Por : Gilberto LAVENANT
El escándalo político, suscitado
al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre el Alcalde, Jorge
Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, por presunto
chantaje o extorsión en contra del edil, reclamando el 50% de los supuestos ingresos
indebidos del gobierno municipal, contra la voluntad de ambos, que
evidentemente ya habían pactado dejar las cosas por la paz, será ventilado en
el terreno penal.
El pasado viernes, 14 de marzo,
del año en curso, el C.P. Alberto Escourido Moreno, Presidente fundador del Grupo
100 por Tijuana, A.C., presentó el escrito de denuncia ante la Agencia
Especializada de Delitos Patrimoniales, de la Procuraduría de Justicia del
Estado, siendo registrada bajo expediente número 750/14/2011/ac.
La denuncia, fue por la presunta
comisión del delito de chantaje, en grado de tentativa, en perjuicio del Alcalde
Jorge Astiazarán Orcí, y en contra de quien resulte responsable de los delitos
que se configuren durante la indagatoria. Por lo tanto, les guste o no, ambos
personajes serán llamados a declarar ante el Ministerio Público, en torno a
este escándalo político.
El columnista, ayer logró charlar
brevemente con el denunciante, quien manifestó que lo hizo como ciudadano común
y corriente, preocupado por los graves señalamientos hechos por el Alcalde
Astiazarán y al considerar que el propio edil debió haber hecho la denuncia ante
las autoridades competentes.
Preocupa, indicó, que el propio
Alcalde haya dicho que se le exigía el 50% de 80 millones de dólares, que
supuestamente suman los ingresos indebidos que obtiene el Ayuntamiento, y que
no obstante la gravedad, Astiazarán no mostró interés de hacer una denuncia
formal ante el Ministerio Público.
Igualmente, observó que es
preocupante, que se hable de ingresos indebidos por 80 millones de dólares.
Incluso, se habla de que hubo intentos de negociación entre las partes, en
cuanto al porcentaje exigido, hasta que el Síndico Procurador suspendió provisionalmente
a funcionarios del área de obras públicas e incluso al Secretario General de
Gobierno, Bernardo Padilla.
Se recuerda, que el viernes 28 de
febrero del 2014, Astiazarán sorprendió a todos los periodistas presentes en
una conferencia de prensa, cuando súbitamente reveló que dese el inicio de su
gestión como Alcalde, empezó a ser objeto de hostigamientos, de parte de colaboradores del Síndico Procurador.
“Querían participación del 50% de
todos los negocios ilícitos que habitualmente se manejan en el municipio. Hasta
manejaron una cifra mágica : que en una administración municipal se manejan
hasta 80 millones de dólares, de corrupción”, señaló Astiazarán.
También reveló, que tenía información
extraoficial de los cobros ilegales, en administración urbana y alcoholes,
antes de asumir la alcaldía, y confesó : “yo realmente pensaba que eran
historias, que eran cuentos, pero es una realidad”.
A esto añadió, que elementos de
Sindicatura acudieron al área de Desarrollo Urbano, indicando que tenían
compromisos con ciertas constructoras y que era importante que las tomaran en
cuenta. Incluso, que se acercaron con un mando de la policía, a manifestarle
que querían un sobre, por semana, de participaciones, respecto a los ingresos
ilegales.
El Alcalde comentó que no era
iluso, que la corrupción no se va a acabar de la noche a la mañana, pero que
sin embargo, sí se puede acotar. Sin embargo, reconoció que no tenía pruebas
para fundamentar su denuncia. “Es mi palabra, contra la de él”, diría.
Entonces, el Síndico Procurador,
emitió comunicado dando a conocer que había aceptado las renuncias de sus
colaboradores, Guardado y Salazar, pero retó públicamente al Alcalde Astiazarán,
para que le probara las denuncias hechas en su contra, o que rectificara y
limpiara el nombre de la familia Ledezma.
Esto dió lugar a una nueva
entrevista. Los periodistas trataron de conocer la respuesta de Astiazarán al
reto del Síndico. Entonces, de manera tajante, el Alcalde respondió : “lo digo
y lo sostengo”. Sin embargo, al preguntarle si haría alguna denuncia formal,
dijo que no era necesario, que ya lo había hecho público y que el presunto delito
es de los que se siguen de oficio.
De pronto, la procuraduría de
Justicia se vió acosada por decenas de periodistas, que insistían en saber si de
oficio se abriría una investigación, como lo dijo el Alcalde. Se dijo que los
presuntos delitos denunciados, eran en contra del honor de las personas y que se
requería una denuncia formal. Esto fue el miércoles 5 de marzo. Tratando de “apagar”
el conflicto, se designó una comisión del cabildo para investigar este asunto,
aunque evidentemente se trataba de diluir la tensión y darle “carpetazo” al
asunto.
Sin embargo, el Presidente
fundador del Grupo 100 por Tijuana, A.C., Alberto Escourido Moreno, al
considerar que este asunto no debería quedar en meros señalamientos o
acusaciones medíaticas, dada la gravedad de lo denunciado por Astiazarán,
decidió presentar la denuncia formal de los hechos ante el Ministerio Público,
el cuál le dió entrada y en los próximos días deberá citar a declarar, tanto al
Alcalde Astiazarán, como al Síndico Procurador, para que aclaren y precisen el
presunto chantaje o extorsión.
Contra su voluntad, les guste o
no les guste, ambos funcionarios serán puestos contra la pared, para que precisen
los hechos relativo a los presuntos delitos, o “callen para siempre”. De
antemano se advierte que esto revivirá el escándalo político y que los
periodistas estarán a la expectativa, en espera de tronantes declaraciones. Sin embargo, hay quienes advierten que todo
quedará a nivel mediático, en disculpas mútuas y en “un abrazo de amigos”.
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