Palco de Prensa: Las cosas públicas.

                                              Por : Gilberto LAVENANT

Hay personas, que no entienden, y por lo tanto se niegan a reconocer, que cuando ostentan un cargo público, son personas públicas, o sea, que lo que hacen o dicen, es de interés general. Que no pueden tratar de deslindarse, del cargo que ostentan, y lo que ello implica, argumentando que, lo que dicen o hacen, es como simples ciudadanos. Absurdo.

Esta confusión, o mal entendido, ocasiona que muchos individuos, estando en la función pública, hagan, digan o reaccionen, como lo harían siendo ciudadanos. Como Juan Pueblo, su conducta, solamente interesa y afecta, su entorno personal. Como funcionario, su comportamiento, se acentúa y destaca, precisamente por la relevancia o nivel del cargo que ostenta.

Como persona, cada quien resuelve o determina, si ante un agravio, de cualquier naturaleza, reacciona y reclama, o simplemente se aguanta el coraje e incluso se conforma con una simple solicitud de disculpa, de parte del agresor.

Pero, como funcionario público, el agravio no afecta solamente a la persona, sino al cargo que ostenta. En tal caso, no cabe la simple disculpa, porque se está afectando al puesto público, que merece respeto, y, de resultar procedente, se deben hacer las reclamaciones legales correspondientes.

El viernes 28 de febrero, el Alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, sorprendió a muchos, cuando reveló que desde que inició su gestión administrativa, empezó a ser hostigado, por el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, dos de los colaboradores de este, e incluso el hermano de dicho funcionario, el empresario de las carteleras publicitarias, Miguel Ledezma.

Señaló, que tales individuos, le exigían el 50% de todos los negocios ilícitos, que habitualmente se manejan en el municipio. “Hasta manejaron una cifra mágica : que en una administración municipal, se manejan hasta 80 millones de dólares, de corrupción”, apuntó.

Franco, como es en su forma de hablar, el primer edil manifestó que tenía información extraoficial, de los cobros ilegales en áreas como administración urbana y alcoholes, antes de asumir como alcalde. “Yo realmente pensaba que eran historias, que eran cuentos, pero es una realidad”.

Tales revelaciones, desataron un escándalo político. Se daba como un hecho, que el Alcalde denunciaría tales hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado y que más de uno, de los presuntos chantajistas, sin duda alguna, irían a parar a la cárcel.

No se duda, que Astiazarán estaba hablando con la verdad. Que efectivamente había sido hostigado en tales términos y que el intento de chantaje o extorsión, realmente ocurrió. Que no lo estaba inventando.

Sin embargo, todo quedó en entredicho, cuando se supo que el Alcalde no tenía intenciones de hacer una denuncia formal, respecto a tales hechos. Con todo y que insistió en externar tal malestar, al ser cuestionado por los periodistas, cuando el Síndico Procurador declaró que Astiazarán debería probar su dicho o retractarse y limpiar el nombre de los Ledezma. La respuesta del primer edil, fue contundente : “lo digo y lo sostengo”.

Sin embargo, al cuestionarle sobre la fecha de presentación de la denuncia, salió con que ya lo había hecho públicamente y que, por lo tanto, la Procuraduría de Justicia debería de iniciar de oficio la indagatoria. Acosados por los periodistas, funcionarios de tal institución, observaron que no actuarían de oficio.

Total, pasaron los días, y al Dr. Astiazarán también se le pasó el coraje que lo hizo estallar, se empezaron a suavizar las cosas con los Ledezma, y se convino, según parece, en darle “carpetazo” al asunto. Incluso, ante la gravedad de tales hechos, se constituyó una comisión especial, por parte de los regidores, pero también con una evidente intención de aminorar la tensión, darle largas al asunto, hasta que se diluyera y olvidara.

Sin embargo, tratándose de cosas públicas, sumamente graves, esto no podía terminar, por meros convenios entre los protagonistas. Cual si hubiesen sido, agravios personales. Esto, no es tan sencillo. El Dr. Astiazarán, según lo denunció, fue víctima de presunto chantaje o extorsión, como Alcalde de Tijuana, no como un simple ciudadano. Por lo tanto, no le asiste derecho alguno, para omitir el reclamo.

No menos grave, lo fue el supuesto de que le exigían el 50% de los ingresos indebidos del gobierno municipal, estimados en 80 millones de dólares. Esto, por sí solo, obligaba a acudir a las instancias de procuración de justicia, para reclamar que se iniciara la indagatoria correspondiente, pues, de no hacerlo, quedaría la duda, casi la certeza, de que la corrupción, en el gobierno de Tijuana, es un fructífero negocio para quienes la ejercen.

Como el Alcalde, no se decidía a denunciar  tales hechos, y los supuestos chantajistas, tampoco reclamaron la presunta comisión de delitos de calumnia y difamación, en agravio de ellos, un tercero, como simple ciudadano, decidió “darles una manita”, presentando denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

Ese tercero, es el C.P. Alberto Escourido, coordinador fundador del Grupo 100 por Tijuana, A.C., quien este martes, a las 10:00 de la mañana, dará una conferencia de prensa, frente a la entrada principal del Palacio Municipal, colindante con el Parque Benito Juárez, en torno a la indagatoria sobre tal escándalo político. Al evento, está invitando a representantes de agrupaciones civiles, interesadas en exigir que tales hechos sean aclarados. Porque son cosas públicas, no agravios entre particulares.