Lo detuvieron cuando iba a tramitar su residencia en San Diego, California.
Benazir Sara Chavolla fue
empujada desde una camioneta en el centro de Tijuana. El sospechoso, Fernando
Emmanuel Valencia, sobrino político de Adrián Humberto Murillo, consejero de la
Judicatura, fue liberado y al parecer huyó a EU.
Se trata de Fernando Emmanuel Valencia Pérez, el cual tenía orden de aprehensión y por eso huyó a los Estados Unidos, anunció esta tarde el Subprocurador de Justicia en Tijuana, Ricardo Salas Bravo.
En conferencia de prensa explicó al criminal lo detuvieron cuando iba a tramitar su residencia en San Diego, California.
La madre de la víctima, Sara Ruiz Meza fue candidata a diputada luego de que por varios meses ella junto con su esposo protestaron durate varios meses para exigir al entonces gobernador Eugenio Elordy Walther y al procurador Antonio W. Martínez Luna esclarecer el caso y detener a los culpables.
Antecedentes del caso
El 7 de diciembre de 2005, Benazir llamó por teléfono a sus padres para avisar que estaba a seis cuadras de su casa. El tiempo de llegada no rebasaría los 10 minutos, pero la espera se extendió a dos horas. Una llamada cambió la vida del matrimonio Chavolla: “Su hija fue arrojada desde un auto en movimiento en el centro de Tijuana, Baja California. Está en coma”, les informaron. Seis días después la joven murió y luego de meses de investigación, con pruebas contundentes y una orden de aprehensión, el culpable está prófugo. La razón, dicen Elena y Manuel: tráfico de influencias. “Sólo pedimos justicia. Nuestra lucha se va a detener hasta que las autoridades cumplan con lo que tienen que cumplir”. Incluso, dicen, presentarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Benazir Sara Chavolla Ruiz tenía 15 años; cursaba el primer semestre de preparatoria y el 8 de diciembre de 2005 participaría en una exposición de trabajos escolares en el Palacio Municipal de Tijuana. Un día antes, fue a montar el stand; a las 6:30 de la tarde llamó a su casa para que pasaran por ella.
—Espérame 15 minutos —le dijo su padre.
—Mejor me voy sola y en cinco minutos llego —contestó ella.
Esa fue la última vez que Manuel escuchó su voz. El próximo encuentro fue en un cuarto de hospital: ella, con fracturas en el cráneo y diversos golpes en el cuerpo, en estado de coma; los padres, destrozados. “Pero sí escuchaba”, dice Elena, la madre. “Cuando le hablé le brotaron lágrimas”. Sus signos vitales eran bajos. “Su presión era de 40/10”, relata Manuel. Sobrevivió así dos días; al tercero le diagnosticaron muerte cerebral y falleció el 13 de diciembre.
Un taxista y una pasajera vieron cuando Benazir fue empujada desde una camioneta Pathfinder roja por un joven delgado, de camisa blanca y gorro de estambre amarillo en el centro de Tijuana, en la avenida Centenario, a 11 kilómetros de su domicilio. Los paramédicos la encontraron atada de pies y manos con cinturones de plástico y la pantaleta a media rodilla. Los exámenes arrojaron que hubo intento de violación, además de golpes.
Ese mismo día se inició la averiguación previa 8689/05/211/AP en la agencia del Ministerio Público Iniciadora-Conciliadora, que fue enviada para su integración a la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos (UOHD), en Tijuana.
Elena comenzó a investigar por su cuenta. Preguntó a sus vecinos, a los vendedores de los alrededores, por una camioneta que el testigo describió. Alguien recordó que a sólo unas cuadras de la casa de Benazir, un joven manejaba siempre a alta velocidad una camioneta así, pero extrañamente desde hacía unos días lo veía pasar a pie. Información que Elena dirigió al titular de la UOHD , Jesús Quiñonez Márquez.
El sospechoso fue Fernando Emmanuel Valencia Pérez, El Backstreet, de 21 años, e incautaron su camioneta. En ella encontraron cinco cabellos, a los que se les hizo exámenes microscópicos y resultaron iguales en 17 de las 18 comparativas con los de Benazir. Ésa fue la evidencia con la que comenzó la averiguación. Después de catear la casa del indiciado, la policía encontró cinturones de plástico iguales a los que usaron para amagar a la joven, y gorros de estambre, entre ellos, uno amarillo.
