Palco de Prensa: La masacre del penal.

                                           Por : Gilberto LAVENANT

Una de las páginas más negras de Baja California, y en especial de la gestión administrativa del gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, que está por concluir, fue la masacre registrada en septiembre del 2008 en la Penitenciaria del Estado, en La Mesa de Tijuana.

Se dice que hubo más de 30 muertos. Pese a la gravedad de los hechos, nunca se supo la verdad de esta tragedia. Nunca ha habido un informe oficial que precise causas y consecuencias, ni mucho menos responsables directos e indirectos.

La periodista Rosario Mosso Castro, hizo un amplio reportaje al respecto, titulado “La Matanza de La Mesa”, publicado en la edición del 19 de septiembre de ese año en el Semanario Zeta y reproducido en la revista Proceso de 22 de septiembre del 2008.

De entrada, la periodista señala que “Los motines del 14 y el 17 de septiembre en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, sólo confirmaron el control que ejercían Los Sureños, Los Paisas y Los Shalomes, quienes se enfrentaron por el mercado interno de las drogas”.

Destacó que : “Las pésimas condiciones de los reclusos y la reacción tardía de los funcionarios -sospechosamente ineficaz- atizaron una batalla, confusa en sus detalles, que provocó más de 30 asesinados a fuego y cuchillo”.

El saldo, fue dramático : “Más de 30 muertos y un Cereso destruido”, por lo que la periodista advirtió que era : “un saldo inadmisible para un Secretario de Seguridad Pública del Estado. Sobre todo si un motín era la amenaza latente ante el hacinamiento y la corrupción de carceleros”.

Daniel de la Rosa Anaya, titular de la SSPE,, protagonista principal, sin haber estado al interior del penal, pero cuya ineptitud no le permitió prevenir e intentar evitar tales hechos tan delicados.

Durante varios días, las instalaciones del penal estuvieron resguardadas por elementos de seguridad pública. Nadie, salvo las autoridades estatales, podían acceder al interior del centro de reclusión.Solamente ellos pudieron percatarse del dantesco espectáculo.

Cuerpos mutilados, acribillados a mansalva, algunos con la cabeza destrozada, regados por doquier. En el patio, encendieron una hoguera con colchones, escombros y cobijas, a la que lanzaron algunos de los cadáveres. La identidad de muchos de ellos nunca se conoció con certeza. Simplemente se les declaró como “desaparecidos”, a la hora del pase de lista.

Viene al caso comentar esto, por varias razones elementales. La primera, que en los últimos días se ha venido rumorando que el responsable de esta masacre, Daniel de la Rosa Anaya, desde entonces Secretario de Seguridad Pública Estatal, uno de los “muchachitos consentidos” de Osuna Millán, aspira a ocupar la Procuraduría de Justicia del Estado, que ostenta, con pésimos resultados, Rommel Moreno Manjarrez.

Daniel ha de suponer que los bajacalifornianos tienen mala memoria y que ya olvidaron la masacre del Penal de La Mesa. Que ya olvidaron que fue el culpable de la misma, por no preveerla y por lo tanto por no intentar siquiera el evitar que ocurriera. La ineptitud oficial, fue más que evidente.

Esto aunado a las atrocidades de la PEP, la Policía Estatal Preventiva, que depende precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo, aún, de De la Rosa Anaya. Recientemente aparecieron mantas, colocadas en puentes de la entidad, en las que se reclamaba los atropellos de dicha corporación.

Otra cuestión, que no obstante la gravedad de los hechos, pocos conocieron realmente las condiciones en que quedaron los cuerpos de quienes perdieron la vida en esos motines. Bueno, al menos de aquellos que no fueron incinerados.     

El día de ayer, el columnista recibió, vía correo electrónico, un documento de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado, a cargo de la Dra. Guadalupe Licea Castellanos, fechado el miércoles 17 de septiembre del 2008.

Contiene la descripción de 17 cuerpos. 16 de ellos no identificados. La media filiación de cada uno de ellos, las señas particulares, les lesiones visibles y fotografías que muestran la gravedad de las mismas. Algunas, heridas cortantes en forma lineal, otras, orificios de bala en cuerpos y rostros, y varios con la cabeza despedazada  con algún objeto contundente, desprendimiento de la tapa superior de la cabeza. Toda ellas, evidencias claras de la batalla desatada al interior del penal. Más que dramáticas. Casi espeluznantes.

Para quienes puedan observarlas, no debe quedar duda que en tales hechos, las autoridades estatales actuaron con negligencia y deliberada intención de encubrir la masacre y el origen o causas de la misma. Que al menos dos de los funcionarios responsables de tales hechos, por el cargo que ostentaban y ostentan aún, Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública Estatal, y Rommel Moreno Manjarrez, Procurador de Justicia, debieron ser cesados y procesados por ello.

Un amplio informe sobre dicha masacre, debiera estar agregado a los expedientes de dichos funcionarios estatales, que han vivido bajo la tutela del gobernador Osuna Millán, al igual que otros, entre ellos el Titular de la Secretaría de Trabajo, Renato Sandoval Franco, quienes quisieran vivir del presupuesto estatal, durante la gestión del gobernador electo, Francisco Vega de la Madrid. Como si los bajacalifornianos no conocieran sus historias.   

Hace 5 años de aquella masacre. Aún hay muchas constancias para acreditar responsabilidades. Las acciones penales, por los delitos en que se incurrió, aún no prescriben. Una mancha más, de las más grandes, de la administración del gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán.