Ellos, lo único que aportan es su “comprensión” y aceptación de las propuestas que les hacen, individuos sumamente peligrosos, que se han “especializado” en todo tipo de trámites o maquinaciones, para realizar negociaciones deslumbrantes, tras las cuales ocultan acciones fraudulentas.

Se podría decir que son “profesionales” de la corrupción, que han logrado crear modelos para realizar ambiciosos proyectos de obras diversas, tales como pavimentaciones o electrificación, por citar un par de ellas, o bien ofrecen servicios de asesoría para lograr financiamientos, para reestructurarlos, o conseguir fondos federales especiales.

Constantemente recorren el país, en busca de incautos, o de políticos proclives a la corrupción, a los que les ofrecen excelentes ganancias, a cambio de un porcentaje del monto o valor del proyecto, conocidos comúnmente como “moches” o “diezmos”, aunque recientemente ha trascendido que el porcentaje se ha elevado del 20 al 35%.

En algunos casos, además del porcentaje del monto de la inversión, exigen la contratación de una constructora de sus afines, o despacho u oficina prestadora de servicios de asesoría, con lo que logran mayores ingresos.

Estos “profesionales”, dicen ser cercanos colaboradores de diputados federales, Secretarios, Subsecretarios de determinada dependencia federal, o Directores de instituciones paraestatales, y manejan una logística sofisticada. Directamente o a través de intermediarios, hacen contacto con gobernadores o alcaldes,  a quienes les presentan sus diversos programas.

La mayoría de los funcionarios, cede, ante la posibilidad de adquirir recursos especiales para la administración que representan, y que de paso a ellos les habrán de redituar cuantiosas utilidades. Por algo dicen que la política, es una de las actividades más “rentables”. Es algo así como una fábrica de millonarios.

El papel que les corresponde desempeñar, a los funcionarios que acceden a tales propuestas, es lograr las autorizaciones necesarias para llevar a cabo estas maniobras, en gran parte ilegales, como si fuesen algo natural y legal.

Por ejemplo, ese modelo de celebrar contratos de arrendamiento, en lugar de compra-venta, respecto a objetos que no son propiamente susceptibles del simple uso y goce temporal de los mismos, como en el caso de las luminarias de Tijuana, es una de las modalidades a que recurren para burlar mecanismos formales que parecen casi infranqueables o con mayores riesgos, como el solicitar la aprobación de las legislaturas estatales.

La penuria económica de las administraciones municipales o estatales, es otro de los factores que propician este tipo de maniobras. Lo mismo puede decirse del enorme cúmulo de necesidades sociales sin atender.

En los casos, aparentemente positivos, los funcionarios pretenden trascender y por ello tratan de conseguir recursos económicos, para hacer obras espectaculares o elementales, que en condiciones normales no podrían llevar a cabo.

Las enormes deudas que arrastran la mayoría de las administraciones estatales, al igual que muchas municipales, como es el caso de las de Baja California, tienen su origen precisamente en este tipo de situaciones. En todas ellas, la codicia de los políticos y sus aspiraciones por lograr otras posiciones, han sido el factor común que les ha llevado a generar deudas prácticamente impagables.   

Cabe observar que el “merito” no es exclusivo de alcaldes o gobernadores, sino también de regidores y diputados locales, así como de Síndicos Procuradores o Controladores Estatales, cuya función es vigilar el respeto de las normas jurídicas, así como observar el buen uso y destino adecuado de los recursos públicos.

Unos y otros, se concretan a solamente “levantar la mano” y a “taparse los ojos”, para aprobar cuanta propuesta les plantea el alcalde o gobernador, y para disimular que no saben, que muchos de los proyectos que aprueban o soslayan, son de uso y destino dudoso.

Por su parte, los “gestores”, “promotores” o “mediadores” de proyectos de relumbrón, engañosos, tramposos, van generando “escuela”, mostrando a los políticos formas y estilos de saquear las arcas públicas.

Esta es una red amplísima de simuladores, defraudadores y corruptos, que están llevando a la quiebra a los gobiernos municipales y estatales del país. Igual o más nociva que las bandas del crimen organizado.

Las consecuencias son catastróficas, en un sistema político en el que corrupción e impunidad van de la mano, pues al agotarse los recursos públicos, en parte por el saqueo descarado, o por los altos intereses de los adeudos generados, los servicios públicos cada día son más deficientes y las necesidades sociales se agudizan.

Los casos de corrupción, son constantes y numerosos. Pero muchos de ellos ni siquiera alcanzan a ser materia de una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia. Las que llegan a serlo, terminan siendo archivadas. Las que trascienden a los tribunales penales, concluyen con la absolución de los protagonistas. Pregunten en los reclusorios, cuántos políticos corruptos tienen de huéspedes y sabrán que ninguno.