Por : Gilberto LAVENANT
Hasta hace poco, los políticos ocupaban el último lugar en grado de confianza, o bien el primero en corrupción. Durante los primeros meses de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, los justicieros, o sea los encargados de administrar o impartir justicia, ya le pelean el primer puesto a los políticos.
Y es que durante el 2013, se ha generalizado la decepción de los mexicanos en el gobierno federal, por el trato “generoso” que se ha dado, tanto a criminales como a políticos corruptos.
En Enero del presente año, liberaron a la francesa Florence Cassez, que había sido acusada de secuestro y condenada a 60 años de cárcel. Podría decirse que el gobierno de Francia presionó demasiado, las relaciones diplomáticas estaban prácticamente estancadas, a punto del rompimiento. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decretó su libertad, argumentando fallas en el debido proceso.
El pasado 31 de julio, después de haber estado 16 años en prisión, un juez federal exhonera a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos y ordena le regresen sus bienes asegurados en 1996 y que se descongelen las cuentas bancarias.
Días después, el 9 de agosto, después de 28 años en prisión, purgando una condena de 40 años, es liberado el narcotraficante Rafael Caro Quintero, bajo el supuesto de que fue juzgado por un tribunal federal y que correspondía a uno del fuero común.
Esto molestó al gobierno de Estados Unidos, que no pierde las esperanzas de procesarlo por delitos federales en territorio norteamericano. La liberación del llamado “capo de capos”, enfrió las relaciones entre autoridades estadounidenses y mexicanas. Ahí andan, tratando de localizarlo para recapturarlo y extraditarlo. ¿Y el Chapo?
Un día después de la liberación de Caro Quintero, el 10 agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, revoca la sentencia de 38 años, dictada en contra del presunto asesino de una reportera de Proceso. Lo liberan, dizque porque no hubo orden de aprehensión y fue torturado.
A fines de agosto, fue deportada a México Sandra Avila Beltrán, conocida como la “Reina del Pacífico”, luego de 70 meses de estar en prisión en estados Unidos, ligada con el narcotráfico. La PGR decía que aquí no debía nada. Las críticas y señalamientos que generó dicho posicionamiento, los obligó a detenerla y encerrarla en una prisión de máxima seguridad. Se dice que será liberada, una vez que se “enfríe” el asunto.
Aún cuando las liberaciones y exoneraciones, fueron decretadas por funcionarios del Poder Judicial, ajeno al ejecutivo federal, muchos mexicanos responsabilizan al Presidente Peña nieto de tales absurdos.
Uno de los pocos puntos a favor del gobierno federal mexicano, fue la detención de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, el pasado 26 de febrero, en el aeropuerto de Toluca.
La Procuraduría General de la República, presumió la detención de quien parecía intocable. La acusó de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Se dijo que había malversado fondos del SNTE, por más de 2 mil millones de pesos.
Una vez que los jueces federales empezaron a “regalar” autos de soltura, se daba casi como un hecho que en cualquier momento la Gordillo saldría de prisión. Incluso, había quienes aseguraban que ya estaba en libertad, refugiada en su casa, en San Diego, California.
Lo que era evidente, es que quien fuese una de las políticas más poderosas en México, que negoció con los presidentes panistas, Vicente Fox y Calderón, fue detenida casi al mismo tiempo que se anunciaba la reforma educativa que hoy tanta polémica ha generado.
Bueno, lo cierto es que el SNTE, la organización que prácticamente era propiedad de Elba Esther, fue “domesticado”, pero el panorama nacional fue acaparado por la CNTE, la organización disidente.
Ayer, casi se confirmó que la detención e inminente próxima liberación de Elba Esther Gordillo, ya está pactada. Un juez federal le concedió el amparo contra el auto de formal prisión, supuestamente por existir deficiencias en la integración de la averiguación previa. La PGR tiene 10 días para inconformarse y hacer valer recurso de revisión. Si no lo interpone, en unos 10 días saldría libre. De interponerlo, dentro de 3 meses podría recuperar su libertad, según su abogado.
Esto ya parece una vacilada. Los detienen, hacen un “show” y meses o años después los juzgadores los ponen en libertad, por fallas en el procedimiento. ¿De qué se trata?
Lo preocupante es que, luego de la detención de Elba Esther, se presumía que caerían otros “peces gordos”, como el líder de los petroleros, Romero Deschamps. Pero nada pasa, siguen disfrutando su poderío, el sistema político los continúa protegiendo, la corrupción está en todo su apogeo y todavía el Presidente Enrique Peña Nieto, pretende que le crean que con él, habrá cambios profundos.
En el caso de la Gordillo, todo indica que ya la despojaron del mando y control del SNTE, así como del PANAL, a su hija, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, la acaban de correr de la Secretaría General, pero nadie ha dicho nada respecto a reclamarle y obligarla a regresar el dinero del sindicato magisterial. Con esos “milloncitos”, ni necesidad tendrá de regresar a su chamba de docente. No cabe duda que la justicia mexicana está sumamente devaluada. Cuánto tienes, cuánto vales. Todo tiene un precio.
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