La noche en que la familia velaba a Benazir, Elena recibió la llamada de la subprocuradora de Tijuana, María Teresa de Jesús Valadez Morales, para avisarle que estaba cumpliendo su palabra de encontrar al responsable. “El caso estaba resuelto. Ya tenemos al culpable confeso”. Con esa afirmación, los Chavolla decidieron cumplir la decisión de cremar el cuerpo de su hija.
Tráfico de influencias
Lo que parecía un caso resuelto rápidamente por la eficiencia de las autoridades, se convirtió una muestra de impunidad y tráfico de influencias, asevera Manuel.
Pese a las pruebas recabadas, Fernando Valencia quedó en libertad mediante un amparo y, según indagatorias de la familia Chavolla, escapó hacia Estados Unidos.
“Tiempo después nos enteramos de que el muchacho es sobrino de Claudia Valencia, asesora de Héctor Magaña Mosqueda, director de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra del Estado (Corette), y esposa de Adrián Humberto Murillo González, consejero de la Judicatura de Baja California”.
A partir de eso, el caso toma un rumbo distinto. “En los próximos seis meses tratan de voltearnos el caso. La subprocuradora Valadez llegó a insinuarme que el culpable probablemente estaba en nuestra familia, sin ninguna prueba que lo sustentara. Incluso dijeron que mi hija se prostituía, que consumía drogas, alcohol. Todo con tal de encubrir al sospechoso”.
—¿Qué les dijeron de los cabellos encontrados?
El procurador del estado, Antonio Wenceslao Martínez Luna, dijo que una de cada 500 personas tenía el mismo tipo de cabello y que por tal motivo no era prueba suficiente. Entonces, el muchacho tuvo la suerte de encontrarse con la otra 500, a parte de mi hija; además de que su vehículo coincidía con las características desde el cual aventaron a mi hija.
Por presión de los padres, el procurador dio la orden de enviar la evidencia al departamento de policía de San Diego, sección forense, para el análisis de ADN. El 27 de marzo de 2006, el reporte arrojó que de uno de los tres cabellos examinados “es muy probable la fuente de ADN (Benazir Chavolla), pues las probabilidades aproximadas de que una persona escogida al azar posea las mismas características de ADN como de la evidencia son: uno en 250 quintillones de la población caucásica de Estados Unidos, uno en 7.9 septillones en la población afroamericana, uno en 290 quintillones en la población hispana. En dos cabellos más no se recuperaron niveles de ADN”.
En abril de 2006, la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación en la que señala las omisiones cometidas en la integración de la averiguación previa, pues, incluso, en el expediente no se añade el interrogatorio hecho a Fernando Valencia, y en cambio sólo existe una bitácora de sus actividades del día 7 de diciembre de 2005, un día previo y el posterior; ni tampoco existe investigación con el segundo testigo (la pasajera del taxi).
Pese a la evidencia, en mayo de 2006 todavía no había consignación y el 30 de ese mes, la señora Elena comenzó una huelga de hambre que concluyó el 7 de junio de 2006. Finalmente, por presión del Congreso de Baja California, el juzgado tercero de lo penal del Poder Judicial del estado de Baja California, cuyo titular es el juez Ramón Donaciano Ruiz González, dictó la orden de aprehensión contra Fernando Valencia el 13 de julio de 2006 por el delito de homicidio calificado.
Sin embargo, Valencia continúa prófugo. A la fecha, la procuraduría del estado asegura haber mandado oficios a todo el país para la captura del joven, “pero cuando pido que me los muestren, argumentan que sólo han hecho el aviso por teléfono”, dice Manuel.
Elena se cuestiona: “¿Cómo es posible que las propias autoridades que nos deben de servir, hagan todo lo contrario?”
“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrar la justicia. Mientras sigamos pasivos, las autoridades van a seguir haciendo lo mismo que con nosotros. Que la sociedad vea que no lo debemos permitir. No podremos recuperar a nuestra hija, pero sí pondremos nuestro grano de arena para evitar la impunidad”, concluyó Manuel. FUENTE MILENIO
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