Nancy G. Sánchez Arredondo
““...Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo...” Javier Sicilia.
Recién concluyó la administración de Felipe Calderón, con cifras de ejecutados y desaparecidos derivada de la guerra contra las drogas, que oscilaban entre los 60 a 70 mil muertos, aunque hay quienes aseguran supera los 100 mil.
Un amplio sector de la sociedad, desgarrada por la lista innumerable de muertes de gente inocente, reclamaba justicia; reclamaba se honrara su memoria con actos contundentes a los que la autoridad está obligada.
Pedían, simplemente, Justicia.
A lo largo y ancho de nuestro país, se conocían casos dantescos de eventos victimizantes donde civiles perdieron la vida, se conocían historias de personas adultas, estudiantes y menores.
Los eventos que dieron cuenta los diarios, eran unos relacionados con crímenes de bandas delictivas, otros porque civiles se encontraban en el día y la hora equivocada y otros más, por actos donde directamente las autoridades de seguridad pública o castrense eran cómplices o partícipes.
La sociedad organizada luchaba por justicia, encabezada por un hombre, Javier Sicilia de suave palabra y valor inquebrantable, quien pedía al gobierno de Calderón promulgara el marco jurídico que respondiera a todos estos agravios cometidos contra la sociedad.
De ahí nació la Ley General de Víctimas, presentada por los diputados de todas las fracciones, y que Felipe Calderón detuviera por medio de controversia constitucional, misma a la cual se desistió y fue retirada por Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre, en sus primeras acciones de gobierno.
La Ley General de Víctimas fue reformada en mayo del presente año y dentro de sus ordenamientos se establece que los estados deberán contar con su marco jurídico en materia de Víctimas.
Este miércoles fue aprobada por mayoría la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California, misma que fue presentada por su servidora el pasado 26 de febrero.
De no ser vetada por el Ejecutivo, nos convertiría junto con Guerrero y Monterrey en los pocos estados en contar con este ordenamiento que da respuesta a uno de los mayores reclamos de la sociedad afectada por el clima de violencia y agravio a los derechos humanos que priva en todo nuestro país, y de acuerdo a especialistas en la materia, en la Ley de Víctimas más completa y avanzada.
Es pues con este logro legislativo, que damos respuesta al ordenamiento del marco jurídico federal, así como al compromiso con la sociedad que ha sufrido hechos victimizantes y que no han obtenido la justicia tan anhelada.
Es momento que la sociedad en su conjunto, asegure que por ningún motivo, este logro sea una iniciativa más vetada por el Ejecutivo.
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